Afrontan 6 años de cárcel por una presunta estafa a británicos con un residencial en El Valle del Sol
La Fiscalía sostiene que los promotores levantaron las casas en un terreno que no les pertenecía
La Audiencia Provincial sentará esta semana en el banquillo a tres promotores acusados de estafar a ciudadanos británicos con la venta de viviendas en El Valle del Sol, en la pedanía murciana de Gea y Truyols. La Fiscalía asegura que los procesados levantaron un residencial en unos terrenos rústicos que pertenecían a un tercero. Les acusa de un supuesto delito de estafa impropia cometido con las ventas de esos inmuebles, que se formalizaron hace 17 años -entre 2005 y 2006-, y reclama para cada uno de ellos seis años de cárcel.
El Ministerio Público, en su escrito de conclusiones provisionales, explica que los acusados, a través de la promotora Hipocampo, abordaron en esas fechas la venta de inmuebles principalmente a ciudadanos británicos. Los promotores supuestamente efectuaron los contratos de compraventa de las parcelas rústicas como partes indivisas de una parcela cuando en realidad no lo eran. Estas, explica el fiscal, se asentaban sobre un terreno que pertenecía a otro propietario.
Una larga batalla
El verdadero dueño de la finca inició en 2002 una batalla judicial que se alargó varios años y que culminó en 2006 cuando un juzgado de Primera Instancia de Murcia reconoció su derecho a recuperar el terreno incluso demoliendo lo construido sobre él. A raíz de esa resolución, uno de los acusados firmó con el propietario un acuerdo transaccional por el que le transmitía la propiedad de los terrenos a cambio de cerca de un millón de euros. Un pacto, explica el fiscal, que no llegó a buen término por impago. Ante esa situación, el juzgado ordenó la entrega al propietario de las parcelas y viviendas sin conocimiento de los británicos que habían adquirido esas casas.
De este modo, el fiscal recoge los casos de 9 matrimonios británicos que «entregaron el precio pactado desconociendo, por no ser advertidos por los acusados, que actuaron de común acuerdo y con ánimo de lucro, que el terreno sobre el que se asentaban las obras pertenecía a un tercero». La mayoría de los compradores, sostiene, se enteraron en 2009 cuando el juzgado acordó la ejecución de la sentencia y la entrega de las fincas. Un juzgado ordenó, años después, al propietario de los terrenos que pagase a los británicos el valor de las construcciones o que vendiese a estos el suelo conforme al valor marcado por un perito.
