Un juez apunta a que Sanidad prevarica al no respetar las bolsas de contratación

Los órganos de contratación del Servicio Murciano de Salud (SMS) «podrían estar incurriendo en un delito de prevaricación administrativa» al no respetar las bolsas de trabajo y contratar, incluso, a sanitarios que no figuran en ellas. Así lo advierte el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Murcia, José Miñarro, en una sentencia en la que condena a la Consejería de Sanidad a indemnizar e incorporar a un traumatólogo. Asegura el juez que este profesional ha sido durante años «postergado reiteradamente» para su entrada en el SMS, pese a que se ha contratado a otros facultativos que, bien contaban con una puntuación inferior a la suya, o ni siquiera figuraban en las mismas. «Ha quedado probado», dicta la resolución judicial, «que, por debajo de la legalidad de las puntuaciones de los integrantes de las listas y bolsas de trabajo, éstas no tienen ninguna utilidad para estos órganos y contratan al margen de las mismas, incluso a personas que no forman parte de ellas».

La resolución del juez Miñarro responde a un recurso contencioso administrativo que el citado traumatólogo presentó contra una orden de la Consejería de Sanidad en la que se le negaba su derecho a ser contratado como facultativo. Como especifica la sentencia, este médico logró su inclusión en la bolsa de trabajo de esta especialidad en 1999 y ha permanecido en ella desde entonces, «alcanzando las máximas puntuaciones». En base a estos logros, este especialista ha solicitado en múltiples ocasiones a la Consejería su incorporación al SMS, «pero ha venido siendo postergado reiteradamente, bien porque han sido llamados a cubrir plazas vacantes facultativos con puntuación muy inferior a la suya, o bien porque se ha llamado a facultativos que no estaban incluidos en la bolsa de trabajo». La sentencia recuerda que estos «graves hechos» fueron reconocidos incluso por la Administración en 2005, en una resolución que reconoció el derecho al médico a ser incorporado y a recibir una indemnización de más de 21.000 euros por las retribuciones dejadas de percibir.

Esa resolución, indica el juez, «no fue suficiente para los responsables de la gestión de bolsas de trabajo» y este facultativo tuvo que acudir a la justicia, que en 2007 reconoció su derecho a ser incorporado al SMS. En términos similares se pronunció el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 en 2008. «Sin embargo, a pesar de ser claras, terminantes y didácticas las resoluciones dictadas, los funcionarios o autoridades encargadas de la contratación del personal interino han persistido en no llamarlo, a la vez que, dando apariencia de legalidad, lo mantenían en la bolsa de trabajo».

El magistrado es rotundo a la hora de considerar que estos hechos no se deben a una ignorancia de la legalidad. «Visto que los órganos administrativos encargados de la contratación (...) pasan de sus superiores administrativos y de los criterios jurisprudenciales, solo podemos concluir que estos órganos no controlan de forma efectiva a sus inferiores, los que a sabiendas de que su actuación no es conforme a derecho, persisten en la ilegalidad», recalca. Estos órganos, advierte el juez, «podrían estar incurriendo no solo en actos ilegales, sino en un delito de prevaricación administrativa dada la reiteración en el tiempo y los casos».