Deberes pendientes ante una Europa que vigila la protección ambiental

Cuando termine la próxima legislatura europea dentro de cinco años, los estados miembros deberán haber acabado con la sobreexplotación de los recursos naturales y con la contaminación de la tierra y el agua, deberán recuperar espacios naturales o ríos dañados y mejorar el estado de salud de los bosques. Es la estrategia hasta 2030, germen del Pacto Verde Europeo, que además pretende alcanzar la cifra de un 30% de espacios protegidos y al menos restaurar un 20% de las áreas terrestres y marinas de la UE, con la idea de llegar a todos los ecosistemas en 2050.

La Región de Murcia tiene casi un cuarto de su territorio dentro de la Red Natura 2000, la figura de protección ambiental europea más importante, que cuenta con 24 zonas de especial protección para aves (ZEPA) y 49 Lugares de Interés Comunitario (LIC). Son 266.681 hectáreas terrestres y 27.502 hectáreas de superficie marina, más los valles sumergidos del escarpe de Mazarrón (que gestiona el Estado), bajo la vigilancia de Bruselas.

«La Unión Europea se encuentra en estos momentos en un impasse», señala el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia y experto en legislación ambiental, Santiago Álvarez. Los resultados de las próximas elecciones al Parlamento europeo que se celebrarán en España el 9 de junio —el mismo día en que festejamos el día de la Región— determinarán «o bien el abandono progresivo de los objetivos fijados en el Pacto Verde si resultan vencedoras las opciones más conservadoras o, por el contrario, el mantenimiento de los objetivos fijados para una transición ecológica que debe ir paralela a la energética y la digital».

La piedra angular de la próxima legislatura será la Ley de Restauración de la Naturaleza, cuya tramitación está paraliza aunque fuera aprobada por el Parlamento europeo y respaldada por la Comisión Europea. Si finalmente saliera adelante, en función de las mayorías políticas que se configuren, Álvarez apunta que la Región de Murcia «se verá compelida a modificar su posición negacionista en materias como el cambio climático y la protección de la biodiversidad». En otro caso, subraya el profesor, «profundizaremos en el actual desmantelamiento de la Administración regional ambiental y aceleraremos el proceso de liberalización que sacrifica la conservación de nuestro medio natural».

Si algo ha marcado la recta final de esta legislatura que muere en junio es la condena a España del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no luchar contra la contaminación por nitratos agrícolas, que ha terminado por perjudicar al Mar Menor. España tiene abiertos en Europa 22 expedientes sancionadores por incumplimiento de las directivas ambientales, y la Región de Murcia está en el foco por los nitratos, por el retraso en la normatica de hábitats y por la gestión de residuos. Este último también ha acabado en denuncia ante TJUE.

Rubén Vives, integrante de Ecologistas en Acción, recuerda que, doce años después, los planes de gestión que deben poner orden en los espacios de Red Natura 2000 no están acabados, y los que sí lo están «apenas se han desarrollado sus medidas de actuación». El Consejo Económico y Social remarcó en un reciente trabajo sobre el patrimonio natural de la Región que estos planes «llevan un considerable retraso con respecto a las obligaciones emanadas de la normativa europea».

Con el cambio climático, «no somos conscientes de la que se nos viene encima, y la Comunidad está remando en contra», añade Vives, «hay que cumplir, cumplir y cumplir; tenemos que aprobar esos planes, llevarlos a cabo con un presupuesto concreto y aumentar el área protegida». Europa, remarca, pide saber si la gestión en los territorios protegidos «ha tenido éxito y han aumentado, por ejemplo, la población de especies de flora y fauna protegidas».

Las políticas y las medidas adoptadas por la UE en materia de medio ambiente y cambio climático «afectan a la Región, y esto se traduce tanto en oportunidades como en desafíos», comenta Raquel Jódar, presidenta del Colegio de Ambientólogos. ¿Oportunidades?: Reducir emisiones y desarrollar energías renovables, mejorar la resiliencia del sector agrario frente a los desafíos climáticos con prácticas más sostenibles, restaurar ecosistemas (río Segura, bosques repoblados, el entorno del Mar Menor, la Sierra Minera, la Bahía de Portmán), «sin olvidar la posibilidad de implantar nuevas tecnologías con bajas emisiones de carbono en la industria, proyectos para captura y almacenamiento de CO2 o fomentar la Economía Circular con Fondos de Innovación de la UE».

¿Desafíos? La gestión de los recursos hídricos limitados y una alta demanda agrícola en la Región obliga a pensar en un «tema crítico»: la gestión sostenible del agua. «Serán necesarias inversiones significativas y cambios en ciertas actividades económica para adaptar las industrias tradicionales a los estándares medioambientales más estrictos, y promover prácticas como la agricultura de conservación, el uso eficiente de los recursos, la diversificación de cultivos y la reducción del uso de pesticidas y fertilizantes», detalla Jódar.

«Sin Europa no habría nada en regiones como la nuestra». Así de claro se muestra Pedro García, director de ANSE, que ve en el proyecto de El Gorguel, de actualidad estos días tras el 'no' del Gobierno central, un «claro ejemplo» de como gran parte de la clase política y empresarial tratan al medio ambiente como «una anécdota». «Para ellos, las leyes europeas de conservación de la naturaleza no son suficientes para impedir un proyecto incompatible con esa legislación», enfatiza.

García remarca que la Región «tiene parte de los mejores ejemplos de graves impactos ambientales en España y Europa por el desinterés político; pero también de los mejores ejemplos en restauración gracias a los fondos europeos». Feder, Next Generation o el programa Horizonte 2030 «ayudan a coofinanciar la mayoría de las inversiones para acabar con los grandes problemas de degradación del pasado».

El Partido Popular presenta el agua como punta de lanza de su política ambiental. La formación buscará fondos europeos para «impulsar el Pacto Nacional del Agua para asegurar que los recursos hídricos llegan a todo el territorio». Esas ayudas económicas también servirían para «inversiones hídricas» junto con un plan estratégico de depuración de aguas.

En fiscalidad ambiental, el PSOE propone impuestos y desgravaciones para lograr que «las empresas sean más respetuosas» con la naturaleza, aumentando «el coste de las actividades contaminantes e internalizando el coste social y medioambiental». El principio de 'quien contamina paga' promoverá un modelo económico que aumentará la capacidad fiscal para hacer frente a los desafíos climáticos.

Podemos pretende mejorar la Ley de Restauración de la Naturaleza «para que las instituciones europeas lideren la recuperación del Mar Menor, la bahía de Portmán o la Sierra Minera». La solución para el partido «solo puede venir de la presión ciudadana y de Europa».

Sumar, que alerta sobre «el retroceso de la política climática en la UE», defenderá mayores reducciones de emisiones, crear refugios climáticos y aplicar la Ley de Restauración de la Naturaleza al Mar Menor y a Portmán.

Vox opta por todo lo contrario, y buscará la derogación del Pacto Verde Europeo, la Ley Europea sobre el Clima o el reglamento sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios.