El Gobierno encalla en su compromiso de que los autónomos coticen por sus ingresos reales

Así, mientras el Ministerio de Hacienda da los primeros pasos para aprobar, en contra de su voluntad inicial, una nueva prórroga de los módulos para 2026 -la tercera consecutiva-, el bloqueo actual en la negociación entre el departamento de Seguridad Social y los sindicatos y la patronal da alas al colectivo para presuponer que en 2026 mantendrán las mismas cuotas que este año.

El problema de fondo es la falta de consenso por todos los frentes, tanto en el Parlamento -por donde tiene que pasar esta nueva norma-, donde la mayor parte de los partidos se ha posicionado en contra de una subida de las cotizaciones a los autónomos, como entre las organizaciones de trabajadores y las principales organizaciones de autónomos. Es más, el periodo electoral que inicia Extremadura el próximo 21 diciembre y continuará el año que viene en Madrid y previsiblemente Castilla y León supondrá otro palo en la rueda para avanzar hacia una cotización en función de lo que realmente ingresan los autónomos, puesto que los partidos políticos saben que suponen un colectivo de votos importante.

Por ello, aunque el Ministerio de Seguridad Social comenzó con intensidad la negociación el pasado 13 de octubre al plantear un fuerte incremento de las cuotas de 3,5 millones de emprendedores, en mayor medida incluso para los que menos ganan, el fuerte rechazo que provocó esta propuesta (tanto a la izquierda como a la derecha) tuvo un efecto inmediato: pasar de una oferta de máximos a una de mínimos, en la que apostó por una subida insignificante de entre 3 y 15 euros al mes.

Por el momento, lo único que está claro es que pueden tributar por módulos aquellos profesionales cuyos ingresos en el año previo no superasen los 250.000 euros, según se desprende de la orden ministerial que establece las actividades que pueden acogerse a este sistema y que se encuentra en audiencia pública. Pero quedan en el aire los límites de ingresos para tributar por este régimen a cuarenta días del nuevo año fiscal.

Esta situación se ha convertido en un 'déjà vu' para el colectivo. Desde 2016 el Gobierno ha prorrogado anualmente el sistema de módulos a través de un real decreto que recoja el mantenimiento de los límites ampliados de 125.000 y 250.000 euros, según si se factura a otras empresas o a particulares. Pero la endiablada aritmética parlamentaria no garantiza su convalidación. En caso de que no reciba el visto bueno del Congreso, los límites para aplicar el sistema de estimación objetiva y el régimen simplificado de IVA decaerían hasta el nivel de 2015, cuando se situaban en 75.000 euros si se tienen en cuenta las operaciones con obligación de expedir factura; o de 150.000 euros para el resto, lo que supondrá la expulsión de cientos de miles de autónomos del sistema.

La regulación aprobada en 2016 para continuar acogido al régimen de módulos redujo de forma importante el límite máximo para poder continuar acogido, quedando establecido un límite de facturación anual de 125.000 euros, siempre que su facturación se realice en más de un 50% a empresas o profesionales. Asimismo dicha regulación preveía un régimen transitorio de dos años, estableciendo que a partir de 2018 se aplicaría un nuevo límite inferior de 75.000 euros, que sin embargo no ha llegado nunca a entrar en vigor por las sucesivas prórrogas que se han ido aprobando, lo que ha permitido estos últimos siete años acogerse al régimen de módulos más de 350.000 autónomos siempre que hubieran facturado menos de 125.000 euros en el año inmediatamente anterior.

En definitiva, si finalmente no se prorrogan, estos umbrales bajarán y supondrá la exclusión de cientos de autónomos de este sistema. Según estimaciones de ATA, habría más de 150.000 autónomos que podrían quedar automáticamente expulsados si no se prorrogan los límites.