Advierten de que la «laxitud» de la ley nacional dispara la okupación de casas, sobre todo en la Región de Murcia
Los agentes inmobiliarios reclaman un Pacto de Estado para poner freno al fenómeno, con un repunte del 60% en la Región, el mayor del país
LA VERDAD / EP
MURCIA.
Jueves, 18 de agosto 2022, 00:47
Llevaba unas semanas sin pasarse por su casa de la playa y, cuando se decidió a darle una vuelta, se encontró, de la noche a la mañana, con unos extraños que se habían adueñado de su propiedad. La suya no es una historia aislada. El Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) advierte de que la okupación de viviendas «vive en estos momentos su punto más álgido» y achaca el fenómeno a «la laxitud y la poca claridad de la ley nacional».
Este organismo denuncia que los casos de okupación se han incrementado, sobre todo en las segundas residencias. El fenómeno se concentra sobre todo en el Levante –la Región de Murcia, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana– además de en Madrid.
«Cierto perfil de inversor tiene miedo de comprar viviendas; saben que como les entre un okupa solo tendrán pérdidas y disgustos»
Una norma regional
La Región contabilizó 628 ocupaciones ilegales de viviendas en 2021, un 60,6% más que el año anterior, según la estadística que el Ministerio del Interior pone encima de la mesa. Este repunte, que contrarresta con el descenso registrado en la mayoría de comunidades, fue el más elevado que se dio el año pasado en todo el país, seguido de lejos por Aragón (1,1%), Castilla-La Mancha (9,5%), Extremadura (3,1%) y la Comunidad Valenciana (25,2%). Además, entre enero y abril de este año, la Comunidad contabilizó otros 225 casos frente a los 211 del mismo periodo de 2021, un incremento del 6,6%.
La Asamblea Regional aprobó el pasado mayo, con los votos a favor del PP, el grupo liberal y Vox, un proyecto de ley para tratar de plantar cara a este problema. PSOE y Podemos insistieron, sin embargo, en que la Comunidad no tiene competencias para batallar contra la okupación. Jerónimo Jover, responsable de Comunicación, Datos y Estudios del Colegio Oficial y Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la Región, reconoce que este fenómeno está afectando al mercado inmobiliario. «Cierto perfil de inversores tiene miedo de comprar viviendas (que vendrían muy bien para 'destensionar' el alquiler), pues saben que como les entre un okupa sólo tendrán pérdidas y grandes disgustos», sostiene. «Ha aumentado el miedo a comprar una segunda residencia, sobre todo vacacional, por el miedo a que 'le salga demasiado cara' si es okupada».
El tesorero del Consejo General y presidente del Coapi de Madrid, Jaime Cabrero, señala la necesidad de alcanzar «un pacto de Estado» entre agentes sociales, políticos y técnicos para encontrar «una solución efectiva y a largo plazo». Advierte de que, de lo contrario, «se seguirá creando una confusión tanto para el consumidor como para el inversor que es muy perjudicial para nuestro mercado inmobiliario y nuestra economía y que vulnera claramente uno de los derechos que cimentan nuestro Estado de Bienestar, como es el de la propiedad privada».
Jover comparte también la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado en esta materia. «Para evitar la okupación, hay que empezar con la ley. Algo que solo se puede hacer con un gran Pacto de Estado», incide. «Para empezar, con algo tan sencillo como que quien esté okupando una casa tenga equis días para demostrar su 'título legítimo' y no al revés... Y con sanciones directas a quien no lo haga. Que las fuerzas de seguridad puedan actuar directamente. Solo así se acabaría de un plumazo con el fenómeno okupa».
La responsable del área de asesoría jurídica del consejo, Montserrat Junyent, incide, por su parte, en que «los vaivenes jurídicos registrados en los últimos años en materia de okupación, tanto públicas como del ámbito privado, no ayudan a determinar un marco legislativo que prevenga de manera definitiva esta tendencia». En su opinión, «la tolerancia» en materia de vivienda ha incrementado «la okupación ilegal de viviendas al amparo de la supuesta vulnerabilidad de algunos colectivos». Los expertos alertan de que, a la okupación de viviendas que algunas familias han llevado a cabo tradicionalmente, azuzadas por la falta de recursos, se suma ahora un tipo de usurpación más profesionalizada.
