Antonio Vercher: «La contaminación de Portmán fue un caso de corrupción pura y dura»

–Cuando asumió el cargo hace dieciséis años enumeró en una de sus primeras entrevistas delitos ambientales que aún persisten: contaminación, incendios provocados, urbanismo ilegal...

–Sí, esto es como el Eclesiastés, en el Antiguo Testamento: no hay nada nuevo bajo el sol. Parece que estamos casi igual porque seguimos con las extracciones ilegales en las Tablas de Daimiel, en Doñana...

–¿Y no es dramático que algunas lacras no se hayan resuelto desde entonces?

–Lo único positivo es que se está dando caña, lo que pasa es que supongo que los intereses económicos son de tal calibre que hay una resistencia, y luego también influye el hecho de que estos no son los delitos tradicionales que todo el mundo tiene asumidos. Yo creo que hay ciertos sectores en la sociedad que tienen determinados intereses económicos vinculados al medio ambiente que se resisten a poner un poco de orden.

–Su libro puede leerse como una memoria ambiental de España en las últimas dos décadas.

–He tratado los temas donde me parece que hay más ambigüedad o son más complicados, y casi todos tienen que ver directa o indirectamente con las empresas, por eso el libro lo titulo así, pero lo primero que dejo claro es que el medio ambiente tiene tanto reconocimiento constitucional como la actividad empresarial, a eso dedico 50 o 60 páginas. Después de mucha información analizada, muchos datos de sentencias y mucho contraste, llego a la conclusión de que el medio ambiente prevalece sobre el desarrollo económico, algo que establece de manera muy clara el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque sea por una estricta cuestión de supervivencia.

–Sin embargo, hasta no hace mucho tiempo algunos dirigentes políticos y empresariales de la Región de Murcia se han referido públicamente al medio ambiente como un estorbo para el desarrollo económico.

–Es sorprendente lo de Murcia, una comunidad por la que siento especial cariño y donde tengo grandes amigos, pero me quedo verdaderamente impactado con determinadas decisiones que se han tomado históricamente a nivel empresarial, y además avaladas totalmente por el contexto administrativo y político.

–¿A qué se refiere?

–Ahí tienes el problema del Mar Menor y la agricultura intensiva y lo que ha pasado con las 8.000 hectáreas de regadío ilegal. Yo soy de una comunidad hermana de Murcia, y no digo que aquí no tengamos esa casuística, pero aquí es un poco más 'light'.

–¿Qué ha fallado a nivel legal, administrativo o social para que un espacio natural como el Mar Menor se encuentre en este proceso de degradación?

–Creo que ha habido una visión de conjunto totalmente unidireccional y no se ha reaccionado hasta que la cosa se ha puesto como se ha puesto. Yo creo que en Murcia no había voces discrepantes, o sí las había pero eran absolutamente minoritarias. Y he visto casos de gente trabajando en cultivos intensivos ilegales que posteriormente iban a las manifestaciones, y eso no me acaba de encajar. No daré nombres pero es así.

–¿Cree que la ley de personalidad jurídica ayudará a la protección del Mar Menor, que será una herramienta legal útil?

–Es difícil saberlo, pero sí veo unas buenas intenciones extraordinarias y eso para mí es importante. Resultaría preocupante que la gente no se comprometiera ni se lanzara a buscar nuevas opciones y posibilidades. El simple hecho de que se haya aprobado ya es algo enormemente positivo.

–Afirma que los conflictos derivados del urbanismo, particularmente en los ayuntamientos, han sido el principal quebradero de cabeza de los fiscales de Medio Ambiente.

–La creación de esta fiscalía se debió a un problema de urbanismo, porque se vio que había muchos casos de blanqueo, sobre todo de dinero procedente de la droga y de otras actividades ilegales a través de mafias. Creo que se ha puesto bastante orden. A través de diferentes informes comprobamos que la mayor fuente de ingresos de los ayuntamientos en España era el urbanismo, una actividad económica que se convirtió en una de las grandes fuentes del Producto Interior Bruto, lo cual es absolutamente alucinante. Poco a poco se ha ido introduciendo cierta sensatez, pero en esa época era preocupante.

–En el libro se refiere al urbanismo caótico que altera la ordenación del territorio y que deja a la población a merced de riadas y otros fenómenos naturales, como ocurrió en Lorca, en el Mar Menor y más recientemente en Murcia.

–Efectivamente, el urbanismo ilegal cuesta vidas humanas. Casi todos los años hay riadas por gota fría que ya sabemos que están totalmente ligadas al cambio climático. Pero no solo la construcción caótica es mortal, sino otros fenómenos relacionados con la protección del medio ambiente, como los incendios: en la Sierra de la Culebra hubo cuatro muertos el verano pasado.

–Seguimos viendo esqueletos de edificios ilegales que llevan décadas plantados, por ejemplo en La Manga, y también el emblemático hotel El Algarrobico [en Carboneras, Almería], que sigue sin ser demolido 16 años después de que se paralizasen las obras. ¿Qué mensaje se está transmitiendo a la sociedad?

–Tan mal no va la cosa: se acaba de demoler la estructura de un hotel en la costa de Elche [Arenales del Sol] y donde antes había ladrillos ahora hay dunas. También hay que tener en cuenta un contexto turístico importantísimo que en los años 70 y 80 determinaba la necesidad de construir por la necesidad de alojar a la gente que venía de fuera. Todo eso provocó verdaderos abusos, pero el urbanismo todavía no era delito; y aunque el delito urbanístico se perfila a partir del año 1995, en una circular de la Fiscalía General ya se advertía de que se estaban produciendo auténticas barbaridades a nivel local que podían considerarse estafas, fraudes y apropiaciones indebidas. Recuerdo un artículo periodístico de esa época en la que se decía que mover una rayita en un planeamiento urbanístico costaba millones.

–Sin embargo, da la sensación de que cuesta mucho ordenar una demolición en España.

–Salimos a una media de 150 demoliciones al año por la vía penal, o sea que no es tan infrecuente.

–En el contexto europeo, ¿en qué situación se encuentra España en cuanto al cumplimiento de la legalidad ambiental?

–No estamos tan mal, en Europa no estamos rodeados de santos precisamente. Hacer una comparación entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea o los 46 del Consejo de Europa es complicado. En España, igual que en Italia, Grecia y los países de nuestro contexto territorial, también América Latina, donde la naturaleza es infinitamente más dadivosa, hay más tendencia al abuso porque tanto en Valencia como en Murcia, en determinados supuestos y para algunos cultivos, obtienes fácilmente tres cosechas al año. Esto no ocurre en ningún país escandinavo, ni en Canadá ni en Siberia, lo cual determina la actitud del ser humano en relación con la naturaleza.

–Arrastramos todavía pecados ambientales de otros tiempos, como la degradación de la bahía de Portmán, que sigue contaminada más de treinta años después de que se cortara el vertido de residuos mineros. Y la empresa causante del deterioro ambiental no pagó ni un céntimo.

–La contaminación de Portmán fue un caso de corrupción pura y dura: la licencia administrativa se dio a partir del momento en que intervino cierto señor y luego los requisitos, entre comillas, de la Administración para que pudiera funcionar la empresa francesa Peñarroya, que por cierto tomó el nombre de un pueblo minero de Córdoba, los pasó por alto la propia administración. Este asunto se absolvió en primera instancia pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Murcia, en una excelente sentencia, dijo que había un delito como la copa de un pino por deterioro irreversible o riesgo de deterioro irreversible y catastrófico, por lo cual la pena podría llegar a seis años de cárcel. Hubo una absoluta tolerancia de la Administración.

–La proliferación de plantas fotovoltaicas está causando una cierta alarma social...

–Ya estamos recibiendo denuncias y hay algún problema con esto. Se trata de proyectos que se irán reajustando a medida que avancen. Estos sectores sociales que empiezan a responder son muy necesarios porque permiten introducir elementos comparativos y cuestionar determinadas iniciativas que desde el punto de vista del progreso se presentan como positivas.

–¿Qué ha supuesto para la protección del medio ambiente en España la integración en la Unión Europea?

–Ha sido importantísimo, ya no solo para las aves y otros animales, que no conocen fronteras. En los últimos años se han aprobado directivas en materia de contaminación de enorme calado que nos obligan de una manera clara.

–¿Pueden llegar a todo los fiscales de Medio Ambiente?

–Esta materia y la complejidad que conlleva requiere más personal y más medios; ahí es donde estamos teniendo más complicaciones. Se creó la institución, pero el trabajo y sus necesidades han ido evolucionando y creciendo.