Desperdicio alimentario

No faltan los puntos de vista antropocéntricos que valoran que son medidas imposibles de cumplir. Ciertamente, en los hogares podrá ser complicado el control del cumplimiento, pero no así en lugares públicos de consumo, como bares y restaurantes. En primera instancia, los clientes se lo pueden llevar, cosa que podían hacer antes de la medida, aunque ahora se publicita mas y se supone que tendrá mas eficacia. Animados por una amenaza entre 2000 y más de medio millón de euros de multa por incumplimiento, a buen seguro que tendrá mas alcance la medida. En enero de 2023 se comenzará a aplicar. Vamos a la zaga de Francia e Italia, que ya dieron el paso. Caducidad y consumo preferente son conceptos que ahora renuevan su vigencia. Hay que aprovechar los alimentos antes de que caduquen, con un incentivo especial para que se donen alimentos a entidades sin ánimo de lucro.

La preocupación por el hambre en el mundo, suele estar en boca de todos, aunque la aportación para paliar este problema viene siendo insignificante. Numerosas instituciones evidencian esta derrota. Cabe preguntarse por el tratamiento que la guerra de precios, tanto nacional como europea y mundial, imponen a la producción alimentaria, en especial a la agroalimentaria. En lugares áridos, en los que una gota de agua supone la auténtica vida, con una escasez más que preocupante, producciones enteras son arrojadas a la destrucción. No se trata de productos infectados para los que es aconsejable evitar la propagación de la infección, sino de productos sanos. No se trata de una práctica ilegal, sino soportada por las ayudas de la Política Agraria Comunitaria. Es una razón económica en la que el mercado hace gala de ausencia de principios éticos, ignorando que millones de personas pasan hambre.

La alta productividad alcanzada en los invernaderos implica una oferta que en algunos periodos supera la demanda. Ello implica que el precio disminuye y no compensa la venta de la cosecha. La solución preferida es deshacerse de la producción, en espera de que cuando el mercado esté desabastecido se recupere el precio. La Política Agraria Común (PAC) tiene previstas ayudas para compensar la caída de precios, alcanzando hasta un 5% de las pérdidas que pudiera ocasionar esta práctica en la cosecha.

Es un mecanismo útil en los casos que podemos calificar de situaciones catastróficas, pero si estas prácticas se convierten en usuales, estamos ante episodios de despilfarro alimentario, tanto o más que el aludido en la ley recientemente propuesta. Se cuantifica en más de 114.000 toneladas de fruta y verdura eliminadas sin comercializar. Nada sensato, ni siquiera desde el marco económico. Mucho menos si lo contemplamos en el escenario ético. Se dan como cifras que 12.000 toneladas se tiraron directamente y otras 24.000 fueron a parar a alimentación animal. Nada sostenible desde la racionalidad y desde el marco ético.

En la Región de Murcia las noticias truculentas en las que una cosecha entera, por ejemplo, de melones, se deja perder, no son ajenas. Se da una cifra que supera los 9 millones de toneladas de alimentos que no llegan al mercado y de cerca de 100.000 toneladas anuales de frutas y más de 50.000 de hortalizas se destruyen. A nivel mundial la cifra es mareante, alcanzando hasta un tercio de la producción.

El objetivo de desarrollo sostenible de Naciones Unidas para 2030 pretende erradicar el hambre y reducir a la mitad el desperdicio de alimentos. La ley de desperdicio alimentario es un paso. Hay otros que dar. Una sociedad que se precie, tiene que ser sensible y el resultado colectivo comienza por el cumplimiento individual. Debemos acabar con los desperdicios. Ha llegado el momento de cumplir.