La hora de la verdad para los acusados en la trama murciana de la 'Púnica'
La Audiencia Nacional inicia el lunes el juicio que sentará en el banquillo al exconsejero Juan Carlos Ruiz y a J. Antonio Alonso, exalcalde de Cartagena
Más de una década después de que comenzara a gestarse, la Audiencia Nacional arrancará este lunes el juicio por la rama murciana de la 'Operación Púnica', una de las mayores investigaciones de corrupción desarrolladas en España en las últimas décadas. En la sede que el tribunal tiene en San Francisco de Henares dará el pistoletazo de salida la primera de las 16 vistas que deben sentar en el banquillo a Juan Carlos Ruiz, exconsejero de Industria y Turismo del Gobierno regional. Lo hará junto a tres de sus antiguos colaboradores en ese departamento y a varios supuestos conseguidores aventajados de contratos públicos, encabezados por quien fue alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso.
El juicio, que está previsto que se prolongue hasta el 13 de marzo, se iniciará con unas cuestiones previas en las que el abogado Raúl Pardo-Geijo, que se encarga de la defensa de Ruiz, tratará de convencer al tribunal de que aplace nuevamente la vista ante su coincidencia con otros señalamientos. La Sala de lo Penal ya ha rechazado varias peticiones de aplazamiento en las semanas previas al arranque del juicio después de que la baja del magistrado ponente obligase en mayo a aplazar el calendario.
El entonces consejero de Turismo, Juan Carlos Ruiz, presuntamente acordó trabajos de mejora de su reputación en internet.
La Audiencia Nacional dirige desde junio de 2014 esta operación que la Guardia Civil arrancó el 27 de octubre de 2014.
Para ello, supuestamente, se simuló un contrato de publicidad, cargado al Instituto de Turismo que dirigía Mariola Martínez.
La ‘Operación Púnica’ fue una petición de auxilio judicial emitida desde Suiza ante las sospechas de blanqueo de fondos invertidos en ese país por Francisco José Granados, exconsejero del gobierno madrileño, y el empresario David Marjaliza.
El fiscal considera que el empresario Alejandro de Pedro y el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso, aprovecharon su influencia en la Región para ofrecer trabajos personales de reputación a autoridades de las administraciones local y autonómica.
¿Qué ocurrió en la rama murciana?
¿De dónde surge?
Las supuestas maquinaciones habrían contado con la activa colaboración del jefe de gabinete de Ruiz, José Fidel Saura, y del secretario de esa vconsejería, Jesús Norberto Galindo.
¿Qué alcance tiene?
100
Todo ello ocurrió en el contexto de la carrera política por suceder a Ramón Luis Valcárcel como candidato del PP al Gobierno regional.
investigados
Mariola Martínez
Alejandro de Pedro
12
La investigación se amplió rápidamente a otras personas y sociedades. El pinchazo del teléfono de Marjaliza no tardó en destapar las negociaciones que el empresario Alejandro de Pedro estaba llevando a cabo en otros puntos del país, como la Región de Murcia.
piezas
Juan Carlos Ruiz
Alejandro de Pedro
50.000
65
José Antonio Alonso
folios en
tomos
David Marjaliza
José Fidel Saura
Jesús Norberto Galindo
Francisco José Granados
A la espera de conocer la suerte que siguen esas demandas, lo que está claro es que la vista por la rama murciana de la Púnica no seguirá el guion que marca habitualmente la actividad en los tribunales. Los magistrados han concedido a los ocho acusados la posibilidad de declarar en último lugar, así que no será hasta el 24 de febrero cuando comiencen a escucharse sus explicaciones. Cuatro días ha reservado la Sala para sus interrogatorios.
En el banquillo, además de Ruiz, se sienta quien era su jefe de gabinete, José Fidel Saura -defendido por el letrado Francisco Luis Valdés-Albistur-; la entonces directora del Instituto de Turismo, Mariola Martínez Robles -de cuya defensa se encarga el abogado Evaristo Llanos-; y su secretario general, Jesús Norberto Galindo, además del empresrio Alejandro de Pedro y el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, y algunos trabajadores de la empresa de De Pedro. Todos ellos se enfrentan a peticiones de cárcel y de inhabilitación por supuestos delitos de fraude y prevaricación y, en algunos casos, de tráfico de influencias, aunque el mayor castigo, de cuatro años de prisión, se reclama para Ruiz.
Está previsto que una treintena de testigos comparezcan en la vista, entre ellos Granados, el presunto cerebro de la red
Antes de que llegue el momento de que los acusados alcen la voz, la Audiencia Nacional escuchará a una treintena de testigos, entre los que se encuentran algunos de especial relevancia, como el exconsejero del Gobierno madrileño y exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, al que la Fiscalía considera uno de los cerebros de la trama y que ya ha sido condenado en otra pieza de esta macrocausa de corrupción. También deben pasar por el tribunal madrileño el exalcalde de Molina, Eduardo Contreras; la exdirectora del Instituto de Fomento, Reyes Samper; o David Conesa, quien fuera asesor del expresidente Sánchez. Todos ellos estuvieron en algún momento investigados en la causa y quedaron exculpados tras varios años de investigación.
El calendario previsto
Enero
Lun.
Mar.
Mié.
Jue.
Vie.
Sáb.
Dom.
13
14
15
16
17
18
19
Arranque de la vista con las cuestiones previas
Declaración de testigos (entre ellos el exconsejero del Gobierno madrileño y exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, el exalcalde de Molina, Eduardo Contreras, y la exdirectora del Instituto de Fomento, Reyes Samper)
Febrero
Lun.
Mar.
Mié.
Jue.
Vie.
Sáb.
Dom.
10
11
12
13
14
15
16
Pericial y escucha de conversaciones
Interrogatorio de los acusados
24
25
26
27
28
Marzo
Lun.
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Mié.
Jue.
Vie.
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Dom.
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16
Informes y conclusiones
El calendario previsto
Enero
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
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Arranque de la vista con las cuestiones previas
Declaración de testigos (entre ellos el exconsejero del Gobierno madrileño y exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, el exalcalde de Molina, Eduardo Contreras, y la exdirectora del Instituto de Fomento, Reyes Samper)
Febrero
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Interrogatorio de los acusados
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Informes y conclusiones
El calendario previsto
Enero
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Declaración de testigos (entre ellos el exconsejero del Gobierno madrileño y exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, el exalcalde de Molina, Eduardo Contreras, y la exdirectora del Instituto de Fomento, Reyes Samper)
Arranque de la vista con las cuestiones previas
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Informes y conclusiones
El calendario previsto
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Declaración de testigos (entre ellos el exconsejero del Gobierno madrileño y exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, el exalcalde de Molina, Eduardo Contreras, y la exdirectora del Instituto de Fomento, Reyes Samper)
Arranque de la vista con las cuestiones previas
Febrero
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Pericial y escucha de conversaciones
Interrogatorio de los acusados
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Informes y conclusiones
Trabajos de reputación
La Fiscalía atribuye un papel principal en esta causa al exalcalde cartagenero José Antonio Alonso, un presunto «conseguidor» quien, junto a su socio, el también imputado Alejandro de Pedro, se habría dedicado a ofrecer a cargos públicos unos trabajos de mejora de la reputación personal en internet, conocidos como 'networking management' y sobre los que en apariencia se buscaba que fueran sufragados con fondos públicos.
Ruiz afronta hasta cuatro años de prisión y trece de inhabilitación por presuntos delitos de fraude y tráfico de influencias
En concreto, lo que presuntamente se ofertaba a destacados políticos a través de la empresa Eico, controlada por Alonso y De Pedro, consistía en impulsar campañas personales de imagen que construyeran una reputación positiva en internet y que, a la vez, permitiera neutralizar las noticias negativas vertidas contra estos cargos públicos.
ALEJANDO DE PEDRO
Administrador de la mercantil Eico online reputación management S.L.
ALEJANDO DE PEDRO
Delitos: Fraude y prevaricación.
Penas que solicita la Fiscalía: Dos años y medio de prisión y cinco de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
JOSÉ ANTONIO ALONSO CONESA
Exalcalde de Cartagena y socio y presunto conseguidorde De Pedro
JOSÉ ANTONIO ALONSO CONESA
Delitos: Fraude y prevaricación.
Penas que solicita la Fiscalía: Dos y medio de prisión y cinco de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
JUAN CARLOS RUIZ
Exconsejero de Turismo de la Región de Murcia
JUAN CARLOS RUIZ
Delitos: Fraude y tráfico de influencias en concurso con prevaricación.
Penas que solicita la Fiscalía: Cuatro años de prisión y trece de inhabilitación especialpara empleo o cargo público.
JOSÉ FIDEL SAURA GUERRERO
Exjefe de gabinete del Consejero de Turismo y exconcejal del Ayuntamiento de Cartagena.
JOSÉ FIDEL SAURA GUERRERO
Delitos: Fraude y tráfico de influencia en concurso con prevaricación.
Penas que solicita la Fiscalía: Tres años y diez meses de prisión y doce de inhabilitaciónespecial para empleo o cargo público.
MARIOLA MARTÍNEZ
Ex directora general del Instituto de Turismo.
MARIOLA MARTÍNEZ
Delitos: Fraude y prevaricación.
Penas que solicita la Fiscalía: Dos años y seis meses de prisión y 18 de inhabilitaciónespecial para empleo o cargo público.
FRANCISCO JAVIER BUENO
Trabajador de la empresa Eico.
FRANCISCO JAVIER BUENO
Delitos: Fraude y prevaricación.
Penas que solicita la Fiscalía: Dos años de prisión y cinco de inhabilitación especial paraempleo o cargo público.
AGUSTÍN ALONSO CONESA
Hermano de José Antonio Alonso.
AGUSTÍN ALONSO CONESA
Delitos: Fraude y prevaricación.
Penas que solicita la Fiscalía: Dos años de prisión y cinco de inhabilitación especial paraempleo o cargo público.
SARA GARGALLO RICO
Empleada de Alejandro de Pedro.
SARA GARGALLO RICO
Delitos: Delito continuado de fraude y prevaricación.
Penas que solicita la Fiscalía: Dos años de prisión y cinco de inhabilitación especial paraempleo o cargo público.
Estas ofertas de lavado de la reputación las habría recibido en 2014 el entonces consejero Juan Carlos Ruiz, en quien en ese momento se daba la circunstancia de que se disputaba con otro consejero, Pedro Antonio Sánchez, la posibilidad de reemplazar a Valcárcel como líder del PP regional y futuro candidato a la Comunidad.
Esa labor de mejora de la reputación personal de Ruiz, según sostiene el fiscal, iba a ser camuflada presuntamente bajo un contrato con el Instituto de Turismo denominado Plan de Comunicación Digital del Instituto, por importe de 20.040 euros. También a través del Info, encubriendo los pagos bajo la denominación Nuevo Plan de Comunicación e Imagen del Instituto de Fomento. En ese presunto acuerdo ilícito con la firma Eico, por el que las arcas públicas iban a asumir el coste de unos trabajos de carácter personal, habrían intervenido presuntamente el resto de acusados.
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