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Las lluvias recientes, especialmente durante el mes de marzo, han recuperado la salud de los numerosos embalses que jalonan el territorio nacional, y que sitúan a España en el liderazgo europeo en este tipo de infraestructuras hidráulicas, y en el quinto lugar de todo el planeta. Solo hay una excepción: la Región de Murcia. Aquí, el índice de agua embalsada ronda el 36%, de acuerdo al último dato disponible, con fecha del pasado miércoles. Son 20 puntos menos de la cuota que alcanza la siguiente región con menos agua en sus pantanos del país: la Comunidad Valenciana, con un 56%. El liderazgo se lo lleva Navarra, con una acumulación en sus embalses superior al 94% de su capacidad. La buena nueva para el campo español en general que suponen tales índices no llega, por tanto, con la misma intensidad a los productores de la Región. Con casi dos tercios de los pantanos vacíos no parece que pueda extraerse un gran aprovechamiento de estos grandes depósitos. La realidad es que, aunque estuviesen llenos tampoco aportarían al riego lo que generalmente se cree.
Pese a que la propaganda franquista divulgó con profusión la inauguración de nuevos embalses bajo la constante sentencia de «el agua, para el riego», el objetivo principal de estas infraestructuras era atender la demanda de las empresas eléctricas. Así lo apunta la investigación de los especialistas María Isabel Bartolomé, Mar Varas y Diego Sesma, recogida en el artículo de la revista 'Historia Agraria' (editada en la Región por la Universidad de Murcia) titulado '¿Agua para quién? Desentrañando la asignación del agua. Capacidad de almacenamiento entre riegos y usos de la electricidad en España durante el siglo XX'. El trabajo recoge que entre el 50% y el 70% de la capacidad de almacenamiento de agua en los embalses españoles no se ha puesto realmente al servicio de los regantes, pese a lo indicado, sino de las compañías eléctricas.
Inicialmente, las cuotas destinadas al campo eran mucho menores. Mientras se inauguraban pantanos ensalzando el papel del regadío como locomotora de desarrollo, la realidad es que la capacidad relativa de almacenamiento destinada exclusivamente a este fin cayó del 13% en 1950 al 6% 20 años después. Esta involución evidencia un objetivo distinto al de atender la demanda agraria.
«Quien controla el agua lo hace sobre algo más que un recurso natural. Una presa no sólo inunda terrenos, sino que también otorga el poder de decidir cuándo y cómo fluye el agua en toda la cuenca», explican los autores del estudio en otro artículo de la publicación de divulgación científica 'The Conversation', donde sólo publican especialistas de instituciones acreditadas, como universidades y organismos de investigación.
La investigación analiza exhaustivamente el uso de cerca de un millar de presas españolas (940, en concreto) en el año 1986. En aquel momento, apenas el 23% del agua embalsaba tenía como destino el riego, frente al 64% dedicado a la generación eléctrica. Este último uso es, en todo caso, de gran interés, como se ha demostrado en la importancia que tuvo la energía hidroeléctrica para la recuperación del fluido eléctrico tras el apagón masivo del 28 de abril. Donde se pone el foco en este trabajo es en el hecho de que el objetivo de estas grandes infraestructuras públicas no era tanto atender la demanda agraria, como se ha divulgado, sino que guardaba tras de sí otros intereses gestionados por empresas particulares.
«Esta historia de control privado sobre un recurso público cobra especial relevancia en el contexto actual de crisis climática», añaden los investigadores. En su artículo destacan cómo los períodos de sequía son cada vez más frecuentes e intensos, lo que incide en una agudización de la competencia por el agua. «Sorprendentemente, esta relación compleja entre dominio público y control privado del agua, especialmente con los usos eléctricos, ha estado prácticamente ausente tanto del debate público como de la literatura académica sobre la gestión del agua en España», lamentan.
A día de hoy, «ni siquiera hay información clara al respecto». Los datos más recientes, denuncian, «no son fiables porque se confunde propiedad de la presa con la concesión del agua y porque las concesiones de agua no están recogidas de manera sistemática en ningún sitio».
Singularmente, en Murcia y sobre todo las Islas Canarias no fue tan dominante el uso para la generación eléctrica del agua embalsada en el año de estudio (1986), lo que da cierta idea de la importancia que el riego ya tenía entonces para un sector agrario de especial peso para estos territorios.
«Sólo entendiendo estas dinámicas históricas podremos diseñar políticas que aseguren una distribución más equitativa y sostenible de este recurso vital», concluyen Bartolomé, Rubio y Sesma. Habrá que dilucidarlo bien, porque llegan tiempos en los que al control y el reparto del agua van a ser esenciales, ante el reto de un clima cambiante y una creciente población que alimentar.
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