Calvo descarta una alternativa jurídica a partir del 10 de mayo

El Gobierno descarta reformas legislativas para que las comunidades autónomas puedan hacer frente a la pandemia de coronavirus a partir del 10 de mayo, cuando decaerá, salvo decisión en contra de última hora, el actual estado de alarma. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, defendió ayer que las autonomías disponen ya de «instrumentos» suficientes a su alcance para manejar las situaciones venideras. Además, el Consejo Interterritorial de Salud –cuyas decisiones son de obligado cumplimiento– deberá complementar este conjunto normativo. «Tenemos una legislación sanitaria que nos permite muchas respuestas en emergencias sanitarias, en emergencia de pandemia... No hay que modificar ni añadir nada para abordar el 10 de mayo», insistió durante una visita a Mérida.

Uno de esos instrumentos sería la ley orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que en su artículo 3 establece que «con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible». En esa y otras normas se apoyaron varias comunidades para decretar cierres perimetrales entre septiembre y octubre del pasado año, tras el estallido de la segunda ola de la Covid. Pero las respuestas de los tribunales de Justicia a esas medidas limitativas de derechos fundamentales fueron desiguales y fue eso, precisamente, lo que llevó al Gobierno a recurrir de nuevo en diciembre al estado de alarma con un esquema de «cogobernanza».

La contundencia con la que Calvo descarta ahora una alternativa jurídica al marco de excepcionalidad constitucional en el que España ha vivido, de manera interrumpida, nueve meses, contrasta con lo que ella misma planteó en mayo del año pasado, cuando aseguró que el Ejecutivo estudiaría modificaciones legales. Un plan B jurídico que acordó con Ciudadanos y Esquerra para obtener la autorización del Congreso a prorrogar el estado de alarma hasta el final de la desescalada y que la comisión de reconstrucción avaló en julio para afrontar futuros rebrotes. Pero la Abogacía del Estado consideró que esta reforma legal no era conveniente y que incluso podría considerarse de dudosa constitucionalidad utilizar legislación ordinaria para restringir derechos fundamentales, como el de reunión.

El PP, por el contrario, considera que sí es necesaria una legislación específica y alternativa al estado de alarma. Los populares llevan casi un año reclamando la reforma de dos viejas leyes orgánicas –la de Medidas Especiales de Salud Pública y la que regula la jurisdicción contencioso-administrativa– para crear un paraguas jurídico consistente con el que las comunidades puedan adoptar medidas restrictivas sin autorización judicial.