La Verdad

Una máquina, en la gola de Marchamalo en febrero.
Una máquina, en la gola de Marchamalo en febrero. / Antonio Gil / AGM

La Guardia Civil se lleva de la sede de Costas el expediente del dragado del canal de Marchamalo

  • La Fiscalía abre diligencias por las obras urgentes de regeneración de playas del Mar Menor, y analiza los contratos millonarios y los estudios ambientales

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Solo unos días después de modificar los planes de dragado de la gola de Marchamalo por recomendación de la Comunidad Autónoma, que teme que el relleno de playas con ese material altere el ecosistema del Mar Menor, el jefe de la Demarcación de Costas del Estado en la Región, Andrés Martínez, ha visto cómo la Guardia Civil se persona en sus oficinas para reclamar el expediente de las obras por las sospechas de irregularidades de tipo ambiental, sanitario y económico.

Por orden del fiscal jefe de la Comunidad Autónoma y especialista en Urbanismo y Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera, agentes de la Benemérita han recabado esta semana en la sede de Costas, situada en la Avenida Alfonso X El Sabio de Murcia, documentación relativa a la extracción del canal que une el Mar Menor con el Mediterráneo a la altura de La Manga.

Así lo confirmó ayer a 'La Verdad' Martínez, máximo responsable de un organismo que depende del Ministerio de Medio Ambiente y quien insistió en que las actuaciones, valoradas en varios millones de euros, se han ajustado a la legalidad y que se han adoptado todas las precauciones para descartar, con distintos análisis científicos, posibles riesgos para las personas y para el medio ambiente.

Como adelantó este diario la semana pasada, Díaz Manzanera instó al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del Instituto Armado a tomar muestras de la gola y de distintas zonas de baño del Mar Menor, ante la ausencia de una evaluación de repercusiones ambientales previa al dragado. La Fiscalía trata ahora de aclarar lo vinculado al expediente administrativo y las dudas sobre un informe de la Universidad de Murcia (UMU) que descarta la contaminación por metales pesados. También analiza el hecho de que una de sus autoras, la profesora de la UMU María José Martínez (de la Facultad de Química), directiva de la empresa Sarco, contratada por el Ministerio para las playas del Mediterráneo.

Fuentes de la Demarcación aseguraron que Martínez, respecto a la que también ha abierto una investigación la propia UMU por si ha infringido la normativa y el código ético, ha informado a Costas de que no realizará más estudios sobre el ámbito de actuación de la empresa donde también están su marido y su hijo. Martínez realizó informes por petición de las compañías Acciona, Avance y Ferrovial.

A la primera, Costas le dio el contrato para dragar la parte más cercana al Mar Menor; y a las otras dos, la más próximas al Mediterráneo. Es una «subdivisión» de los contratos que, según el jefe de Costas, busca prevenir problemas de personal ante el elevado volumen de arena previsto: 66.000 metros cúbicos, de los que al final solo han sacado 24.000.

La UMU y la Comunidad

El Ministerio Fiscal también está reuniendo información sobre la posible contaminación de playas de Cartagena, San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar, a raíz de las denuncias de Pacto por el Mar Menor, un colectivo que integra entre otros a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y su comarca, a ANSE y a Ecologistas en Acción.

Este grupo reclama un análisis de todas la playas, tras salir a la luz un informe que considera «no aptas» las arenas de la playa del Vivero de Marchamalo y de la Escuela de Pieter (Matasgordas), en unas catas realizadas en febrero por Avance a petición de Costas; y un movimiento ilegal de terrenos en el Vivero por parte de las mercantiles Astesa y Tragsa.

Asimismo, Movimiento Ciudadano (MC), Podemos y Ciudadanos han denunciado públicamente las técnicas de recuperación elegidas. MC, el partido del alcalde cartagenero, José López, ha advertido incluso de que ante las «serias dudas técnicas y científicas por el posible incumplimiento de los criterios de regeneración de playas del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex)», se plantea impulsar iniciativas para aclarar si hay «responsabilidades penales». A su juicio, la Consejería debe aclarar por qué dio su visto bueno al dragado 'exprés', en contra de su propio criterio técnico.