BBVA retira el recurso contra el Gobierno que presentó en el Supremo por su intervención en la opa

Fuentes de la entidad han confirmado «que ha desistido del recurso presentado ante el Tribunal Supremo dado que el objeto principal del mismo era anular la condición del Consejo de Ministros, que ha perdido su vigencia al no haber prosperado la opa». Las medidas de Moncloa afectaban a la operativa del banco en el caso de que se hubiera hecho con el Sabadell, y dado que la oferta quedó sin efecto, ya no se hace necesario materializar las sinergias de una fusión.

Aun así, fuentes legales aseguran que BBVA sigue manteniendo su interpretación legal de los hechos y tiene el convencimiento de que la actuación de Gobierno no fue de acuerdo a derecho. Un posicionamiento que ha recogido en el propio escrito de desestimiento.

Las medidas fueron aprobadas en junio por el Consejo de Ministros y se introdujeron en lo que se conoce como 'fase 3'. El paso en el que el Ejecutivo, según la Ley de Competencia, puede modificar las condiciones que la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya impuesto a una operación de integración empresarial, si ve amenazado el «interés general». La prohibición de la fusión de ambas entidades fue adoptada, además, tras la celebración de una consulta pública sobre la opa sin precedentes.

Según BBVA, la acción del Gobierno para modificar las condiciones de Competencia solo tiene sentido si es para aliviarlas, precisamente en defensa del «interés general», pero no para endurecerlas.

Lo que sí sigue abierto por el papel del Gobierno de España en la opa es el expediente que abrió la Comisión Europea precisamente contra este procedimiento. Bruselas ha reclamado explicaciones al Ejecutivo central por la legislación en la que se apoyó para adoptar esa prohibición de una fusión de ambos bancos. La Comisión cuestionó el encaje legal de esa normativa con la legislación comunitaria.

El Gobierno trasladó explicaciones y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló que se trata de normativa que se viene aplicando desde hace varios años sin que hayan surgido problemas y, además, se mostró convencido de que es plenamente compatible con las leyes europeas.