Caen tres furtivos que metieron 300 kilos de pescado de Tabarca por el Mar Menor
La Guardia Civil los siguió desde la reserva marina de Alicante y los detuvo en Los Nietos, donde otra persona les esperaba para descargar veinte meros
Que una embarcación semirrígida, de seis metros de eslora, abandonara en plena noche la zona de la Reserva Marina de Tabarca, situada a unas tres millas de la costa de Santa Pola, «no es algo normal». Así que esa madrugada, el pasado mes de abril, las alarmas se encendieron en el puesto de control del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), el radar que la Guardia Civil emplea para localizar pateras, lanchas de narcotraficantes y cualquier movimiento sospechoso de representar un delito o una amenaza a la seguridad en el litoral de Alicante, la Región de Murcia, Almería y otras zonas de España.
Los movimientos de la 'goma' salida de Tabarca eran cada vez más inquietantes. Al llegar al entorno de La Manga enfiló rumbo al Mar Menor, a través del Canal del Estacio. Y el seguimiento de la embarcación acabó dio sus frutos. Cuando la nave llegó al Club Náutico de Los Nietos (Cartagena), agentes de la Patrulla de Fiscal y Fronteras sorprendieron a sus tres tripulantes, que transportaban 300 kilos de pescado, y a una cuarta persona que les esperaba para ayudarles en la descarga y el traslado de la mercancía ilegal.
Los guardias levantaron acta de los hechos, que dieron lugar a una investigación tras la que estos cuatro individuos han sido detenidos este mes de junio, como presuntos autores de los delitos de furtivismo, contra la flora y la fauna y de pertenencia a grupo criminal, por haber esquilmado esa gran cantidad de pescado en el área protegida de Tabarca.
Según fuentes de la investigación, los arrestados son vecinos de la zona del Campo de Cartagena, de 25 a 40 años edad y cuantiosos antecedentes por pesca furtiva en el Mediterráneo. «Son profesionales del furtivismo y lo tenían todo planeado», aseguraron. Y citaron acciones previas en Cabo Tiñoso y Cabo de Gata (Almería).
«Como en lince en Doñana»
Según las averiguaciones realizadas por el Equipo de Investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Región de Murcia, en Tabarca se hicieron con veinte meros, nueve abadejos, cinco cigarrones, una corvina y un sargo real y ejemplares de otras especies, como pulpo. Los capturaron usando fusiles y técnicas de pesca deportiva submarina, pero sin la autorización que esta requiere y sin ningún miramiento hacia la conservación del medio ambiente. Al contrario. No dudaron en sumergirse de forma clandestina y arrasar con lo que pudieron en plena época de reproducción de meros y otros animales, lo que causó un «grave daño» sobre la reserva, donde solo permite la pesca artesanal con fuertes requisitos.
En un símil que muestra la magnitud del perjuicio ocasionado, las fuentes consultadas resumen así la acción perpetrada en Tabarca: «Es como si hubieran ido a cazar a Doñana liebres y linces». Y recuerdan que las reservas marinas de interés pesqueros buscan el aumento del número de reproductores y que la pesca furtiva limita esa capacidad de reproducción y la incorporación a la población de peces de «reclutas» que contribuyan a crear el efecto reserva»; altera de forma grave el equilibrio de los sistemas naturales; y reduce la generación de vida a nivel de fauna y flora.
En la 'Operación Luz y Sombra', como ha denominado esta intervención, el Instituto Armado se incautó del pescado, de los artes de pesca y de la embarcación. Y, con la colaboración del Servicio de Pesca y Acuicultura de la Comunidad Autónoma, identificó todas las especies y efectuó un informe de valoración del daño, para remitirlo a la autoridad judicial junto al resto de diligencias penales.
5.000 para la beneficencia
Del lucrativo negocio abortado en Los Nietos da idea el precio que la mercancía alcanzó en la lonja de Cartagena. Tras los análisis preceptivos, el pescado se subastó. Y, en total, se pagó por él 5.000 euros, que las autoridades entregaron a una entidad benéfica.
La desarticulación de este grupo se enmarca en el Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras, orientado a evitar el grave peligro para la salud pública de la distribución de pescado de origen ilícito. También hay inspecciones en restaurantes, junto a veterinarios, para garantizar el consumo seguro y evitar fraudes.
