Una antigua asesora de Cerdá dimitió al no poder justificar 45.000 euros al EPA

Las investigaciones de los agentes de la UDEF sobre el 'caso La Sal' están desvelando algunas cuestiones sobre la gestión del Ente Público del Agua (EPA) que, pese a no tener una relación directa en la desaladora de Escombreras, no dejan de resultar llamativas. Una de ellas, recogida en el informe que los especialistas de la Policía han remitido al juzgado, se refiere a diversos documentos intervenidos que no dejan en buen lugar a quien fue asesora externa del consejero Antonio Cerdá y una de sus más estrechas colaboradoras, María Antonieta Fernández Cano.

La asesora desempeñó varios cargos de responsabilidad en el organismo autónomo Ente Público del Agua (EPA) que presidía Cerdá y de las empresas públicas que gestionaban la planta desalobradora. Entre estos figuran el puesto de secretaria general del EPA, de secretaria no consejera de Hidronostrum y de secretaria del Consejo de Administración de Desaladora de Escombreras SA.

María Antonieta Fernández tuvo que renunciar a todas esas responsabilidades en el año 2007, en apariencia después de que trascendiera que adeudaba 45.019 euros al EPA en concepto de «anticipos y gastos pendientes de justificar». Así consta en varios correos y documentos intervenidos por la UDEF en varios registros; uno de ellos, el efectuado en el despacho del abogado Andrés Arnaldos, uno de los supuestos implicados en este asunto y que ejercía como asesor jurídico del EPA.

En una de esas comunicaciones, una de las colaboradoras de Arnaldos le hace saber que ha estado hablando con el gerente del EPA, Amalio Garrido, y que este le ha explicado que María Antonieta «ya ha pagado y solicita de Amalio Garrido la redacción de un documento renunciando al ejercicio de acciones civiles y penales». Lo cual parece indicar que, después de verse obliga a restituir la cantidad señalada, habría pedido garantías de que no iba a ser denunciada.

También se ha intervenido un documento redactado por el despacho de Arnaldos, consistente en un «acuerdo de compensación», por el cual se reconocía que el EPA debía a la asesora de Cerdá un total de 5.744 euros, mientras que esta a su vez tenía deudas con el organismo público por 45.019 euros.

Los agentes sospechan que María Antonieta Fernández no fue capaz de justificar esos «gastos pendientes», lo que habría motivado «su salida precipitada de todas las empresas públicas donde ostentaba algún cargo». También recuerdan en su informe que esta antigua colaboradora de Antonio Cerdá está imputada en el 'caso Novo Carthago'. En estas diligencias judiciales no pudo justificar el origen de 125.000 euros que ingresó en sus cuentas en la época en que intervino, como asesora de la Consejería, en la tramitación de la recalificación urbanística de unos terrenos adquiridos por la promotora Hansa Urbana junto al Mar Menor.