Valcárcel niega un entramado en la desaladora y la oposición le acusa de «no aclarar nada»

El expresidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, dijo este martes ante la comisión de investigación de la desalinizadora de Escombreras que "ni hay entramado ni la planta cuesta 600 millones de euros".

Durante una comparecencia que duró alrededor de 50 minutos, el actual vicepresidente del Parlamento Europeo defendió la legalidad de todos los trámites realizados para construir una planta «necesaria para atender las necesidades de crecimiento de la Región en el año 2005 y abastecer al campo murciano». También dijo que todas las operaciones fueron legítimas, realizadas a través del Ente Público del Agua de la Región de Murcia. "La estructura societaria es bastante simple. No hay entramado", insistió.

Valcárcel enmendó a la Intervención General de la Comunidad sobre los costes de esa infraestructura. Según el expresidente, la desalinizadora costará 180 millones de euros a los murcianos y "el bulo de 600 millones" solo sería una realidad en caso de que la Comunidad no cumpliera con sus compromisos de pago con el grupo ACS. "Y la Comunidad ha pagado ya 49 millones y está pagando", añadió.

A la pregunta sobre si hay despilfarro con esa infraestructura, contestó: "Vale para abastecer al Campo de Cartagena. Casi nueve mil hectáreas de regadío y mantener cuatro mil puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Díganme si eso es despilfarro".

También negó que esa infraestructura fuera promovida para garantizar el agua a nuevas urbanizaciones, porque el Ente Público del Agua solo suscribe convenios con ayuntamientos y no con empresas ni particulares, salvo en el caso de que el agua sea para regar.

La oposición cree que no aclara nada

Los partidos de oposición aseguraron que el expresidente Ramón Luis Valcárcel no "ha aclarado nada" sobre la desalinizadora de Escombreras durante su intervención ante la comisión.

Los portavoces de PSOE, Podemos y Ciudadanos coincidieron en que Valcárcel ha hablado de una realidad distinta a la que ellos ven, a tenor del análisis de expedientes y análisis realizados por los servicios jurídicos y la Intervención de la Comunidad. "Los informes son bastante contundentes y graves, pero no se han contestado. Tampoco ha hecho referencia a los informes del Tribunal de Cuentas ni a las sentencias de tribunales. Incluso ha puesto en duda informes de la Intervención, cosa que no entendemos", le reprochó Miguel Sánchez, de Ciudadanos. "No nos ha contestado realmente", añadió.

Antonio Urbina, de Podemos, también rechazó que el coste real de la planta sea 180 millones de euros, como destacó Valcárcel. "Nos está costando un millón de euros al mes", dijo el diputado, quien recordó que así queda reflejado en los Presupuestos Regionales de 2016, con una partida de 15 millones para financiar la infraestructura. Además, insistió en que existen demandas judiciales contra la Comunidad que elevan a 600 millones el lucro cesante que reclaman las empresas constructoras, todas ellas del grupo ACS.

Sin embargo, para el portavoz del PP en la comisión, Juan Luis Pedreño, las "manifestaciones del señor Valcárcel están basadas en información veraz" y "rigurosa". "Otra cosa es que no lo queramos ver", reprochó. Pedreño coincidió con Valcárcel en que "mientras no se pague, la desaladora no vale 600 millones de euros. No hay nada que lo sustente. Otra cosa es que haya un contrato suscrito y hayan cambiado las circunstancias".

La declaración de Ramón Luis Valcárcel se prolongó durante casi tres horas en el salón de comisiones Alfonso X de la Asamblea Regional. La última intervención, a modo de conclusión, fue la suya. "Aquí da la sensación de que estamos con algo preconcebido, con un guión escrito, en donde ya hemos decidido la conclusión final de lo que aquí se viene planteando. Llevo muchos años en esto para saber determinadas reacciones", dijo. Después insistió en que todas las operaciones de gestión y funcionamiento de la planta fueron avaladas por el Ente Público del Agua de la Región de Murcia, y que el "2016 puede ser el año de su máxima producción y venta" de agua. Por último, defendió la honradez de quienes tomaron la decisión de construir la desalinizadora: "No voy a ir con la cabeza gacha por hacerla cuando más falta hacía".

Intervenciones de los grupos

Antes de la comparecencia, en una primera ronda de intervenciones, los representantes de los cuatro partidos realizaron a Valcárcel ochenta preguntas para que aclarara si promovió esa obra para beneficiar a desarrollos urbanísticos, si calculó el coste económico que tendría para el erario regional y quién facultó los acuerdos suscritos con el grupo ACS, constructor y explotador inicial de la planta a través de empresas filiales.

El turno de intervenciones lo inició el diputado socialista Jesús Navarro, que sin perder un segundo hizo a Valcárcel medio centenar de preguntas. Entre las cuestiones planteadas destacan los motivos por los que su ejecutivo abordó la construcción de una desaladora de baja producción en un momento en el que la Administración General del Estado promovía plantas de mayor producción en la Región de Murcia y su entorno. Navarro preguntó si el proyecto estaba orientado a garantizar el agua a nuevos desarrollos urbanísticos, principalmente a Novo Carthago (junto a San Ginés de la Jara, en el Mar Menor) y Condado de Alhama, la urbanización promovida por Polaris World en las proximidades de Alhama de Murcia.

El portavoz de Podemos en la comisión, Antonio Urbina, sí contextualizó las actuaciones de la Comunidad Autónoma entre los años 2005 y 2012 para poner en marcha el proyecto de Escombreras utilizando un "entramado" de empresas públicas que luego firman contratos con empresas del grupo ACS, constructor de las instalaciones. Pidió al expresidente que aclare con qué autorizaciones del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma se hicieron las gestiones para promover la desalinizadora, contratar con empresas privadas y avalar préstamos bancarios.

El presidente de la comisión especial de investigación y portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, recriminó a Valcárcel la "mala gestión" de su gobierno con este proyecto. Entre las preguntas planteadas destacó por qué la Comunidad Autónoma adelantó 25 años la compra del 49% de la sociedad promotora que estaba en manos del grupo ACS y si la Empresa Pública del Agua fue creada para sustituir a la Confederación Hidrográfica del Segura a la hora de garantizar el suministro de agua a nuevas urbanizaciones.

Por el Partido Popular intervino el diputado Juan Luis Pedreño, quien en su preámbulo ha criticado el modelo elegido para resolver las preguntas técnicas de los diputados de la novena legislatura sobre la desalinizadora mediante esta comisión de investigación, ya que el expediente administrativo tiene 12.000 folios y "nadie se lo ha leido". También defendió el derecho a ganar dinero de las empresas colaboradoras de la Administración en este proyecto y que gran parte de los informes realizados sobre la planta fueron delegados en expertos externos. "La mayoría de las preguntas que se han hecho habría que preguntárselas a los bufetes que han redactado los contratos", dijo, destacando que los asesores de la Comunidad en todas las operaciones relacionadas con la planta son despachos y gabinetes de gran solvencia. Posteriormente pidió a Valcárcel que aclarara, entre otras cuestiones, en qué contexto decidió construir esa desalinizadora y si conoce si la Comunidad pagó 600 millones por ella.