Hasta 135 jueces de violencia de género, cinco de ellos de la Región, alertan del riesgo de «colapso total» si amplían su labor
Un comunicado conjunto de estos profesionales advierte de que la «reforma a coste cero» del Ministerio podría dejar desprotegidas a las víctimas de maltrato
Hasta 135 jueces y juezas especializadas en Violencia sobre la Mujer han unido su voz para advertir de que la nueva Ley de Eficiencia Procesal, que amplía las competencias de estos órganos -deberán entender, en unos meses, de otra serie de delitos, como los sexuales-, supondrá un «colapso total» si no viene acompañada de una mayor dotación de medios. El escrito va suscrito, entre otros, por las titulares de los juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer de Murcia y Cartagena, Nerea Cavero, Fátima Saura y Cintia Martínez, respectivamente; por el titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Totana -con competencias en esta materia-, Alejandro Goicochea; y por la magistrada Virginia Bombín, que durante muchos años ejerció su labor al frente de uno de los juzgados exclusivos de la capital.
Las quejas de los magistrados que batallan contra la violencia de género vienen motivadas por la reforma que trae de la mano la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta contempla que, a partir de septiembre, además de los delitos de maltrato en el ámbito de la pareja o expareja, estos juzgados se hagan cargo de otros delitos que afectan a las mujeres, como agresiones sexuales, acoso sexual, matrimonios forzados o la trata de seres humanos, de los que hasta ahora se encargaban los órganos de instrucción. Algunos de estos profesionales ya alertaron hace semanas a LA VERDAD de que esta reforma, a su entender, podría perjudicar la atención a las víctimas de malos tratos.
«El efecto inmediato de la reforma va a ser el colapso total de unos juzgados ya de por sí sobrecargados, en una materia tan sensible como es la relacionada con la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres y de sus hijos e hijas», remarcaron estos profesionales este lunes en un comunicado conjunto. Los firmantes advierten de que la reforma «supone un salto cualitativo y cuantitativo en el ámbito de la competencia objetiva y subjetiva de unos juzgados ya de por sí saturados. Denuncian que se trata de »una reforma a coste cero que, según los cálculos del Ministerio de Justicia, va a suponer un aumento de la carga de al menos el 20%«.
Ante las reticencias mostradas ya desde hace meses por estos profesionales, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, avanzó que en los próximos meses se transformarán algunos juzgados de instrucción en juzgados de violencia de género y se ampliarán los recursos de estos órganos. En el comunicado los jueces de violencia de género advierten, sin embargo, de que la entrada en vigor de ese aumento de competencias tendrá lugar el próximo 3 de octubre, tres meses antes de la fecha prevista con carácter general para que entren en funcionamiento las secciones, el 31 de diciembre de 2025. «Es decir, que esas supuestas 'facilidades' para la asunción de la competencia no son reales», lamentan.
En el escrito estos profesionales subrayan que «se va a producir un significativo paso atrás en la lucha contra la violencia de género, que puede generar espacios de desprotección y riesgo para las mujeres víctimas de dicha violencia y sus hijos e hijas, ante la imposibilidad material de poder atender de manera pormenorizada y detallada cada asunto civil y penal».
