Las aves amenazadas estrenan área de protección regional contra las electrocuciones

La entrada en vigor del nuevo mapa se cumple tras dos años de tramitación y que ahora contemplará todos los espacios donde estas especies en peligro de extinción vuelan, se asientan, obtienen alimento o se reproducen. Junto con estos territorios, también estarán protegidas aquellas zonas delimitadas por los dos únicos planes de recuperación aprobados para aves (águila perdicera y malvasía cabeciblanca), activos desde 2016.

Hasta ahora, los terrenos seguros solo cubrían las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), lo que obligó a repensar la cartografía porque tres de cada cuatro muertes de aves en tendidos eléctricos se producen a día de hoy fuera de estos espacios protegidos. Con la preparación de esta orden, el Gobierno regional reconocía por primera vez que «la alta mortalidad de aves catalogadas de amenazadas a causa de las electrocuciones en las líneas aéreas eléctricas de alta tensión está diezmando de manera irreversible las poblaciones de estas aves, con grave daño a la biodiversidad de nuestra región».

Fuentes de Medio Ambiente señalan que las investigaciones llevadas a cabo «confirman la grave incidencia» que tienen la electrocución y la colisión en tendidos eléctricos sobre las poblaciones de aves, especialmente en el grupo de las rapaces, «que suelen utilizar los apoyos como posaderos, mientras que otras aves, como las esteparias, o las migratorias gregarias, se ven más afectadas por la colisión con cables de tierra y conductores».

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, explica, en declaraciones a este periódico, que «este incremento de la superficie respecto a la orden de 2011 sobre las áreas prioritarias de protección a la avifauna supondrá la cobertura de dos de cada tres electrocuciones producidas en estos últimos 20 años y casi el 90% de las electrocuciones de águila perdicera registradas desde entonces». La nueva cartografía pretende cubrir una parte importante donde esta rapaz suele moverse dentro del territorio murciano: las sierras de las Moreras (Mazarrón), Almenara (entre Lorca, Águilas y Mazarrón), Carrascoy (entre Murcia, Alhama y Fuente Álamo), Columbares (Murcia) y Altaona y Escalona (Murcia).

Los propietarios de las torres ubicadas dentro de los nuevos límites de protección deberán corregir su estructura para implantar medidas que eviten la electrocución de animales, y los nuevos postes tendrán que contar desde el principio con las mismas. Las medidas, sin embargo, serán voluntarias adoptarlas para los casos donde se busque evitar la colisión con las líneas aéreas. Una vez se active la nueva protección, se llevará a cabo una identificación de todos los tendidos de alta tensión que se encuentren dentro del mapa y se requerirá a los propietarios su corrección.

Estas medidas incluyen aisladores rígidos; armado en bóveda o tresbolillo de las crucetas de las torres; autoválvulas para proteger la instalación contra sobretensiones accidentales; crucetas auxiliares; transformadores al aire; dispositivos que permiten colocar el puente flojo central en posición suspendida por encima del fuste (farolillos) o conductores de conexión de las grapas de amarre con los elementos de mando y protección.

Las organizaciones Ecologistas en Acción y ANSE ven como un «paso en positivo» la ampliación aprobada para luchar contra la alta mortalidad de aves por electrocución en tendidos y torres de alta tensión, pero consideran la orden de la Consejería de Medio Ambiente «insuficiente». Jorge Sánchez, biólogo de ANSE, cree que la nueva norma «no cumple con las aportaciones que se realizaron en el proceso de participación pública». En concreto, el conservacionista se refiere a la petición de una ampliación mayor de las zonas protegidas, pues se quedarían fuera importantes áreas de dispersión del águila perdicera, de recolonización de quebrantahuesos y del buitre leonado. Esto, teniendo en cuenta que estas rapaces llevan a cabo largos recorridos, a veces fuera de la Comunidad, por lo que delimitar su movimiento a un espacio geográfico reducido de dispersión «es equívoco».

Ambas entidades insistieron desde el principio del procedimiento en ampliar esta protección a todo el ámbito de la Región de Murcia, con la intención de obligar a corregir cualquier punto de apoyo que suponga una amenaza, tanto en terrenos rurales como industriales, donde también se han registrado problemas.

Rubén Vives, integrante de Ecologistas en Acción, pone el acento en la necesidad de hacer valer y cumplir con los planes de recuperación aprobados hasta ahora (águila perdicera y malvasía cabeciblanca), pero sobre todo elaborar aquellos que llevan años de retraso. Estos planes, incide, ayudan a tener una visión global del estado de las poblaciones y las medidas concretas que deben aplicarse para alcanzar su recuperación y conservación en el tiempo. «Nada de esto se cumple», subraya, una queja que también puso encima de la mesa el Consejo Económico y Social cuando realizó su dictamen sobre esta orden.

Las entidades unidas en torno a la iniciativa Mirando al tendido detectaron en 2023 la muerte por electrocución o colisión de casi un centenar de aves, la mayoría búho real, buitre leonado y águila perdicera.