Un asesor que recibió contratos dudosos lidera la Oficina del Consejo de la Transparencia

Jesús García Navarro. / asamblea
Jesús García Navarro. / asamblea

Jesús García Navarro es propietario del despacho Acal, investigado en su día en un caso de presunta corrupción y vinculado a adjudicaciones que no respetaron la legislación

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

El pasado 9 de abril, el asesor jurídico Jesús García Navarro se incorporó al Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia para desempeñar las funciones de máximo responsable de la Oficina de este órgano, un departamento que se encarga de tramitar las reclamaciones, presentadas por ciudadanos e instituciones, por un deficiente funcionamiento de los servicios públicos en materia de acceso a la información pública y otros derechos similares.

La designación de este profesional fue asumida por el presidente del Consejo de la Transparencia, José Molina, después de que un grupo de consejeros de esta institución independiente, aunque estructuralmente vinculada a la Consejería de Transparencia y Participación, valorara los méritos de cinco aspirantes al puesto y se decantaran por García Navarro en virtud de su currículum.

Lo que no debía de figurar entre los méritos expuestos, lógicamente, es que este asesor se ha visto relacionado desde hace años, a través del despacho Acal, con adjudicaciones de contratos públicos de dudosa legalidad, que han acabado mereciendo duros reproches de entidades fiscalizadoras como el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

Jesús García Navarro ha figurado durante las dos últimas décadas al frente del gabinete Abogados y Consultores de la Administración Local (Acal), con el que ha prestado sus servicios de asesoría jurídica a múltiples municipios de la Región y de otras muchas provincias. Uno de ellos, a modo de ejemplo, el de Alcantarilla, donde fue contratado en 1998 por el entonces alcalde popular Lázaro Mellado. Pese a que, con la ley en la mano, este tipo de contratos solo pueden estar vigentes durante un plazo máximo de seis años, prórrogas incluidas, acabó prolongándose durante dos décadas e incluso el importe se incrementó en un 210% «sin que consten los índices aplicados», tal y como reprochó el Tribunal de Cuentas en un informe.

Se da la circunstancia de que M.E.G.S., quien durante años ejerció como secretaria del Ayuntamiento de Alcantarilla y que en apariencia nunca formuló reparo alguno sobre la prórroga no ajustada a la ley de este contrato a Acal, acabó siendo contratada por este despacho legal. Tiempo después, esta profesional se vio encausada, junto a otra empleada de García Navarro, en unas diligencias por presunta corrupción en el Consistorio de Caravaca de la Cruz: el llamado 'caso Acal'. Un juzgado de esta localidad trataba de esclarecer si este gabinete legal emitió informes jurídicos falsos y hechos a medida que fueron incorporados, a posteriori, a los expedientes de varios planes urbanísticos para otorgarles una ficticia apariencia de legalidad.

Las diligencias se quedaron en agua de borrajas por un error formal, al haberse superado el plazo legal máximo para investigar. Ello provocó que se dejaran sin efecto las declaraciones de todos los principales sospechosos y otras diligencias, lo que dejó el caso vacío de contenido y sin otra posibilidad que el archivo del mismo. Ayer se conoció que finalmente ese sobreseimiento tiene la condición de libre, por lo que las diligencias no podrán ser reabiertas.

Durante la tramitación de estas actuaciones, García Navarro creó el despacho Acap (Abogados en Consultores de la Administración Pública), en el que nombró consejera a la exsecretaria M.E.G.S. y que prácticamente acabó reemplazando al anterior gabinete jurídico.

La aparente contratación irregular del despacho de García Navarro por el Consistorio de Alcantarilla no fue la única que mereció un reproche de los órganos fiscalizadores de la Administración Pública, pues también la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid advirtió de la «indebida tramitación como sucesivos contratos menores» los efectuados a Acal, en los años 2010 y 2011, por importe de 152.399 euros.

Los cirujanos expedientados

La última actuación polémica en la que se ha visto envuelto García Navarro se centra en su papel de abogado de dos cirujanos cardiovasculares de La Arrixaca, José María Parra y Víctor Ray, expedientados y apartados del servicio por supuestas faltas muy graves en la asistencia a los enfermos. En vez de limitarse a defender a los dos facultativos, el letrado impulsó una querella por presunto acoso laboral contra el jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular, Sergio Cánovas, y una denuncia en la Fiscalía contra el propio Cánovas; el director gerente de La Arrixaca, Ángel Baeza, y el gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Asensio López.

Fuentes de toda solvencia confirmaron ayer a 'La Verdad' que el propio García Navarro, acompañado por el cirujano Parra, se presentó en el despacho de un alto responsable sanitario y «en tono amenazante» le conminó a proporcionarle un contrato fijo a ese médico -que se había quedado sin plaza en La Arrixaca después de un concurso de traslados-, y le advirtió que de lo contrario interpondría múltiples querellas y denuncias. El interpelado «los echó a ambos del despacho», añadieron esas fuentes.

El nuevo jefe de la Oficina del Consejo de la Transparencia aseguró ayer a 'La Verdad' que había sido contratado para ese puesto en virtud de sus méritos y que «a moralidad no me gana nadie». Restó importancia a los contratos que, con aparente vulneración de la legalidad, se le hicieron en Alcantarilla y Aranjuez, «porque en todos sitios se hacían de esa forma». Y recordó que el llamado 'caso Acal' había sido sobreseido. Por último interpeló irónicamente al periodista sobre «quién es el que firma en esta región los certificados de honradez».

Denuncia de José Molina por supuesta violación de su correspondencia

El presidente del Consejo de la Transparencia, José Molina, presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía Superior de la Región para denunciar la supuesta violación de su correspondencia particular por parte de personas desconocidas, aparentemente vinculadas a la Comunidad Autónoma. Molina expone que el pasado martes apareció en su oficina una carta, remitida desde la Oficina del Defensor del Pueblo, cuyo sobre se encontraba abierto por su parte superior, en la que posteriormente le habían colocado un trozo de cinta adhesiva para tratar de cerrarlo.

El presidente del Consejo de la Transparencia reclama que se investigue la ruta seguida por esta carta, que habría pasado antes de llegar a sus manos por dependencias de la Administración regional, y se trate de identificar al responsable de la aparente violación de su correspondencia privada.

CC OO dice que la Comunidad pagará a los letrados de PAS y Hacienda lo niega

Un representante de CC OO en el Consejo de la Transparencia comentó durante la reunión de este organismo que en breve se conocerá un informe de la Comunidad Autónoma para abonar los honorarios de los abogados del expresidente Pedro Antonio Sánchez (PAS), por valor de 120.000 euros. Este dirigente sindical señaló posteriormente a 'La Verdad' que «tiene conocimiento» de que existe ese expediente, y de que «está o estaba en la Dirección General de la Función Pública». Añadió que él no tiene dicho expediente, sino que vio una parte de la documentación que le mostró otra persona.

El consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, declaró que «es absolutamente falso» que la Comunidad vaya a pagar a los abogados de Sánchez. «No existe tal expediente», dijo. El presidente López Miras negó, asimismo, que la Comunidad haya pagado la defensa legal de su antecesor. «Ni un céntimo», aseveró. Dijo que quien afirme lo contrario recibirá una querella de los Servicios Jurídicos de la Comunidad.