La Asamblea tumba la moratoria del Gobierno regional en el Mar Menor

Solo el Partido Popular respaldó la normativa, cuya derogación acaba con el veto a los nuevos desarrollos urbanísticos impuesto primero por el Parlamento autonómico durante tres años y después por el Ejecutivo, que fijó su caducidad en la aprobación inicial del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, que va con mucho retraso.

La Consejería de Fomento e Infraestructuras sigue sin fecha para ese plan, por lo que los promotores pueden solicitar autorización para la construcción de casas, hoteles y centros comerciales. Hasta este 1 de septiembre continuaban las dudas sobre el alcance de la moratoria, que el consejero, José Ramón Díez de Revenga, se comprometió a resolver a los ayuntamientos de Cartagena, San Javier y Los Alcázares. Entre las principales incertidumbres de los consistorios, a raíz de una serie de cambios en el articulado, estaba si debían tramitar los permisos para la ampliación de Los Belones y de otros ensanches, así como para la urbanización de parcelas en la zona norte de La Manga.

La incógnita sobre el futuro del decreto ley estaba en la posición de Vox, que había expresado públicamente su rechazo a cualquier freno al sector inmobiliario, pero no el sentido de su voto. «Nosotros actuaremos en consecuencia», avanzó en la sesión el portavoz de Vox, José Ángel Antelo, poco antes de que su grupo abocara a su fin una moratoria que a su juicio es innecesaria y negativa. De nada sirvió en la Cámara la petición de apoyo realizada en su intervención por el consejero, quien insistió en que el decreto mantenía el blindaje a los nuevos desarrollos, incluido el de Los Belones, y que su Consejería ofreció apoyo legal a los consistorios para aclarar todas sus dudas.

Tras la reunión de la Diputación Permanente, manifestó que «lo que ha pasado hoy en la Asamblea Regional es muy grave, esto abre un escenario incierto para el Mar Menor», porque «los desarrollos urbanísticos, a día de hoy, se pueden tramitar». Díez de Revenga añadió: «Es un riesgo impresionante. Estamos atónitos. Han dinamitado una de las principales barreras de protección del Mar Menor y su sistema socioecológico. Todo vale con tal de dañar al Gobierno regional».

En su opinión, el decreto no tenía ningún «defecto formal», pero aseguró que el PP estaba dispuesto a modificarlo a través de su tramitación como proyecto de ley. Eso habría exigido la convalidación previa del decreto.

El portavoz del PP, Joaquín Segado, cargó contra «la izquierda»: «Hoy pasamos al desenfreno» urbanístico, aseguró. «Desde mañana, gracias al voto de los grupos de la oposición se podrán pedir nuevas licencias», afirmó quien en su día fue concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Cartagena. Y, en el contexto de negociaciones sobre el futuro gobierno, evitó las críticas a los de Abascal. «Vox siempre ha defendido lo mismo. Sabíamos que iba a votar en contra», dijo. Confió en que este portazo parlamentario no tendrá efectos en las conversaciones sobre la investidura de Miras: «Yo creo que las posiciones no condicionan ningún acuerdo, en el caso de que se llegara a él».

Tanto el portavoz del PSOE, José Vélez, como la de Podemos, María Marín, justificaron su voto asegurando que el decreto desbloquea las nuevas promociones.

A la vez que arrancaba la reunión en la Asamblea, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, escribió en la red social X: «A pocos días del límite para formar gobierno en Murcia, el Mar Menor sigue en el centro de una disputa que no debería existir. Tampoco debería pasar desapercibida ni dejar a nadie indiferente». Después, su partido, el PSOE, votó junto a Vox en contra de prorrogar la moratoria urbanística, sin dar opción para endurecerla.

El portavoz de Vox, José Ángel Antelo, defendió ayer que las construcciones «no contaminan» la laguna, sino que lo hacen «los vertidos fecales» urbanos, que según dijo permiten los ayuntamientos y la Comunidad. Añadió que es preciso aumentar la oferta de inmuebles, ante una «oferta escasa» y el aumento de los precios del alquiler. Y apostó por facilitar las cosas a los inversores que quieran levantar viviendas en la zona.

En una rueda de prensa posterior, el viceportavoz de Vox, Rubén Martínez Alpañez, agregó que la moratoria no sirve «para nada para mejorar la situación actual del Mar Menor» y que obedece a una visión «ecologista» de la «sostenibilidad». Afirmó que no se puede «prohibir el crecimiento de las poblaciones» y lamentó que «primero se imputó toda la responsabilidad de la situación del Mar Menor a los agricultores y ahora se pretende culpar también a los promotores urbanísticos».

Además, señaló que su grupo no dialogó con el PP sobre la introducción de cambios en la moratoria, y exigió la «modificación» urgente de la ley de la laguna para eliminar las «prohibiciones». Insinuó asimismo que lo ocurrido este viernes podría influir en las negociaciones para la posible investidura de López Miras. A preguntas de los periodistas, comentó: «Si el Partido Popular tiene el mismo empeño en llegar a acuerdos que en solucionar el problema del Mar Menor…».

El consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, comentó que «será el partido [el PP] quien tenga que valorar ese tipo de cuestiones». Sí valoró que «debemos aspirar a una solución rápida» y añadió que «lo que ha pasado hoy no es normal», porque se ha levantado el veto urbanístico que exige la ley.

José Vélez, portavoz del Grupo Socialista, sostuvo que ya no cabían mejoras, a través de un proyecto de ley, en la moratoria que impulsó el Gobierno regional. «Está bien claro que abre la puerta a algunos desarrollos urbanísticos», dijo. Y señaló que el decreto «rompe el espíritu de las negociaciones de la Ley del Mar Menor y el consenso de la Asamblea» del año 2020, y además «daña» la laguna.

«La solución era ampliar la moratoria» anterior, modificando el artículo 1 para que el veto fuera indefinido en el tiempo, señaló en referencia a la proposición de ley presentada por el PSOE y que el PP y Vox impidieron debatir.

Los socialistas insistirán en que esa iniciativa se tramite y exigen que, mientras, el Ejecutivo apruebe por fin el Plan de Ordenación Territorial. Vélez, además, acusó al consejero de «mentir» a los ciudadanos y a los alcaldes, y a López Miras de «poner sobre la mesa una moratoria falsa, porque posibilitaba nuevos desarrollos urbanísticos para llenar el bolsillo de sus amigos». Eso, añadió, es lo que ha hecho el PP en sus «treinta años» de gobierno.

María Marín marcó distancias con el PSOE y explicó que a su grupo no le quedó más remedio que votar en contra. «Veníamos con la intención de convalidar el decreto, siempre que se hubiera tramitado como proyecto de ley», señaló. Y aseguró que se habrían podido introducir modificaciones en el articulado, que «disminuía los requisitos» para construir, y «dar voz» a «vecinos y vecinas, científicos, ecologistas y ayuntamientos».

La coalición no vio en el resto de grupos «ninguna intención» de cambiar el decreto, que calificó de «parche»; y sí observó, en el PP, «el objetivo de seguir dando carta blanca al lobby inmobiliario». Añadió que llevarán a la Asamblea un proyecto que «suponga una moratoria indefinida».