Unas 30.000 familias se beneficiarán en la Región del ingreso mínimo vital
La ayuda, que el Gobierno central quiere aplicar en mayo, sería complementaria a la renta básica de la Comunidad
Además de la lucha sanitaria para hacer frente a la pandemia del coronavirus, las administraciones públicas han abierto otro frente para mitigar los efectos en la población de la profunda crisis económica que la Covid-19 ha desatado. Es en esta segunda batalla para la que el Gobierno central prepara la puesta en marcha de un ingreso mínimo vital que recibirán las personas en riesgo de pobreza extrema.
La medida, alguno de cuyos detalles aún está pendiente por concretar, se empezaría a aplicar el próximo mes de mayo y beneficiaría a un millón de hogares y unos tres millones de personas en el conjunto de España, según los datos adelantados por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. En el caso de la Región de Murcia, el ingreso mínimo vital podría alcanzar a unas 30.000 familias y entre 110.000 y 120.000 personas, según cálculos del PSRM-PSOE.
Estas cifras se aproximan a las ofrecidas por el último informe de la Fundación Foessa y Cáritas, que cifraba en unas 109.000 personas las que se encontraban en pobreza severa en la Región.
Sin embargo, la secretaria de la Red de Lucha con la Pobreza, Adelaida Martín, cree que el número de murcianos en riesgo de pobreza es en la actualidad mucho mayor. «El informe de Foessa es de 2019, y con la actual crisis por el coronavirus seguro que la cifra se va a disparar», indica Martín.
Además de las discrepancias entre el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y el ministro Escrivá sobre la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, lo que ha trascendido de esta nueva ayuda es que oscilará entre los 500 y los 950 euros, según los hijos a cargo del perceptor, tendrá carácter definitivo, no solo mientras dure la pandemia, y será complementaria, hasta un tope, con las ayudas similares que prestan las comunidades autónomas.
En la Región está vigente la renta básica de inserción, que asciende a unos 430 euros al mes y que perciben en la actualidad 3.918 familias, aunque está previsto incrementar esta cifra hasta los 4.300 durante el mes de abril.
La Consejería de Mujer, Igualdad, Familia, LGTBI y Política Social ha presupuestado para 2020 18,5 millones para la renta básica de inserción, pero la intención de su titular, Isabel Franco, es duplicar esta cantidad para hacer frente al aumento de las solicitudes que esperan como consecuencia de la crisis sanitaria.
Las ONG piden que la prestación «sea permanente en el tiempo»
La Plataforma del Tercer Sector y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que agrupa a una veintena de ONG, pidieron ayer unidad al Gobierno central para aprobar el ingreso mínimo vital y que sea «estable» y «permanente en el tiempo».
«Cuanto más entendimiento haya mucho mejor, esa es nuestra postura», señaló el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, el murciano Luciano Poyato, quien apostó por «aunar en un esfuerzo único» para que esta medida «sea permanente en el tiempo».
Poyato añadió que la ayuda sería una «medida ejemplar y realmente solidaria» si sale de la Seguridad Social y favorece a un millón de hogares, «como dice Escrivá».
Aunque entiende que hay una «complejidad» a la hora de articular esta medida legislativamente, recordó que en otros países europeos «se ha dado este paso y se ha demostrado que funciona». En su opinión, esta renta mínima tiene que ser «estable» para poder «eliminar la pobreza severa, reducir la pobreza infantil y poder permitir una vivienda digna».
Poyato apuesta por que sea de carácter estatal, para que a cualquier persona en situación de pobreza «le tiene que llegar esta renta independientemente de la comunidad en la que viva», aunque matizó que «esta ayuda no significa que quiten otras».
