La Asamblea quiere evitar más retrasos en la fiscalización económica de la Comunidad

Lo normal hubiera sido que se diera traslado para su debate a la Asamblea año a año. Por eso, un primer borrador de la ponencia de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos sobre esa documentación pide que se modifique el reglamento del parlamento autonómico para «establecer el límite máximo de seis meses en el proceso de tramitación y aprobación o rechazo de la Cuenta General».

En la exposición del borrador, se señala que «la labor de fiscalización sobre el ejecutivo en esta materia queda totalmente desvirtuada» ya que «no es posible hacer un análisis sosegado y temporal cuando se pretende analizar conjuntamente la Cuenta General de nueve años». El retraso, consideran, «anula dicha labor de fiscalización y reduce la capacidad de control», que queda así reducida a una labor «casi simbólica y testimonial».

Pero no es la única conclusión de ese borrador que, de entrada, cuenta con el visto bueno de PSOE y Vox. El documento también pide rechazar la Cuenta General de cada uno de los ejercicios en cuestión. En todo caso, se trata de un texto que aún se tiene que llevar a la Comisión y allí ser votado por los diputados que la integran. Sin embargo, ya hay una voluntad de exponer las críticas al resultado económico de la Administración autonómica esos años.

Porque, además de eso, menciona otra serie de cuestiones que, de forma reiterada, ha venido señalando año a año el Tribunal de Cuentas en sus informes sobre la situación económica de la Comunidad, apuntando que «la mayoría de deficiencias salvedades y recomendaciones se repiten en todos los informes». Eso «evidencia no solo la desatención sistemática de la Administración Regional a dichas observaciones, sino una actitud de desprecio a los órganos de control y hacia la transparencia de los recursos públicos».

Por ejemplo, se insta al Ejecutivo a «proceder a la inmediata disolución de la empresa pública Desaladora de Escombreras». El documento recuerda que «viene registrando desde su creación unas pérdidas que han alcanzado en el ejercicio 2021 la cifra de 26.783 millones de euros». Y añade también que «no se están cumpliendo las medidas previstas en el Plan de Ajuste presentado por la Comunidad Autónoma respecto al carácter limitativo del Servicio Murciano de Salud, integrándolo dentro del presupuesto consolidado presentado por la Comunidad».

En uno de los puntos con los que concluye el borrador se exige al Ejecutivo autonómico que elabore en un plazo de tres meses «un informe sobre las acciones para corregir la totalidad de las salvedades establecidas en los informes del Tribunal de Cuentas».

Para dar cumplimiento a los acuerdos de la Comisión sobre la Cuenta General de los ejercicios atrasados entre 2013 y 2021, en el último periodo de sesiones se ordenaron las comparecencias del interventor general de la Comunidad, David Rodríguez, y del consejero de Economía, Luis Alberto Marín. Sin embargo, para agilizar esta tramitación, las comparecencias se circunscribieron a los ejercicios que van de 2018 a 2021. Ante ese órgano, en su primer intervención, Rodríguez aseguró que «la situación financiera de la Comunidad reflejada por el Tribunal de Cuentas es muy delicada».

Este borrador, sin embargo, tendrá que esperar a que la Comisión retome sus trabajos en el nuevo periodo de sesiones, para lo cual tiene concluirse antes la tramitación de la nueva ley de simplificación administrativa y la de vehículos VTC.