Los jueces llaman a defender el tribunal de lo Contencioso

La Junta de Jueces de Cartagena ve «casi imposible» que la ciudad mantenga un órgano encargado de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, cuando entre en vigor la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El motivo es que solo hay un juzgado para esta materia (lo que incluye las reclamaciones de tipo administrativo de los ciudadanos y las empresas frente a los organismos públicos y de éstos entre sí), frente a los tres de lo Social, los seis de civil y los cuatro de lo Penal (incluida la Audiencia).

Además, debido a la previsión legal de concentrar las inversiones en las capitales de provincia (en este caso en la Ciudad de la Justicia de Murcia) los jueces con plaza en el municipio consideran «una posibilidad remota» que, al menos a corto y medio plazo, se haga realidad la reivindicación histórica de que en la ciudad se puedan enjuiciar asuntos de lo Mercantil y de Menores, para evitar desplazamientos a Murcia. Así lo piden, desde hace años, abogados, procuradores, jueces, sindicatos de trabajadores de la Administración de Justicia y otros colectivos de Cartagena y su comarca.

Así lo manifestó a 'La Verdad' el juez decano de Cartagena, Jacinto Aresté, a propósito de la tramitación de la reforma de la Ley del Poder Judicial, prevista por las Cortes tras la reciente aprobación del polémico anteproyecto por parte del Consejo de Ministros.

Aresté dijo coincidir con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región, Juan Martínez Moya, respecto a que los recientes movimientos que apuntan al mantenimiento de las sedes judiciales de Cartagena y Lorca, a pesar de la propuesta del ministro Alberto Ruiz-Gallardón de eliminar los partidos judiciales y concentrar los órganos en las capitales de provincia.

Con ello, se refirió a que el Gobierno regional trasladó al Ministerio de Justicia su defensa de que el segundo y el tercer municipio más poblados de la Región sigan teniendo juzgados; y el anuncio de que Justicia tomará una decisión, previo informe de la Comunidad Autónoma.

Garantías «por escrito»

Otro factores que invitan al optimismo a los jueces son el hecho de que, en el anteproyecto, se establecen como parámetros para tener sedes desplazadas de los futuros tribunales de instancia tres requisitos que cumplen ambas ciudades.

Uno es que hayan tenido órganos dependientes de Murcia, como es el caso en Cartagena de la sección quinta de la Audiencia Provincial; otro, que atiendan a un volumen notable de población; y el tercero, que haya planificadas inversiones, como en el caso de Lorca ocurre con la construcción de un nuevo Palacio de Justicia para acabar con la grave dispersión actual de juzgados.

Los jueces cartageneros dicen ser conscientes de que la situación de Lorca es mucho peor en cuanto a infraestructuras, pero consideran que sería conveniente ir concretando el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cartagena, para tener más argumentos ante el Ministerio. Recuerdan que el Ayuntamiento aprobó la cesión de una parcela municipal junto al Centro Comercial Mandarache y que la Comunidad mostró su disposición a respaldar el proyecto antes de que la crisis frustrara el traspaso de las competencias de Justicia por parte del Gobierno central.

En cualquier caso, Jacinto Aresté dejó clara la exigencia de que «ante una reforma tan centralizadora», el Congreso y el Senado «dejen claro por escrito» el futuro de las sedes desplazadas. Hasta entonces, advirtió, «todo sigue en el aire».