«Nos faltan jueces y sobran funcionarios de justicia. El Estado no puede soportar más un aumento de juzgados con esta estructura»

Javier Luis Parra es capaz de agotar un cedé de María Callas desgranando la modernización de la justicia. Hablando de la aplicación de las nuevas tecnologías y de la importancia de la organización se le detiene el tiempo y sus ojos reflejan la ilusión del que cree firmemente en lo que hace. A lo largo de los seis años que Parra lleva al frente de la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se ha gestado el proyecto de modernización de justicia que ya comienza a arrancar. Él es, además, uno de los miembros de la Comisión Jurídica Asesora para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, de ámbito estatal.

- Últimamente estamos oyendo hablar mucho de la modernización de la justicia y la oficina judicial... pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Es realmente para tanto?

- El proyecto oficina judicial es el mayor proceso de reforma del sistema judicial desde el siglo XIX. Hay varios niveles de implementación. El primero, el que más afecta a los juristas, al que nosotros llamamos NOJ1, es un nuevo reparto competencial. Hay un segundo nivel, que es organizativo, NOJ2 y todavía no nos atrevemos a decir que hay un tercer nivel, que es un traslado de la misma filosofía también a los jueces.

- ¿Cuáles son las razones para acometer un cambio de este calibre?

- Esta reforma viene de muy atrás, se gesta ya en 1997. Por una vez, en este asunto hicimos un diagnóstico, un gran debate social, un pacto político... Por fin lo hemos hecho bien, aunque quizás un poco lento. Ahora bien, ¿cuál es la verdadera razón de este debate y de que los políticos decidieran hacer un cambio de tal envergadura? ¿Por dar más peso a un cuerpo superior manifiestamente infrautilizado? No. La verdadera razón es que el Estado español, y esa es la pura realidad, no podía soportar más un crecimiento de órganos judiciales con la actual estructura. En España nos faltan jueces y nos sobran funcionarios de justicia. Somos el país europeo con menos jueces y más funcionarios por cada mil habitantes. Nuestro modelo atomizado de juzgadito-juzgadito es un modelo insostenible. Nos cuesta muchísimo una plaza de juez. Lo que decidieron es que haya más jueces con un aparato de soporte que trabaje para varios. Los economistas le llaman a esto economía de escala y alcance. La empresa privada ya lleva años aplicando y también las administraciones públicas. Aquí nosotros no lo conocíamos, posiblemente por la rigidez de nuestro sistema. Hemos tenido que romper con ella para crear sistemas de concentración de servicios, servicios comunes procesales.

- Con esta reforma, los secretarios judiciales asumen nuevas tareas.

- Sí, el NOJ1 es pasar gran parte del núcleo de resoluciones, que antes estaban en el campo jurisdiccional, al campo de los secretarios judiciales. Eso es quizás lo más relevante, que no lo único. En otros países no tienen el cuerpo jurídico superior que tenemos en España. Los secretarios judiciales son como notarios infrautilizados. La reforma, a la vez que resuelve el problema de creación de jueces, 'explota' de forma positiva a un cuerpo manifiestamente infrautilizado.

- ¿Es una forma de aprovechar más al juez, de aliviarlo de la carga burocrática, para que pueda dedicarse más a decidir?

- Bueno, nosotros le llamamos carga procesal. La ley parte de un axioma: todo lo jurisdiccional es procesal, pero no todo lo procesal es jurisdiccional. Hay parcelas, de lo que se hace en un juzgado, que no es jurisdiccional, de jueces. Lo más básico, para entenderlo, es citar a un testigo. Hay otras cosas más técnicas como imponer las costas al abogado, admitir una demanda, poner multas... Todo eso lo harán los secretarios. Es decir, permitir que los jueces se centren en el núcleo duro de su función. Juzgar y mandar que se cumpla lo juzgado.

- Ha dicho que no era el único cambio. También se constituirán los servicios comunes...

- Sí, esa fase es implantar esos criterios que hablábamos de escala y alcance. Es lo mismo que lo anterior, un nuevo reparto, pero en vez de un secretario, en equipos profesionales. Los llamamos servicios comunes y atienden a varios órganos. Del mismo partido judicial o, incluso, de varios. Eso es una gran novedad de la reforma. España comienza a romper con el encorsetamiento de los partidos judiciales. Algunos de los servicios van a beneficiar a toda la Región. Va a ser el primero de España con dimensión autonómica. La NOJ3, por último, no está en la ley, pero sí está en algunos que hemos trabajado sobre ello. Esta fase trata de romper también la atomización de los jueces y que ellos se puedan agrupar. Nosotros hemos propuesto que el primer laboratorio de España sea con los juzgados de Lo Penal de Murcia.

- ¿Un tribunal que resuelva todos los asuntos de Lo Penal de Murcia?

- En Murcia hay ahora seis juzgados de Lo Penal, pues habrá un tribunal de Lo Penal, pero con seis jueces. Ahora mismo, todos sabemos que lo que dice el 1 no se corresponde con lo que dice el 6 o el 5. Así se está en mejores condiciones de dar seguridad jurídica.

- Su trayectoria internacional le habrá permitido conocer el sistema judicial en otros países. ¿En qué destacamos y qué aspectos nos quedan por aprender?

- Viajando y comparando, nuestro nivel de carrera judicial es muy bueno. Comparado con otros países europeos, es un cuerpo muy bien formado, de los mejores. La puesta en escena deja a veces algo que desear. Una de las conclusiones, que también lo dice el Consejo de Europa, es que, frente a lo que popularmente se dice, se invierte mucho en justicia. O mejor dicho, se gasta mucho en justicia. Hay que invertir más cantidad y de otra manera. Nuestro sistema, aparte de anquilosado, poco ágil, es ineficiente en términos de mercado.

-Con la implantación de la oficina judicial se planteó trasladar a Murcia a algunos funcionarios de Molina de Segura. Un tema que generó bastantes quejas.

- Hay áreas, como es el caso de Molina de Segura, que están dentro del área metropolitana. Por poner un ejemplo, no hay hospital comarcal ni agencia tributaria en Molina. Sí hay juzgados, y muy bien puestos, pero eso no quiere decir que no se pueda descargar de trabajo a los jueces de Molina y se lleven de forma concentrada desde aquí. Finalmente, no se hizo y se podía haber hecho porque implicaba la aquiescencia de los funcionarios, a los que hay que premiar económicamente. No se contempló así por los políticos y se renunció a esto. No quiere decir que no se acometa en un futuro, cuando se asuman las transferencias.

- Pisando tierra, lo que más preocupa al ciudadano es la lentitud de la justicia. ¿Esta reforma debería traer una agilización de los procesos?

- No debería, deberá. Al haber más 'decididores', tendremos más capacidad de dictar sentencias.

- Durante la presentación de la oficina judicial en Murcia, Caridad Hernández - directora general de Relaciones con la Administración de Justicia- fijó el objetivo de un mes y medio para los asuntos penales. ¿Cree que se podrá conseguir?

- Yo creo que sí. No sé si exactamente en esos parámetros. La tasa de pendencias y la reducción de tiempos de respuesta, manifiestamente sí. Junto a esto, hay un cúmulo de trámites que alargan los tiempos. Unos responden a razones estructurales o legales. A veces la ley permite alargamiento. Yo ahí no entro. El otro campo es porque la organización, en su estructura atomizada, ralentiza enormemente el sistema. Si todo el resto se lo das a otro y, encima se lo das con criterios de protocolo, tienes como resultado mayor disposición de acortamiento de tiempo de respuesta, mayor profesionalización en la mecánica de la respuesta y mayor seguridad jurídica.

- Usted ha hablado en ocasiones de aplicar criterios de calidad...

- Yo creo que sí. Aunque hay gente que esto le puede sonar a bomba. Desde luego donde sí, y lo defiendo públicamente, es en los servicios comunes. Mi escenario, que es un poco estratégico, es que contemos en Murcia con una paulatina generación de las prácticas en la forma de normalización que sea más posible. Buscar algo que normalice y que dé al ciudadano respuestas. Lo que a mí me mueve, porque aquí estoy de paso, es que la sociedad murciana, beneficiaria y, las más de las veces sufridora de nuestro sistema, sea atendida con la misma excelencia profesional, pero con otra forma de organizarnos.

- ¿Cómo está afectando la crisis económica a la justicia murciana?

- Bueno, todo el aparato judicial en su conjunto se ve afectado. Esta crisis está repercutiendo de forma más notable en la jurisdicción social y civil y mercantil. De forma muy acusada. Hemos tenido que poner planes de refuerzo para lo Social, que van a continuar porque lo ha ordenado Madrid. Yo entiendo que debería apoyarse también la jurisdicción civil, que está casi más afectada por la cantidad de demandas y de monitorios que está recibiendo.

- ¿Se van a mover otros palos para intentar aliviar la situación?

- Hay una preocupación de Estado. Se está reforzando la jurisdicción social. El trabajador no puede esperar. Hay otro tema que hemos propuesto, que es crear un área, dentro de los servicios comunes, de servicio de atención al acreedor. El ciudadano necesita otras formas de atenderle.

- ¿En qué estado está ese área?

- Yo espero poder verla. Está en el mapa. Debe ponerse en marcha cuando entre en marcha el NOJ2.

- ¿Y eso será...?

- Pues estaba previsto oficialmente para el 4 de mayo, pero depende de cosas nacionales, entre ellas que se apruebe la relación de puestos de trabajo, que ya se han negociado sindicalmente. A partir de esa aprobación sindical, se tardan 47 días.

- ¿Es un buen momento para que la Comunidad asuma las transferencias de Justicia?

- El escenario no puede ser mejor. Con la NOJ2 en el plano político una de las consecuencias que tiene es que las comunidades con transferencias pasan de ser gestores de personal, caja pagadora y poco más, a ser, además, diseñadores de política judicial. El mapa, cada comunidad es libre de diseñarlo. La oficina judicial es versátil en su diseño. Nuestros políticos, contando con nuestras opiniones, estarán en condiciones de hacer con más libertad un mapa más adaptado a nuestra realidad social y de infraestructuras que se puede hacer desde Madrid.

- Murcia lleva años destacando en la aplicación de las nuevas tecnologías en el sistema judicial. ¿A qué debemos achacarlo?

- Las nuevas tecnologías tienen un componente, más que de técnica, de actitudes. Muchas veces parte del miedo de otorgar a las TIC una menor fiabilidad que al mundo papel. Podemos poner todas las máquinas que queramos, pero si no vamos desterrando ese entorno cultural y dando seguridad a los ciudadanos, va a ser difícil. Cuando el Consejo de Europa nos premió por el proyecto de subastas electrónicas, un miembro del tribunal me confesó que nos lo habían dado por nuestro atrevimiento. Hay que atreverse.

- Y, ¿cuál será el próximo atrevimiento con el que nos sorprendan?

- Bueno, hemos ido más allá en las subastas electrónicas y hemos pedido que nos dejaran crear un servicio, que dará servicio con los mismos funcionarios, a casi 140 juzgados. Es decir, que en unos meses, los juzgados de Cartagena, de Lorca, dejarán de estar llevando las subastas y se llevarán por vía electrónica. Yo creo que los servicios de ejecución van a estar mejor. Estamos sentando las bases para otra forma de hacer justicia.