La fiscal insiste en la existencia de «pruebas sólidas» en la trama murciana de la 'Púnica'

La Audiencia Nacional inició este lunes el juicio por la trama murciana de la 'operación Púnica', una de las mayores investigaciones de corrupción desarrolladas en España en las últimas décadas. La sede que el tribunal tiene en San Francisco de Henares acogió la primera de las 16 vistas que sientan en el banquillo a Juan Carlos Ruiz, exconsejero de Industria y Turismo del Gobierno regional. Lo hace junto a tres de sus antiguos colaboradores en ese departamento y a varios supuestos conseguidores aventajados de contratos públicos, encabezados por quien fue alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso.

El juicio, que estaba previsto que se prolongase hasta el 13 de marzo, se alargará aún más en el tiempo debido al aplazamiento de algunas de las sesiones. En el trámite de cuestiones previas, con el que se inició la vista, el tribunal protagonizó un primer encontronazo con la defensa del exconsejero Juan Carlos Ruiz con motivo del calendario de la vista. El abogado Raúl Pardo-Geijo trató de convencer a los magistrados de que aplazasen nuevamente la vista ante su coincidencia con otros señalamientos previos. La Sala de lo Penal ya había rechazado en varias ocasiones dejar este juicio para más adelante, después de que la baja del magistrado ponente obligase en mayo a aplazar el calendario.

El letrado insistió en que la negativa a aplazar el juicio suponía una «efectiva indefensión material» y puso sobre la mesa su imposibilidad de asistir a un gran número de las vistas previstas al coincidir con otro juicio señalado previamente. Otros letrados defensores también manifestaron tener problemas con algunas fechas al coincidir con juicios a los que debían acudir. El presidente del tribunal hizo hincapié, en este punto, en que «el juicio ya ha empezado» y advirtió de que «el tribunal va a ser muy poco proclive a reseñalar sesiones». La defensa de Ruiz y el tribunal acordaron, sin embargo, finalmente evaluar la posibilidad de recolocar algunas de las sesiones, variando el calendario. De entrada, las sesiones que estaban previstas para hoy y mañana quedaron aplazadas y la vista se retomará nuevamente el jueves con cuatro testigos.

En el banquillo, además de Ruiz, se sienta quien era su jefe de gabinete, José Fidel Saura; la entonces directora del Instituto de Turismo, Mariola Martínez; y su secretario general, Jesús Norberto Galindo, además del empresario Alejandro de Pedro y el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, su hermano Agustín y algunos trabajadores de la empresa de De Pedro. Todos ellos se enfrentan a peticiones de cárcel y de inhabilitación por supuestos delitos de fraude y prevaricación y, en algunos casos, de tráfico de influencias, aunque el mayor castigo, de cuatro años de prisión, se reclama para Ruiz. Los magistrados concedieron a los ocho acusados la posibilidad de declarar en último lugar, así que no será hasta, al menos, finales de febrero cuando comiencen a escucharse sus explicaciones.

En esta primera sesión, el abogado Evaristo Llanos, que representa a la entonces directora del Instituto de Turismo, Mariola Martínez Robles, hizo hincapié en que los hechos a enjuiciar no quedaron debidamente delimitados en el auto de transformación a procedimiento abreviado ni en el de apertura de juicio oral, provocando indefensión a los procesados. El letrado Francisco Luis Valdés-Albistur, encargado de la defensa de José Fidel Saura, entonces jefe de Ruiz, reclamó, por su parte, que se retire el delito de tráfico de influencias del que este viene acusado, alegando que la acusación ha sido sorpresiva y no ha tenido tiempo de proponer prueba.

La Fiscalía se opuso a todas estas peticiones argumentando que el juez realizó en los autos «una descripción exhaustiva de los hechos». El Ministerio Público sostuvo que la prueba existente en la trama murciana de la 'Púnica' es «sólida» y abrió la puerta, no obstante, a que la Sala deje fijados, antes de que se avance más en el juicio, los hechos que deben ser objeto de indagación en este.

A la vista no compareció ningún representante de las sociedades Madiva y Eico, una situación que no supuso un obstáculo, dado que la acusación popular, que ejercen el PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), optó por retirar la acusación que mantenía a ambas en el procedimiento.

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