El ingreso mínimo vital reduce la probabilidad de trabajar un 12%
La Autoridad Fiscal pide reformular el incentivo al empleo para recortar el desincentivo de los trabajadores
El incentivo al empleo del Ingreso Mínimo Vital (IMV) no funciona. Esta es la principal conclusión de la cuarta opinión de la Autoridad Independiente de ... Responsabilidad Fiscal (Airef) tras el análisis de una de las medidas estrella del actual gobernador del Banco de España y por aquel entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. «Es un problema de diseño», aseguró Cristina Herrero, presidente de la Airef en la rueda de prensa de presentación de su informe.
La penúltima evaluación -en 2026 se producirá la última opinión- revela que el IMV reduce la probabilidad de trabajar entre los perceptores en un 12%. Un mal que también se da «en mayor o menor medida en el resto de países», pero que no deja de ser un problema. A finales de 2022 el Gobierno trató de revertir la situación al permitir a estos perceptores compaginar la prestación con un empleo y «aumentar sus ingresos» -defendió José Luis Escrivá en la defensa del real decreto en 2022-. En 2023 el Gobierno aprobó el llamado incentivo al empleo del IMV para, por un lado, mejorar los ingresos y, por otro, reducir ese desincentivo. Sin embargo, el porcentaje permanece invariable, según los datos de la Airef. Esta cifra se dispara hasta el 20% en el caso de las prestaciones más altas, los hogares monoparentales y los más jóvenes. «No se ha conseguido eliminar ese efecto desincentivador y no se ha mostrado eficacia de este mecanismo», destacan los responsables de la Airef.
Fuentes de este organismo aseguran que el departamento de Elma Saiz defiende que esta medida «lleva poco tiempo y hay que darle más rodaje»; sin embargo, Herrero defiende que «los problemas de diseño son los causantes».
No obstante, el IMV y este incentivo aumenta la probabilidad de tener un contrato indefinido entre los beneficiarios y también aumenta el salario mínimo a partir del cual un empleado estaría dispuesto a aceptar un trabajo. Además, también facilita el rechazo de los empleos precarios y permite búsquedas laborales más selectivas. Todo ello no impide, según las conclusiones de la Airef, que se revise la totalidad del diseño porque «utiliza una información fiscal desfasada y no tiene elementos que fomenten que se incorporen antes al mercado laboral y tampoco tiene una duración determinada».
La Airef también centra su análisis en el tiempo de permanencia en la prestación. Según sus datos, el 90% de los beneficiarios recibe la prestación más de 12 meses, baja al 75% a los dos años y cae hasta el 60% a los tres ejercicios.
El organismo presidido por Herrero también destaca que en los últimos años la tasa de potenciales perceptores de esta ayuda, tanto IMV como complemento de ayuda a la infancia (CAPI), se mantiene en porcentajes elevados aunque invariables en el 55% para el IMV y el 72% para el CAPI. «Hay todavías muchas barreras administrativas que impiden el acceso a estas ayudas. Es necesaria una reformulación», destacó Herrero. De hecho, en una de sus cinco propuestas, Herrero traslada al Ejecutivo que el CAPI se ha de otorgar de oficio unido al Registro Civil.
La Airef denuncia al Gobierno ante la Abogacia del Estado por «atentar contra su independencia»
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha remitido una consulta a la Abogacía del Estado en relación con varios encargos recibidos por parte del Gobierno, entre ellos uno reciente vinculado a la regla de gasto aplicada a las pensiones. Según declaró su presidenta, Cristina Herrero, estos encargos comprometerían la independencia y la capacidad de gestión de la institución, aspectos que están protegidos por la legislación vigente.
Herrero expresó su desacuerdo especialmente con el encargo adicional que les solicita analizar la regla de gasto en pensiones para el año 2026. «No comprendemos esta petición», afirmó, subrayando que su evaluación sobre la reforma del sistema de pensiones no ha cambiado en los últimos tres años. «El diagnóstico se mantiene estable. No entendemos bien cuál es el objetivo de este nuevo análisis», dijo la economista, reiterando sus críticas a la regla de gasto acordada en la reforma con Bruselas, al considerar que no refleja adecuadamente la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
«Llevo tiempo advirtiendo sobre la necesidad de frenar esta tendencia», ha insistido la presidenta de la AIReF, quien ha advertido de que esta situación está afectando negativamente al funcionamiento interno, la gestión independiente y la misión de la institución.
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