Doctor, ¿soy un peligro al volante?

Cumplir años o asumir determinados signos de la edad no es algo que todas las personas asuman de buena manera. En una sociedad como la española, en la que la esperanza de vida se sitúa como la número tres del mundo (solo superada por Japón y Suiza) y no deja de aumentar, la población celebra que eso sea así, mientras se promueve el envejecimiento activo y se anima a los mayores a tener una vida independiente, lejos del sedentarismo.

¿Pero qué ocurre cuando el envejecimiento conlleva situaciones de riesgo, no solo para quien lo vive sino para su entorno o el resto de la sociedad? Según el último censo de conductores de la DGT, en España hay casi medio millón de personas mayores de 74 años con licencia de conducción. Aunque a muchos de ellos les cueste reconocerlo, estos conductores presentan una serie de factores de riesgo asociados a la disminución de sus funciones motoras, sensoriales y cognitivas, mostrando también una mayor fragilidad y vulnerabilidad. Claro que, en teoría, todos ellos son aptos para seguir poniéndose al volante porque si disponen de carnet es porque han pasado los exámenes requeridos para renovar su permiso.

El permiso de conducción de la clase B, que es el que autoriza para conducir automóviles cuya masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kg que estén diseñados y construidos para el transporte de no más de ocho pasajeros, además del conductor, tiene un período de vigencia de diez años mientras su titular no cumpla los sesenta y cinco años y de cinco años a partir de esa edad. Ahora bien, el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores establece que este periodo de vigencia podrá reducirse si, al tiempo de su concesión o de la prórroga de su vigencia, se comprueba que su titular padece enfermedad o deficiencia que, si bien de momento no impide aquélla, es susceptible de agravarse.

¿Qué ocurre si a alguien se le renueva la licencia para cinco años y a los pocos meses sus capacidades se ven afectadas como consecuencia de una nueva medicación o porque sufra un accidente cerebrovascular u otro tipo de dolencias no predecibles? Algo que, además, no tiene por qué ser asociado a la edad sino que se puede dar en cualquier momento de la vida. ¿Quién informa de que una persona no es apta para conducir, sea de manera temporal o indefinida?

Ese y otros conflictos se plantearon el pasado mes de noviembre, en el I Congreso Nacional 'Deterioro de las Aptitudes Psicofísicas del Conductor Senior en el Marco del Envejecimiento Activo: Seguridad Vial y Confidencialidad Médica', que acogió la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, dirigido por la profesora de Derecho Civil Ascensión Leciñena. El evento contó con el patrocinio de la Fundación Séneca- Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia; el decanato de la facultad de Derecho y del plan propio de fomento de la investigación y la transferencia de la UMU

La citada profesora es co-investigadora principal del proyecto de investigación 'Ejercicio de los derechos en el marco del envejecimiento activo', concedido por el Ministerio de Ciencia y en el que, además de juristas, participan profesionales relacionados con el envejecimiento: sociólogos, psicólogos, neurólogos, médicos forenses, fiscales de familia y trabajadores sociales.

«Uno de los problemas que plantean los conductores mayores es que antes de que tengan que solicitar la prórroga de su licencia de conducir sufran de nuevas dolencias o necesiten nueva medicación que incida negativamente en sus facultades para la conducción. Llegado el caso, ¿debe el médico que conoce su estado de salud comunicar a la Jefatura Provincial de Tráfico este cambio en las circunstancias de su paciente sin quebrantar con ello su deber de confidencialidad? Intentar dar respuesta a este dilema con el que a diario se enfrentan los médicos justificaba a nuestro juicio la celebración de un Congreso Nacional que abordase esta problemática», según Leciñena.

El deber de confidencialidad que tiene el médico con toda la información que facilita el paciente y el hecho de que la confianza de este se pueda ver quebrantada si el facultativo decide comunicar a la Jefatura Provincial de Tráfico los datos de su salud para que le abran un expediente que determine si esa persona es apta o no para conducir, hace difícil ese proceso.

Por otro lado, está el interés de protegerse y de que se vele por la seguridad vial. Y una persona con las facultades mermadas puede ser un peligro en la carretera para otros y para sí mismo.

Como explica la profesora de la UMU, «jurídicamente hablando, la cuestión relativa a que datos muy sensibles como son los relacionados con la salud puedan ser comunicados a la Jefatura Provincial de Tráfico por parte del médico no está exento de problemas al no disponer tal actuación de la cobertura de un texto legal que justifique el proceder del facultativo».

Asegura que «los profesionales de la sanidad demandan seguridad jurídica para poder comunicar este tipo de datos sin ningún tipo de problemas interpretativos y ello solo puede conseguirse a través de una reforma de la ley de seguridad vial que reconozca la obligación del médico en este sentido. De ahí la importancia de los resultados del Congreso donde se puso en evidencia, por parte de todos los colectivos implicados, la necesidad de que la mencionada reforma sea pronto una realidad».

En relación a esto, Ascensión Leciñena llama la atención sobre la importancia de que nos concienciemos de que los datos de salud de una persona requieren ser tratados con extremo cuidado y no solamente por el médico del conductor mayor sino también por parte de sus allegados lo que llevaría a cuestionarse si puede un familiar con toda buena intención comunicar datos de salud de un tercero sin contar con el consentimiento de este.

Los debates más acalorados giraron en torno a la protección de datos y al hecho de cómo se podría acceder a determinadas informaciones relativas a la salud del paciente. Así, por ejemplo, representantes de los centros de reconocimiento de conductores plantearon su interés por tener acceso a las historias clínicas de los pacientes; algo que en la actualidad no es posible.

Se apuntó la posibilidad de facilitar el acceso a una mínima parte del historial clínico, la necesaria para valorar las aptitudes psicofísicas del conductor. Y ello porque la historia clínica de una persona no puede estar expuesta a cualquier profesional ni siquiera a todos los facultativos ya que, a nivel de protección de datos, esa información está dotada de la mayor seguridad.

Tal fue el éxito de participación del Congreso al que asistieron todos los profesionales implicados en el tema que, como explica su directora, «se está trabajando de manera incipiente en una propuesta normativa que lleve al Parlamento una reforma de la legislación de seguridad vial dando con ello cobertura a estos profesionales de la medicina que, en un momento determinado, se ven en la necesidad de suministrar esa información a la DGT. Tampoco hay que olvidar que el envejecimiento es un tema trasversal y se postula como uno de los grandes temas de discusión del siglo XXI».

No obstante, no se trata solo de un asunto relativo a las personas mayores sino asociado a la salud y a la confidencialidad, algo que puede afectar a cualquier persona a lo largo de su vida y que, del mismo modo, puede conllevar unos riesgos asociados para el resto de la población, ya sea de manera permanente o transitoria.

Todos los resultados del Congreso serán recogidos en un libro que se publicará en los próximos meses, gracias a la financiación de la Fundación Séneca y del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Murcia.