Hasta 123 jueces de violencia de género, cuatro de ellos de la Región, alertan del riesgo de «colapso» cuando amplíen su labor
Un comunicado conjunto de estos profesionales advierte de que la falta de dotación del Ministerio para hacer frente a la reforma podría dejar desprotegidas a las víctimas de maltrato
Hasta 123 jueces y juezas especializadas en Violencia sobre la Mujer han unido su voz para advertir de que la nueva Ley de Eficiencia Procesal, ... que a partir de este viernes amplía las competencias de estos órganos -que deberán asumir otra serie de delitos, como los sexuales-, supondrá un «colapso» al no venir acompañada de una mayor dotación de medios. El escrito va suscrito, entre otros, por las titulares de los juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer de Murcia y Cartagena, Nerea Cavero, Fátima Saura y Cintia Martínez, respectivamente; y por la magistrada Virginia Bombín, que durante muchos años ejerció su labor al frente de uno de los juzgados exclusivos de la capital.
En el comunicado, los magistrados explican que este 3 de octubre entra en vigor la reforma que trae de la mano la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta contempla que, además de los delitos de maltrato en el ámbito de la pareja o expareja, estos juzgados se hagan cargo de otros delitos que afectan a las mujeres, como agresiones sexuales, acoso sexual, matrimonios forzados o la trata de seres humanos, de los que hasta ahora se encargaban los órganos de instrucción. Algunos de estos profesionales ya alertaron hace meses a LA VERDAD de que esta reforma, a su entender, podría perjudicar la atención a las víctimas de malos tratos.
Estos profesionales ya dejaron patente hace meses su temor a que esta reforma implicara una desprotección de las víctimas de malos tratos. Para atender esta denuncia, el Gobierno aprobó el 3 de junio la creación de medio centenar de plazas judiciales especializadas, lo que supone un incremento del 42% respecto a las existentes hasta ahora, según explicaron fuentes del Ejecutivo estatal.
«Mínimas condiciones de dignidad»
Los jueces de Violencia sobre la Mujer sostienen, sin embargo, en su escrito que «no sólo no se ha creado ese 50% de plazas prometido -en la mayoría de los partidos judiciales nada se crea-, sino que a día de hoy ni siquiera se han dotado a los juzgados de los refuerzos que también se prometieron hasta que se crearan esas plazas, el 1 de enero de 2026». Esos refuerzos, sostienen los magistrados, «ahora se van a limitar a comisiones de servicio sin relevación de funciones, esto es, nombrar jueces que, además de su trabajo, saquen parte del papel que se acumula en estos órganos judiciales. Nada que implique su presencia física en los mismos».
Con estos mimbres, advierte este colectivo, «la realidad es que en la mayoría de los partidos judiciales no se han adaptado las sedes para poder llevar a cabo esa labor en unas mínimas condiciones de dignidad y confort para las mujeres y sus hijos e hijas». Además, incide, «no han aumentado los servicios auxiliares que nos permitan llevar a cabo nuestra labor, con más forenses, personal en los órganos judiciales y en las oficinas de atención a las víctimas, así como en el servicio de asistencia jurídica».
Los jueces recalcan, por último, que «esta vez no podremos abarcar todo lo que se avecina, porque es inasumible. No podremos seguir realizando nuestra labor a costa de nuestro sacrificio personal, porque ni siquiera eso será suficiente».
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