Los ayuntamientos de la Región de Murcia podrán destinar a vivienda el suelo de uso deportivo y cultural

Así lo contemplará el nuevo decreto de vivienda asequible en el que trabaja el Gobierno regional, según confirman a LA VERDAD fuentes de la Consejería de Fomento e Infraestructuras. Esta medida es una de las novedades que se incorporarán al futuro decreto, tras la ronda de consultas llevada a cabo en los últimos meses por el consejero, Jorge García Montoro, con las principales asociaciones y agentes del sector de la construcción en la Región de Murcia.

Una de los planteamientos que dichos agentes realizaron fue la necesidad de disponer de más suelo en los distintos municipios que permitan cubrir la demanda de vivienda que existe actualmente. De esta forma, una de las soluciones que la Comunidad ve viable es la autorización de la construcción de casas en espacios que la planificación urbanística de los respectivos ayuntamientos reserva a equipamientos deportivos, culturales y sociales. Sin embargo, aclaran desde la Consejería de Fomento, se excluirán las parcelas en las que esté previsto levantar centros educativos y sanitarios.

Para facilitar esta medida, la Comunidad tiene previsto crear una nueva figura denominada 'Plan especial de ordenación urbana para vivienda protegida', por la que se permitirá la calificación de suelo para vivienda asequible (protegida, alquiler o en régimen colaborativo) en los planes generales de ordenación (PGMO) de los municipios, recogiendo todas las condiciones excepcionales que se le puedan aplicar a la construcción de vivienda asequible, como el aumento de la edificabilidad y las compatibilidades de usos.

Por otra parte, el decreto tendrá entre sus principales objetivos la simplificación de los trámites administrativos y urbanísticos que deben cumplimentar los promotores de vivienda protegida, con el fin de acelerar la construcción de las mismas. Esta fue la principal demanda de los agentes del sector al consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, en la ronda de contactos. La Comunidad recogió el guante y anuncia que el decreto eliminará el paso denominado 'documento de avance', manteniéndolo únicamente para modificaciones estructurales y revisiones de planes generales. «Esta medida reducirá en un año el tiempo de tramitación para modificaciones puntuales de planeamiento, planes parciales y planes especiales», apuntan desde la Consejería de Fomento.

En ese sentido, cabe recordar que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, cuando anunció el pasado 15 de enero que el Gobierno regional estaba trabajando en este decreto, ya indicó que la principal reforma administrativa sería la eliminación del requisito de calificación que requiere la vivienda protegida clásica por parte de la Dirección General de Vivienda, previo a la concesión de licencia municipal. Según explicaron fuentes del Gobierno regional, actualmente los constructores de vivienda protegida tienen que presentar un proyecto detallando las características de la promoción (superficie, distribución de espacios, etc), tras el que se fija el precio máximo de venta y los requisitos de renta que deben tener los compradores. «Todo ello requiere de múltiples revisiones por parte de los funcionarios», aseguran desde la Comunidad.

En el nuevo modelo de VPO que propone el Gobierno autonómico, se suprimirá ese requisito de calificación y se sustituirá por una declaración responsable donde queden acreditadas las condiciones de habitabilidad, seguridad y salubridad de la vivienda, siendo luego comprobados los requisitos de precio y renta durante el trámite final de venta o alquiler de la vivienda. «Se eliminan trámites administrativos redundantes y se reduce el intervencionismo, manteniendo la misma seguridad jurídica».

De igual forma, otra novedad que incluirá el decreto será dar mayor seguridad jurídica ante las anulaciones de figuras de ordenación urbanística por parte de los tribunales de Justicia, «circunscribiendo su invalidez a la parte del instrumento de ordenación afectado, sin que influya en las partes susceptibles de gestión y ejecución autónoma, ni en los instrumentos de gestión urbanística derivados».

«Esto quiere decir que la anulación por sentencia judicial de una parte del plan general municipal de ordenación no anule su totalidad sino tan solo lo que esa sentencia diga que no es correcto», aclaran desde el departamento de García Montoro.

Asimismo, tal y como se comunicó en su momento, el decreto establecerá la declaración de urgencia de todos los trámites y procedimientos administrativos vinculados a la ejecución de la vivienda asequible, de forma que reduzcan los plazos a la mitad del trámite ordinario actual.

También pretende el Ejecutivo regional dar un impulso a la modalidad de vivienda colaborativa o 'cohousing', un modelo residencial en el que los habitantes del edificio comparten áreas comunes, así como la posibilidad de establecer primas de edificabilidad para aumentar la oferta de vivienda.

Otra medida es la adecuación de locales o edificaciones con uso predominantemente terciario a uso residencial, con destino a vivienda protegida, además del aumento de la oferta específica para jóvenes a través de la rehabilitación de edificios sin terminar.

«El decreto de vivienda asequible permitirá flexibilizar de manera excepcional, transitoria y urgente los planes generales municipales de ordenación (PGMO), para poder realizar edificios con viviendas asequibles, en lugar de casas adosadas (tradicionalmente más costosas en términos económicos). Esta medida conseguirá que aumente el parque de viviendas protegidas, eliminando la restricción marcada en determinadas parcelas de los planes de ordenación, sin modificar el planeamiento, con el fin de ampliar la oferta de hogares para jóvenes y familias de clases medias», informa el Ejecutivo.

Por otro lado, tal y como se informó en su momento, las viviendas asequibles se dirigirán a personas jóvenes de la Región cuya renta máxima no supere el valor de 6,5 veces el Iprem (lo que correspondería a 54.600 euros en 14 pagas), la misma limitación salarial que se pone en el modelo actual. Dado que el salario medio en la Región es de 20.000 euros, la gran mayoría de la población podría acceder a estas viviendas asequibles.