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La Región de Murcia está dejando escapar una oportunidad económica verde por la imposibilidad de gestionar en origen la biomasa forestal. Por este motivo, el ... Gobierno autónomo trabaja en un proyecto para crear una planta de tratamiento de estos residuos vegetales en la comarca del Noroeste, el territorio más arbolado de la Comunidad. Para poner en marcha esta nueva instalación, la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ha solicitado financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Estado.
El objetivo que se busca con la iniciativa denominada Green Boost es «impulsar la bioeconomía mediante el aprovechamiento sostenible e integral de la biomasa», informan a LA VERDAD fuentes del Ejecutivo autonómico. De hecho, la Región exporta anualmente 30.000 toneladas a Marsella (Francia), Cerdeña (Italia) y Copenhague (Dinamarca) a través del puerto de Cartagena.
La planta proyectada, para la que se opta a dos millones de euros de fondos Next Generation, tendría una capacidad de generación de diez megavatios que suministraría calor industrial, aunque la potencia podría aumentarse en función de la demanda. Las instalaciones tendrían que estar terminadas en el plazo límite del 31 de diciembre de 2025, según las condiciones de la convocatoria pública.
El plazo de presentación de solicitudes se cerró el pasado 30 de junio y los proyectos presentados aún se están evaluando.
Junto a la Comunidad Autónoma, concurren como socios en el proyecto Green Boost la Asociación de Propietarios Forestales de la Región (Profomur), empresas murcianas de silvicultura y de explotación forestal, la Universidad Politécnica de Valencia y el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes.
El modelo de gestión –público, privado o mediante concesión– aún no se ha determinado.
La principal utilidad de la biomasa forestal es la generación de energía mediante su conversión en electricidad o calor con calderas, en viviendas o edificios, así como en plantas industriales.
«El aprovechamiento de la biomasa aporta numerosos beneficios relacionados con el fomento de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. La generación de energía con biomasa también contribuye a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta energía renovable y verde se quedaría en la Región», argumenta la Consejería de Medio Ambiente.
El tratamiento de la biomasa forestal fomentaría la creación de puestos de trabajo, «y con ello un mayor desarrollo rural con nuevas actividades económicas para mitigar la despoblación en áreas rurales. También contribuye a prevenir incendios forestales, evitando las quemas de rastrojos al convertirse éstos en un recurso valioso», añade.
El Gobierno regional confía también «en la capacidad de negocio que puede generar la producción de biomasa, gracias a la atracción de entidades vecinas en territorios limítrofes».
El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, afirma que «contar con una planta de tratamiento de biomasa en la Región es la manera de generar un ciclo integral de economía verde y supone la fórmula para conseguir la sinergia perfecta de gestión energética industrial y medioambiental».
La Región de Murcia es una de las comunidades autónomas con mayor superficie forestal de España: 511.364 hectáreas, de las que más de 308.000 (el 60,2%) están arboladas. De este modo, la superficie forestal de la Comunidad es superior a la del País Vasco (491.786 hectáreas), Madrid (438.262) o Cantabria (364.317), entre otras.
Los municipios del Noroeste –Caravaca de la Cruz, Moratalla, Cehegín, Calasparra y Bullas– acogen gran parte de estos espacios boscosos, con una superficie forestal conjunta que asciende a 141.331 hectáreas –el 28% del total–.
En los últimos años, el Gobierno regional ha aprobado planes técnicos de gestión forestal sostenible equivalentes a un 96,86% de los montes de titularidad pública. Esta cifra sitúa a la Región a la cabeza en cuanto al porcentaje de superficie forestal pública ordenada, asegura la Consejería de Medio Ambiente.
El proyecto Green Boost nace para la «transformación del sector forestal murciano, dando un impulso a la gestión de los montes, al asociacionismo y a la producción de energía verde mediante acciones desempeñadas por distintas entidades especializadas», explica a este diario el Gobierno regional.
Para conseguirlo, «el proyecto integra el conocimiento científico y técnico y la creación de una red experimental para desarrollar acciones de gestión forestal sostenible».
Otras metas de este consorcio son la digitalización de recursos forestales, como herramienta de optimización de gestión del conocimiento; la creación de un centro tecnológico forestal como lugar de referencia en la Región para el asociacionismo; la formación y capacitación del sector forestal; la mejora de la gobernanza forestal mediante el fomento de la planificación y la certificación de la cadena de valor del aprovechamiento sostenible de los bosques; la implantación de una planta de producción de energía verde a partir de bioproductos, que favorecerá el emprendimiento verde, la transición ecológica y la reducción de la huella de carbono; y la formación de un comité científico-técnico para consolidar el carácter transformador del proyecto de bioeconomía forestal y el reto demográfico, según la memoria del proyecto presentado a la convocatoria de los fondos Next Generation.
La Consejería de Medio Ambiente se ha acogido a una convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad (organismo dependiente del Miteco) destinadas a proyectos transformadores para la promoción de la bioeconomía ligada al ámbito forestal y la contribución a la transición ecológica y el reto demográfico. Los 77 millones con los que cuenta este programa de ayudas públicas permitirán financiar hasta en un 95% los proyectos mejor valorados, que podrán ser impulsados por entidades y organizaciones de manera individual o conformando agrupaciones de hasta seis sociedades. Las subvenciones, enmarcadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ascienden a entre 100.000 euros y dos millones. Se exige que los proyectos cuenten con la participación de una entidad científica.
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