«Probaremos en Murcia el envío por SMS de las notificaciones judiciales»

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, participó en la intermunicipal del PP, tras la que conversó con 'La Verdad'. Catalá habló de una legislatura de «hechos» y pidió que se aborde el tema del agua «desde el diálogo y el consenso».

- En la Región hubo un refuerzo de la plantilla de su Ministerio con el fin de agilizar en parte la acumulación de causas derivadas de la crisis y los casos de corrupción. ¿Se va a mantener o convertirse en permanente ese refuerzo?

- El pasado año creamos 282 plazas de juez y 65 de fiscal precisamente para atender una carga de trabajo que en España es de unos 8 millones de asuntos anuales. Es cierto que eventualmente existen algunas recargas, como ocurre en el Juzgado de lo Mercantil de Murcia y en algunos juzgados de Primera Instancia o alguno de lo Social. Son medidas estructurales y coyunturales con las que tratamos de atender esa recarga, que ha afectado sobre todo a los órganos de lo Mercantil y lo Social por la crisis. Cuando la presión baje en los próximos años valoraremos si la planta judicial en Murcia necesita ser ampliada. El presidente del Tribunal Superior de Justicia ya nos ha presentado un informe, y yo me he comprometido a que en la próxima ampliación de plazas tendremos muy en consideración la situación de Murcia. La decisión podría tomarse en semanas.

- En Murcia se han producido críticas por la lentitud en la gestión de causas, sobre todo por parte de políticos imputados por corrupción, que lamentan el daño a su imagen que se produce por estas demoras en la tramitación. ¿Se contempla reforzar los juzgados que lleven este tipo de causas?

- Agilizar la justicia pasa también por mejorar las leyes. Estamos reformando la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los 'macrojuicios' desaparezcan: cada delito será una causa y cada causa tendrá su sentencia. También se limitará la instrucción penal a 6 meses para las causas sencillas y a 18 para las complejas, y va a ser posible con medidas como la despenalización de las faltas. También las causas sin autor conocido dejan de tener trámite judicial y se quedan solo en el administrativo.

- ¿En qué consiste ese cambio?

- Si a alguien le roban el móvil y no se sabe quién ha sido no tiene sentido que se inicie una actuación judicial, debe ser un tema policial. Además, la reforma también contempla la agilización de los juicios rápidos, muchos relacionados con alcoholemias. Con todas estas medidas pensamos que se van a poder cumplir los plazos de los que hablábamos para las instrucciones.

- La Región fue pionera en la puesta en marcha de iniciativas del Ministerio como la Oficina Judicial. ¿Se probarán también aquí estas modificaciones?

- Siempre hemos utilizado Murcia para probar la modernización organizativa y tecnológica de la Administración de Justicia. Sigue gestionada por el Ministerio y eso nos ha permitido realizar estas experiencias piloto. Y así vamos a seguir haciéndolo. Por ejemplo, con las notificaciones vía SMS o la nueva plataforma de gestión procesal.

- Como miembro del Gobierno, ¿cree que el Estado debería ser más contundente a la hora de defender sus competencias, como es en el caso de la política hidrológica?

- El agua es un tema importantísimo en España, pero no solo en el caso del suministro. Aquí o en Valencia es un factor de desarrollo económico. Nosotros lo abordamos desde una perspectiva nacional integrada, nunca como un elemento de lucha entre comunidades. Sabemos que necesitamos soluciones complejas, por lo que hacemos una gestión integral dentro del marco normativo.

- Pero tras cuatro años de mayoría absoluta del PP no se ha abordado el Plan Hidrológico Nacional...

- Se han hecho los planes de todas las cuencas hidrográficas. También se han gestionado los recursos en un año extraordinario por la sequía. Tenemos muy clara la idea de que vamos a aprovechar desde la solidaridad y la visión estatal este recurso, nunca desde regionalismos y visiones egoístas y particulares.

- Ha habido críticas al cambio legislativo sobre los terrenos pasto de incendios forestales, y se ha pedido más contundencia con los pirómanos en el Código Penal.

- Pues la izquierda nos acusa de haber endurecido el Código Penal.

- Pero esas voces surgen también de alcaldes de su partido que han padecido la acción de los pirómanos recientemente...

- Hemos reforzado las penas para estos casos. El que un terreno objeto de un incendio pueda ser objeto de aprovechamiento urbanístico ya no está en el ámbito penal. Son los ayuntamientos y las comunidades autónomas las que pueden blindar estos terrenos.

- ¿Seguirán los imputados siendo imputados?

- Ahora son investigados, en un intento de trasponer a España una directiva comunitaria y para evitar una contaminación terminológica. Alguien que comparece por vez primera en un juicio tiene derecho asistido en su defensa. Y con nuestra actual legislación se le denomina imputado, y la población tiene la idea de que es una especie de preculpable o presunto culpable, algo que atenta contra la presunción de inocencia.

- ¿Podremos seguir publicando sumarios bajo secreto?

- La revelación de secretos es un delito. Dicho eso, hay que investigar quién es el responsable, y no creo que los medios de comunicación sean los responsables primarios de esta revelación. Creemos en la libertad de información, y vamos a garantizar los derechos de las personas que participan en los procesos. En una democracia hay que equilibrar el derecho a la información con el de la presunción de inocencia o la intimidad.