El déficit de la Región se recorta en 191 millones y supone menos del 1% de su PIB

El déficit del conjunto de administraciones públicas se situó en 87.603 millones de euros hasta noviembre de 2020, lo que supone multiplicar por más de cuatro la cifra registrada un año antes como consecuencia del impacto de la pandemia, por lo que escala al 7,82% del PIB español.

En Murcia, el desfase fue del 0,83% del PIB regional hasta noviembre, situándose en 242 millones de euros, frente al 1,34% registrado en 2019. Esto supone una reducción de 191 millones.

El déficit del Estado en los once primeros meses de 2020 se sitúa en 72.256 millones, lo que equivale al 6,45% del PIB. Esta evolución, explica el Ministerio de Hacienda, se debe al descenso de los ingresos de un 12,7%, hasta los 162.429 millones, aunque modera la caída respecto a meses anteriores; mientras que los gastos crecen un 19,2%, hasta los 234.685 millones, correspondiendo casi el 87% del incremento registrado a gastos por la emergencia sanitaria. De hecho, los aumentos de gasto más destacados se han producido en las transferencias a la Seguridad Social y a las comunidades para garantizar los recursos suficientes en la lucha contra la pandemia, apunta el departamento de María Jesús Montero.

Las comunidades, por su parte, han registrado un superávit de 3.223 millones, lo que supone el 0,29% del PIB, frente al 0,25% del PIB registrado hace un año. Esta evolución positiva se debe a varias medidas adoptadas por el Gobierno central para garantizar los recursos económicos necesarios para afrontar la actual crisis.

En este contexto, todas las autonomías, salvo Navarra y País Vasco, registran hasta noviembre de 2020 un comportamiento más positivo que hace un año. Además, salvo estas dos regiones y Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia, el resto. Es decir un total de 12 comunidades, logran situarse en superávit. El impacto derivado de la pandemia en las administraciones regionales alcanza los 7.089 millones en gasto sociosanitario hasta noviembre.

Los fondos de la Seguridad Social arrastraban en el penúltimo mes de 2020 un déficit del 1,65% del PIB, cifra en la que impactan los efectos de la crisis sanitaria, económica y social ocasionados por la pandemia. Hasta noviembre, su recursos se han incrementado un 14,1% por las transferencias recibidas del Estado en junio frente a los gastos no financieros, que aumentan un 22,1%.

La Seguridad Social registraba así un desfase de 5.111 millones, un 0,46% del PIB, cifra que recoge el impacto de la transferencia de 18.003 millones recibida del presupuesto. Los ingresos obtenidos de las cotizaciones sociales aumentan en 1.727 millones, debido a la revalorización para 2020 del Salario Mínimo Interprofesional y la consiguiente actualización de bases mínimas y del tope mínimo de cotización. Por el lado de los gastos, las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie se sitúan en 142.907 millones, un 8,8% más que el año anterior, debido fundamentalmente a la prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos, así como a la prestación por incapacidad laboral transitoria que da cobertura a los afectados por la Covid.

En cuanto al gasto en subvenciones del sistema, este asciende a 6.768 millones, de los cuales el 97% se debe a bonificaciones y exoneraciones de cuotas sociales.

El Servicio Público de Empleo Estatal registraba un déficit de 13.245 millones hasta noviembre. Las cotizaciones sociales descienden un 0,9%, frente a las prestaciones por desempleo que crecen hasta alcanzar en noviembre los 33.392 millones.

Al igual que en los meses anteriores, la evolución de esta rúbrica se encuentra afectada por el reconocimiento de la prestación de desempleo en los ERTES, así como por el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal o el subsidio extraordinario por falta de actividad para empleadas del hogar. El conjunto de todas ellas supone un gasto a finales de noviembre de 14.364 millones, de manera que los beneficiarios de estas prestaciones derivadas de la Covid-19 suponen el 54,8% del total de beneficiarios por desempleo.