Archivan la denuncia de una empresa por una supuesta «trama piramidal» liderada por Valcárcel

El juzgado de Instrucción número 9 de Murcia archivó este martes el procedimiento abierto tras una querella de la mercantil Inmonuar S.L. por una supuesta “trama piramidal” de corrupción urbanística en la Región de Murcia liderada por el expresidente regional Ramón Luis Valcárcel, para la recalificación ilegal de unos 180 millones de metros cuadrados en la Región.

La querella iba también dirigida contra doce altos cargos de los gobiernos de Valcárcel, entre los que se encontraban los exconsejeros Antonio Cerdá, Joaquín Bascuñana, Fernando de la Cierva y José Ballesta.

La magistrada, de acuerdo con la petición de la fiscal, decreta el sobreseimiento provisional de la causa, que se anunciaba “como causa general contra la corrupción urbanística en la Región de Murcia”.

Según relata la resolución, el letrado que la representaba decía ser perjudicado, pretendiendo, además, que se instruyera en el mismo procedimiento la creación de la desaladora de Escombreras, la causa conocida como Novo Carthago y el aeropuerto de Corvera.

Con esta resolución, se archivan las últimas actuaciones relativas a este procedimiento, una vez que todas las peticiones de acumulación fueron rechazadas al inicio del procedimiento por carecer de vinculación en el caso del aeropuerto, y por existir procedimientos en marcha en los otros dos casos. E igualmente, se rechaza la condición de perjudicado del querellante.

El Fiscal, en dictamen de 2016, entendió que la única materia que podría tener entidad penal y debía ser indagada era determinar si con la creación del Ente Público del Agua se trató de eludir por parte del Gobierno regional el obligatorio dictamen de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en cuanto a la existencia de los recursos hídricos necesarios para el desarrollo del planeamiento urbanístico. “En definitiva, si el dictamen del EPA podría sustituir al de la CHS, orillando así los inconvenientes que el organismo de cuenca pudiera oponer”.

El informe fiscal, transcrito en el auto de archivo, recoge que “de los 26 municipios que suscribieron el convenio con el EPA, fácilmente se puede comprobar que en ningún caso el convenio con la EPA suplió el informe de la CHS, siendo lo cierto que el mismo informe prestado por la CHS fue interpretado de distinta manera en cada uno de los PGOU en que se prestó”.