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Un guardia civil, durante un registro en unas instalaciones de Adif.
Así se saquearon los fondos del AVE

Así se saquearon los fondos del AVE

El ingeniero jefe del Juzgado de Aguas de Orihuela aparece como un personaje clave de la trama, pues fue quien supuestamente coordinó al resto de los implicados para que el montaje funcionara

Ricardo Fernández

Lunes, 25 de julio 2016, 12:12

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Debía de correr el mes de marzo de 2010 cuando Juan Ortín, propietario de una modesta empresa de construcción llamada Obras Marimar SL -nueve trabajadores y una facturación oficial de 136.365 euros en ese ejercicio- acudió a la llamada del ingeniero José Manuel Fernández Pujante para arreglarle un problema con unos desagües. «¿Y de trabajo cómo andas? Yo estoy analizando en estos momentos unas obras de reposición de canalizaciones hidráulicas, de esas que se ven afectadas por el trazado del AVE, y a lo mejor te podían interesar», le planteó el ingeniero.

En junio, Fernández Pujante le remitió una relación de precios sobre las obras que se iban a realizar en la red de canalizaciones de una zona de la Vega Baja. El constructor los estudió, los reajustó y se los devolvió. El acuerdo se cerró casi sin necesidad de hablarlo. Un año más tarde, Obras Marimar, la sencilla empresa de la Senda del Pato de La Albatalía, facturaba ya 3,4 millones de euros y en 2012 alcanzaría la cifra de 23 millones. Un crecimiento del 1.686%, más sorprendente si cabe para una sociedad que seguía con los mismos nueve empleados, y ni uno más, que ya tenía en nómina antes de registrar tan descomunal despegue.

En los tres años siguientes, Juan Ortín, su mujer y su hija, por ellos mismos o a través de las sociedades que controlaban (Obras Marimar SL, Canroda SL y Albages 1995 SL) adquirieron una vivienda en Mula, otra en La Ribera de Molina de Segura, otra más en Pilar de la Horadada con dos plazas de garaje, una plaza de garaje en la avenida Cronista Carlos Valcárcel de Murcia y otra en la calle Cisne, un piso con garaje y trastero en Mil Palmeras del Pilar de la Horadada, un local comercial y ocho plazas de garaje en La Ñora, una finca rústica en La Albatalía, un solar urbano en Javalí Viejo, un apartamento en la Avenida Miguel de Cervantes de Murcia, otro garaje en la calle Palma de Mallorca y dos plazas de garaje más, con sendos trasteros, en la urbanización Mil Palmeras.

La flota de vehículos de Obras Marimar SL, constituida por algunos camiones y furgonetas, se metió en la senda del lujo hasta sumar cinco Mercedes (307D, E270, B180, A180...), algunos con matrículas casi consecutivas y un todoterreno Volkswagen Amarok, además de otro 4x4 Mercedes ML350, este propiedad de la sociedad Canroda SL, todos los cuales venían a sumarse al ya vapuleado Mercedes 230 y al Suzuki Gran Vitara con los que el constructor se había venido manejando hasta entonces.

Sumergido de lleno en esa filosofía del huertano bendecido por el éxito económico, que ya solo atiende a ese principio que proclama «¡será por perras, 'mecagüenrós'!», Juan Ortín tenía sobradas razones para sonreír satisfecho cada vez que recordara el todavía cercano día en que acudió a arreglar unos desagües.

El señor de las neuronas

En el centro de la telaraña

Como ingeniero jefe del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (JPAO), José Manuel Fernández Pujante se encontraba en una posición privilegiada en esos días de mediados de 2010. Los responsables de la entidad pública Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y las grandes empresas concesionarias de los cuatro tramos de la línea de alta velocidad (AVE) entre Crevillente y Murcia, incapaces de controlar la enmarañada red de acequias y azarbes que se abría ante el trazado del AVE, habían acabado capitulando frente a los regantes de la Vega Baja. De tal forma que habían aceptado que las reposiciones y arreglos en la red de infraestructuras hidráulicas fueran asumidas por los propios damnificados -el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, las comunidades de regantes de San Felipe Neri y Catral, el Sindicato de Aguas de Dolores...- y que los costes acabaran siendo repercutidos a Adif mediante el sistema de 'expedientes de gasto'.

Las obras, se acordó, las acometerían las empresas que ya venían trabajando con las canalizaciones, con lo cual todo el mundo debía quedar satisfecho en la zona y Adif y las concesionarias del AVE, que hasta ese momento solo habían encontrado trabas, mucha falta de colaboración y más quebraderos de cabeza, se veían liberados del entuerto.

El jefe del equipo técnico del JPAO, José Manuel Fernández Pujante, no tardó en asumir el control. Con una preparación infinitamente superior al propio juez de aguas, Jesús Abadía Miras, y al secretario, Aníbal Bueno, constituyó en julio de 2010 la sociedad Liberitas Desarrollos Inmobiliarios SL y consiguió que el propio JPAO del que formaba parte contratara a esa empresa para gestionar el asunto de las reparaciones de acequias. Y no tardó en comenzar a negociar con las empresas adjudicatarias del AVE para conseguir que fuera Obras Marimar la que se quedara con la contrata de los arreglos de las canalizaciones. «Está muy cerca tu designación como adjudicatario de las obras», informaba a Juan Ortín, el 12 de julio, a través de un correo electrónico.

No parece que fuera la generosidad el sentimiento que moviera al ingeniero para cometer tales gestiones en favor de Obras Marimar. Sobre todo teniendo en cuenta que, una vez consiguió su objetivo de que esta constructora murciana se quedara como única adjudicataria para la reparación de acequias y azarbes, Fernández Pujante le facturó -por sí mismo o a través de su empresa Liberitas- más de ocho millones de euros solo entre ese año 2010 y 2014, por trabajos que en su inmensa mayor parte no están acreditados, por lo que todo apunta a que esa facturación no tenía otra función que 'legalizar' la percepción de su parte correspondiente de las presuntas 'mordidas'. Pero no se quedó ahí, ya que a la constructora San José -adjudicataria del último tramo de la línea a Murcia- le cobró otro casi medio millón y a la UTE Sacyr-Neopul, 892.000 euros.

«¡Será por perras!», debió decirse a su vez Fernández Pujante, conocido entre los suyos como 'El Señorito', que entró en la misma vorágine de adquisición de bienes inmobiliarios y coches de lujo que su socio Ortín. En los cuatro años siguientes a la firma del acuerdo con Adif para la reparación de las canalizaciones de la Vega Baja, el ingeniero y su mujer, por sí mismos o a través de las sociedades Inversiones El Campillo SL y Veila Sociedad de Gestión, compraron una vivienda de lujo de 205 m2 en Ronda de Levante de Murcia, una plaza de garaje en Centrofama, un local comercial de 177 m2 en Campoamor, un vehículo BMW 640D valorado en 117.000 euros, un edificio de cuatro plantas y ático junto al campus de La Merced de Murcia, un vehículo Lexus NX 300H, un todoterreno Range Rover Evoque, un lote de jamones de jabugo..., además de cancelar hipotecas por casi 400.000 euros y adquirir participaciones en fondos de inversión de Luxemburgo por importe de 1,7 millones de euros.

Como la 'mata' daba mucho de sí, su hermano y socio Antonio José, que figuraba como administrador de Liberitas y de Anfer Inmuebles 2000, facturó en 2012 un total de 1,67 millones de euros, todo ello también vinculado a los fondos del AVE, con un crecimiento del 1.300% respecto a los ingresos que había tenido en 2011: 125.656 euros. Subido ya en la cresta de la ola, empezó a poner el dinero a buen recaudo y adquirió hasta 2014 participaciones en fondos de inversión de Luxemburgo, Irlanda, Austria y España por importe de más de 1,5 millones.

El maná no se agotaba

Tapando bocas con billetes

El maná del dinero público no parecía tener fin y era preciso asegurarse de que nadie se quedara descolgado y cayera en la tentación de denunciar lo que estaba ocurriendo. Que, a fin de cuentas, nada sella tan bien las bocas como un grueso fajo de billetes. El propio juez de Aguas de Orihuela, Jesús Abadía, y su fiel secretario, Aníbal Bueno, se llevaron presuntamente su parte del pastel.

En enero de 2011, Abadía y su hijo constituyeron la comunidad de bienes Servicios Topográficos de Levante, con la que llegaron a facturar a Obras Marimar nada menos que 1,17 millones de euros, pese a que ambos tenían los mismos conocimientos topográficos que Mickey Mouse. O sea, ninguno. Tanto es así que un día, ante el temor a que la Agencia Tributaria pudiera realizar una inspección a Servicios Topográficos del Levante y descubrir el engaño, el ingeniero Fernández Pujante encargó a un conocido que se acercara a darle alguna clase práctica a los Abadía. «Por lo menos -le dijo- que sepan cómo colocar un nivel».

Por lo que respecta a Aníbal Bueno, montó a su vez la comunidad de bienes Aslein (Asesoría Legal e Informática), curiosamente también junto a su hijo y también en enero de 2011, con la que se repartieron 702.755 euros de los que había ido amasando Obras Marimar con cargo a los fondos públicos de Adif.

El truco de las 'tablestacas'

La oportunidad de sus vidas

Hasta 2012, la inmensa mayoría del dinero que se desviaba ilegalmente de las obras del AVE procedía de unos presupuestos que se inflaban de forma irreal. Entre los recursos más utilizados por la supuesta trama, y en concreto por el ingeniero Fernández Pujante, que era quien en apariencia realizaba esas mediciones falsas, destacaba la referencia al uso de 'tablestacas'. Con este nombre técnico se conocen una especie de pantallas, bien prefabricadas o de hormigón, que se utilizan a modo de estructura de contención en algunas grandes obras.

Pues bien, la presunta red delictiva habría venido facturando a Adif como si en la gran mayoría de las reparaciones hubieran tenido que utilizar ese recurso, que por lo visto no resulta barato, pese a que los técnicos que a posteriori han supervisado las obras sostienen que no se requerían tales 'tablestacas'.

Con ese sistema de 'hinchado presupuestario' se habrían llegado a malversar unos diez millones de euros, que supuestamente se repartieron entre las sociedades Obras Marimar, Liberitas, Aslein y Servicios Topográficos de Levante y sus respectivos administradores.

Pero no parecía ser suficiente para quienes estaban ante la oportunidad de sus vidas y eran conscientes, además, de que no volverían a verse en otra similar, pues la construcción de una línea del AVE solo iba a pasar una vez frente a sus narices. De ahí que a partir de mediados de 2012 la presunta organización delictiva ideara otro método con el aparente fin de seguir exprimiendo la ubre pública.

Entra en escena un asesor

Maraña de firmas 'fantasma'

Con la supuesta participación de un asesor de Sangonera la Verde, el también imputado Celestino M.S., la trama comenzó a echar mano de seis empresas 'fantasma', sin empleados ni actividad alguna, la mayor parte de las cuales fueron creadas 'ex profeso' con la supuesta voluntad de seguir avanzando en la malversación de los fondos de Adif. Varias de ellas estaban incluso administradas por la misma persona, Francisco José N.J. en unos casos, y Manuel G.P. en otros. Este último admitió que no sabía nada de esas empresas y que recibió 9.000 euros por acudir a firmar unas escrituras y unos pagarés en blanco.

De esta forma, las sociedades Constructora y Rehabilitación Sangonera SL, Obra Móvil La Ermita SL, Fragoniz SL, Construcción y Rehabilitación San Ginés SL, Obras Civiles Pez SL y Maguepe Construcciones SL, quedaban en disposición de emitir facturas falsas por obras que nunca fueron realizadas. Se trataba de simular, según todas las pruebas, que Obras Marimar subcontrataba algunos trabajos de reparación de acequias con estas empresas y, cuando estas le remitían las facturas, la firma de Juan Ortín las repercutía a Adif, que era el que acababa pagando por esas labores ficticias.

Una vez que Obras Marimar recibía los fondos estatales emitía pagarés en favor de las empresas 'fantasma', aunque era el propio Ortín quien los cobraba irregularmente gracias a la supuesta complicidad del director de la oficina del Banco de Valencia en Santomera, Francisco José S.G.. De esa forma se justificaba la salida de las cuentas de grandes cantidades de dinero en metálico, que quedaba así a la plena disposición de los integrantes de la red.

Con este método habrían conseguido obtener otros 7,4 millones de euros, según los informes realizados por la Agencia Tributaria.

Un sistema casi perfecto

Faltaba un jefe de Adif

Los funcionarios de Vigilancia Aduanera -dependiente de la Agencia Tributaria- y de la Guardia Civil que comenzaron a husmear en esta presunta estructura delictiva, con motivo de una investigación a la que bautizaron como 'Operación César', pronto llegaron a la conclusión de que el operativo estaba perfectamente concebido, pero faltaba la figura de un alto responsable de Adif para cubrir los pocos agujeros que se atisbaban en la trama. Unas lagunas que consistían, básicamente, en que nadie por encima de Obras Marimar, ni las grandes empresas concesionarias de la línea, ni tampoco Adif, hubieran detectado nunca que los presupuestos de esas obras podían estar siendo inflados sin piedad. Sobre todo teniendo en cuenta que ya en su día habían surgido algunas sospechas al respecto y la propia entidad pública había encargado una auditoría a Tragsa, que no había hecho sino confirmar los desajustes.

Las intervenciones telefónicas autorizadas por el Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, que fue al que correspondió la denuncia presentada en 2015 por la Fiscalía Anticorrupción, permitieron aportar alguna luz a esa incógnita.

Así, constataron que cuando el dueño de Obras Marimar SL se acercaba hasta la sucursal de Santomera para cobrar sus propios pagarés, seguidamente solía encaminar sus pasos hacia unas oficinas de la Avenida de la Constitución de Murcia, donde tenía su sede la sociedad Liberitas. Allí, Antonio José Fernández Pujante, hermano del ingeniero que presuntamente está en el centro de la red, contaba el dinero, anotaba las cantidades en una libreta y se lo entregaba en apariencia a su hermano, José Manuel.

Si por alguna razón Juan Ortín se retrasaba en la entrega de esas cantidades, el propio ingeniero era quien le telefoneaba. «¿Dónde estás? ¡Date prisa que tengo que salir para Cuenca!», le presionaba.

Para ese momento, los presuntos malversadores estaban ya tan férreamente marcados por los aduaneros y guardias civiles como Morata por los tres centrales italianos en la última Eurocopa. Poco de lo que hacían, hablaban y hasta pensaban los sospechosos se escapaba al control de los investigadores. Pero, a la vez, los presuntos integrantes de la organización delictiva estaban cada vez más nerviosos y comenzaban a adoptar precauciones.

En agosto de 2015, apenas tres meses antes de que se acabara desatando la 'Operación César', los agentes sorprendían al ingeniero hablando con Claudio, uno de sus colaboradores.

-Claudio: Te lo digo porque... no he querido decirte antes, porque no sé... pero ahora sí te lo digo. Cuando me has llamao estaba yo en Murcia, en el grupo del poder judicial ese. Que me han llamao; me llamaron la pasada semana.

-José Manuel: Ah, ¿si?

-Claudio: Sí, y me han llamao y me han tenido allí desde las diez hasta la una y media.

-José Manuel: ¡Coño!

-Claudio: Sí, ahora he salío. ¡Catorce folios! No preguntan ná...

-José Manuel: Pero, ¿tú estás ahora en el coche? ¿Viniendo para Orihuela?

-Claudio: Sí.

-José Manuel: Porque si no, ahora, cuando llegues a Orihuela..., me llamas y nos vemos (...) y me lo comentas. ¡Que raro es eso, eh!

-Claudio: ¡Madre mía! (...) Es largo y me gustaría contártelo. (...) Pues mira, voy por Santomera ya y... creo que voy a tardar un cuarto de hora. Voy a comer un plato de habichuelas al Rojico, que mi mujer no está.

-José Manuel: Hasta ahora.

Con avisos como ese no era de extrañar que la camisa empezara a no llegarle al cuerpo a alguno de los sospechosos, ni que unos meses antes el propio José Manuel Fernández y su hermano hubieran dedicado una mañana entera a firmar escrituras ante notario, con el fin de trasvasarles la inmensa mayoría de sus bienes a sus esposas. Unas maniobras que los investigadores no dudan en calificar como un «intento de ocultación del patrimonio ilícitamente obtenido de los fondos de Adif».

La míticas 'matanzas beteteras'

Millones en cuentas suizas

Fruto de esas observaciones telefónicas y de los interrogatorios a personajes secundarios de la red, los investigadores acabaron por desentrañar el misterio de los viajes de Fernández Pujante a Cuenca, cargado de dinero. Desde hacía meses tenían enfilado al entonces jefe de Infraestructuras de Adif para la línea del AVE al Levante, José Luis Martínez Pombo, decano del Colegio de Ingenieros de Castilla-La Mancha, y algunos testimonios lo señalaron como el presunto perceptor de grandes cantidades de ese dinero ilícito que Juan Ortín sacaba los viernes del banco.

De esta forma, el destino del ingeniero Fernández Pujante no habría sido otro que una finca rural de Beteta (Cuenca), en la que Pombo celebraba de cuando en cuando lo que denominaba las «míticas matanzas beteteras» y en las que solían figurar como invitados algunos relevantes directivos de grandes constructoras adjudicatarias de tramos de obra del AVE.

Cuando el alto responsable de Adif fue detenido por una larga serie de presuntos delitos y su domicilio fue registrado, los agentes encontraron un listado con supuestos escondrijos de dinero ilícito, repartidos por su extensa colección de fincas y viviendas: 95.000-AG (en apariencia Águilas), 8.000-BE (Beteta), 265.000-TO (Toledo)... Sin embargo, para cuando los investigadores tuvieron en su mano las órdenes de entrada y registro en esos domicilios, comprobaron que los hijos de Martínez Pombo se les habían adelantado. Solo aparecieron 19.500 euros en la vivienda de Toledo, que pudieron pasarles desapercibidos.

La Agencia Tributaria ya había constatado también, antes del arresto del directivo de Adif, que en 2012 había regularizado 2,4 millones de origen desconocido, presuntamente procedente de las 'mordidas' entregadas por la trama. Y gracias a los pinchazos telefónicos sabía que disponía de varias cuentas en Suiza -cuatro, con al menos un millón de euros- y que los empleados de esa entidad utilizaban el nombre en clave de 'señor Paraguas' cada vez que le llamaban para darle cuenta de alguna incidencia.

Ahora, la magistrada del 'caso César' ha cursado una comisión rogatoria al país helvético, en un intento de bloquear las cuentas y de inmovilizar todo el dinero que pueda tener allí Martínez Pombo. Que ya bastante ha viajado de un lado a otro.

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