Caso Auditorio: querella del fiscal, moción de censura y 'YoConPedroAntonio'

El fiscal presentó en febrero de 2015 una querella contra Pedro Antonio Sánchez, que entonces era consejero de Educación en el Gobierno regional de Alberto Garre y aspiraba a ser candidato del Partido Popular en las elecciones de mayo de ese año. Prevaricación continuada, falsedad documental, fraude y malversación de caudales públicos eran los posibles delitos que observaba López Bernal, que calificó de «pantomima, gran farsa y vergonzoso fraude» el proceso de adjudicación y de construcción del Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras. Este, según el ministerio público, se abonó cuando todavía quedaba un 38% de la obra sin realizar.

Pedro Antonio Sánchez reaccionó poniendo en duda la acción e imparcialidad de la Fiscalía. Esta actitud recuerda a la que hoy mantiene Podemos cuando ataca a los jueces por las rebajas de condena que produce la Ley del Solo Sí es Sí. «No es serio que esto llegue en un momento decisivo para la escena política regional», dijo en una rueda de prensa celebrada en la sede regional del PP.

Asimismo, los populares llenaron las redes con mensajes de apoyo hacia el entonces consejero y aspirante al liderazgo regional. «¿Vamos a dejar que los fiscales nos hagan las listas electorales?», escribió entonces en redes sociales una diputada y vicesecretaria del PP, hoy fuera de la política. Desde González Adalid se apelaba a que el PSOE de Puerto Lumbreras le había puesto decenas de denuncias y que ninguna había prosperado hasta entonces.

La querella del fiscal no fue obstáculo para que el Partido Popular nacional designara un mes después a Pedro Antonio Sánchez como candidato a la Presidencia de la Comunidad, a pesar de que tenía la opción de Alberto Garre, que en 2015 ocupaba San Esteban y había promovido algunas reformas de regeneración democrática (como la limitación de mandatos) con buena aceptación social. Una decisión que, vista ahora con la perspectiva que da el tiempo, fue a todas luces errónea, pues las consecuencias las sigue pagando el Partido Popular de la Región de Murcia hasta el día de hoy.

La trayectoria política de Pedro Antonio Sánchez y el recorrido judicial del caso Auditorio fueron en paralelo. El dirigente popular tuvo un respiro cuando la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, en contra del criterio del Fiscal, decidió que la querella se tramitara inicialmente en los juzgados de instrucción de Lorca. Al ser aforado, no podía ser imputado todavía, por lo que pudo hacer la campaña sin esa losa.

Ganó las elecciones de 2015 con 22 escaños, a uno de la mayoría absoluta, lo que le obligó a pactar con Ciudadanos. La formación naranja, liderada por Miguel Sánchez, le hizo firmar el compromiso de que dimitir inmediatamente si era imputado por alguna causa de corrupción política. En cualquier caso, fue investido como presidente de la Comunidad y desplegó en sus primeros meses una intensa actividad, con presencia constante en los medios de comunicación y con medidas como la primera rebaja en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Gobernó con relativa tranquilidad un año y medio. En diciembre de 2016, la jueza de instrucción de Lorca redactó una exposición razonada por la que elevaba el 'caso Auditorio' al TSJ al haber encontrado «indicios de responsabilidad penal» en el aforado Pedro Antonio Sánchez. El TSJ nombró instructor de la causa al magistrado Julián Pérez-Templado, que ya había archivado dos querellas anteriores contra el presidente.

Este fue llamado a declarar el 6 de marzo de 2017. Desde que se conoció la situación, Ciudadanos solicitó su dimisión, tal y como se había comprometido por escrito. Sánchez pedía que al menos se le dejara acudir al juzgado a dar explicaciones. «Declarar para aclarar», era el mantra que repetían los populares, que aseguraban que no se trataba de corrupción política, sino de «un error administrativo». Las redes se llenaban de mensajes de altos cargos del PP respaldando al presidente, con el hasthag '#YoConPedroAntonio'. Uno de los más activos en la defensa de Sánchez era Fernando López Miras, que creció en el partido a su vera y luego lo sustituyó como jefe del Ejecutivo regional.

Pedro Antonio Sánchez declaró, pero lejos de aclarar, solo dejó dudas. «No sé (...), no me acuerdo (..), hice lo que me dijeron los técnicos», fueron las palabras más repetidas, según desveló LA VERDAD.

Por si fuera poco, la Audiencia Nacional abrió una pieza contra el presidente murciano por el 'caso Púnica', acusándole de negociar con la trama para que le realizaran una campaña para mejorar su reputación en internet que sería pagada con dinero público.

En cualquier caso, Pedro Antonio Sánchez se negó a dimitir y se atrincheró en San Esteban. Incluso, pese a su delicada situación, fue elegido presidente del PP en la Región de Murcia, en sustitución de Ramón Luis Valcárcel y con la bendición de Génova. El PSRM de Rafael González Tovar presentó una moción de censura en la Asamblea el 24 de marzo de 2017. A priori, tenía pocas posibilidades de prosperar, pues Ciudadanos no se planteaba la opción del cambio de gobierno.

Pero finalmente la presión pudo y, el 4 de abril de 2017, Pedro Antonio Sánchez convocó una comparecencia de prensa en el claustro del Palacio de San Esteban en la que anunciaba su dimisión como presidente de la Comunidad. Ese mismo día, en la sede del PP en Murcia se comunicaba que el joven diputado Fernando López Miras sería su sustituto como presidente de la Comunidad. «Me dejaré la piel por reparar esta injusticia», decía el hoy jefe del Ejecutivo.