Los ayuntamientos de la Región de Murcia instalan un millar de cámaras de vigilancia en solo cinco años

«La seguridad es una prioridad de este equipo de gobierno. Apostamos por tecnologías que disuaden el delito y permiten responder con rapidez y eficacia. Este sistema de videovigilancia mejora la calidad de vida y tranquilidad de nuestros vecinos y vecinas», afirmó la concejal de Policía, Mari Carmen Guevara, acerca de la ampliación de una red con «22 cámaras de seguridad en puntos estratégicos». Eso incluye «todas las entradas y salidas y zonas especialmente sensibles o de gran afluencia, como la Plaza del Espejo y la Torre del Rame», detalló Guevara. Y el concejal de Nuevas Tecnologías, Eufemio Pacheco, habló de «reforzar la seguridad ciudadana, mejorar el control del tráfico y facilitar el trabajo de la Policía Local, que ahora dispone de herramientas tecnológicas más eficaces para el seguimiento de incidencias».

Los municipios de Las Torres de Cotillas y Los Alcázares, uno del interior gobernado por el PP y otro de la costa gestionado por el PSOE, sirven de ejemplos sobre el 'boom' de colocación de cámaras de videovigilancia en la vía pública que vive la Región de Murcia. En apenas cinco años, consistorios de distinto signo político han logrado autorización para poner casi un millar de aparatos en calles, plazas, parques, jardines, polígonos industriales y accesos a recintos deportivos y educativos de núcleos principales, pedanías y diputaciones.

Veintiocho de los 45 municipios de la Región han obtenido permiso para 945 cámaras destinados a seguridad ciudadana. De ellas, 109 han sido concedidas en lo que va de año a diez localidades (Cartagena, San Javier, Alhama de Murcia, Santomera, Totana, Torre Pacheco, Puerto Lumbreras, Aledo, Fortuna y Beniel) y hay nuevas solicitudes en trámite, sobre las que se resolverá en otoño, indicaron a LA VERDAD fuentes de la Delegación del Gobierno. No precisaron la cifra. El municipio con más aparatos es Murcia, con 245. Le siguen Molina de Segura (186), Cieza (51); Yecla (36), y Fuente Álamo y Lorca (30 cada uno).

A ello hay que sumar los dispositivos de tramos urbanos de carreteras, que permiten supervisar el tráfico y añaden 'ojos' ante actos vandálicos, robos y cualquier alteración del orden y de la convivencia en ciudades y pueblos. Facilitan el esclarecimiento de incidentes y la localización y detención de sospechosos, así como la colaboración entre agentes de distintos cuerpos policiales.

A nivel burocrático, es una opción más sencilla y rápida. «En el ámbito urbano y en poblados, la competencia para instalar cámaras destinadas al tráfico corresponde a los ayuntamientos» y «no requiere de autorización de la Dirección General de Tráfico (DGT) ni de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia», confirmaron en la Delegación del Gobierno, que dirige Mariola Guevara.

El uso de cámaras para la seguridad ciudadana sí exige la autorización de la Comisión, que integran el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el fiscal superior, un abogado del Estado, un miembro de la Administración General del Estado, un alcalde representante de los municipios y el secretario general de la Delegación. Este actúa con voz y sin voto, igual que los posibles expertos en seguridad ciudadana que designe la Delegación, como asesores.

«El uso de vide ovigilancia por ayuntamientos y otras administraciones públicas resulta cada vez más viable y eficaz, gracias a su menor coste y creciente aceptación social. Cuando se implanta en un marco legal garantista y en coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado [Policía y Guardia Civil], es una herramienta valiosa para la prevención del delito y la mejora de la convivencia ciudadana, como ya ocurre con su uso generalizado en el tráfico», agregaron en la Delegación.

Citaron la Ley Orgánica de Protección de Datos y la necesidad de actuar con transparencia, «informando a la población sobre su uso y finalidad». Esto «contribuye a la legitimidad del sistema», que además debe seguir los criterios de «proporcionalidad y evaluación previa: cada instalación debe estar justificada por criterios objetivos de seguridad».