La juez del 'caso Rotondas' imputa a siete jefes del Consistorio de Murcia

La antigua cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia sigue acumulando problemas judiciales por doquier. Varios de quienes han sido los principales responsables de la Gerencia en las dos últimas décadas siguen encadenando imputaciones, con lo que se acrecientan las muchas sospechas ya existentes sobre la manera en que se ha gestionado el urbanismo municipal durante un largo periodo. En esta ocasión, además, las actuaciones judiciales han traspasado la frontera de ese servicio y se han extendido a los Servicios Jurídicos y a la Oficina de Gobierno municipales.

Un auto notificado ayer por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Brígida Gil Páez, que dirige la investigación sobre el llamado 'caso Rotondas', acaba de añadir una nueva imputación contra dos exjefes de la Gerencia de Urbanismo Alberto Guerra Tschuschke y Ángel Luis Lajarín Abellán -ambos ya procesados por el 'caso Umbra'-, y hace lo propio con la actual responsable de los servicios jurídicos municipales, Ana María Vidal Maestre. La magistrada también ha imputado a la directora de Urbanismo, Juana Fuentes; a la subdirectora de Servicios Generales, María Ángeles Cantero, y al exjefe del Servicio de Grandes Infraestructuras, Juan Antonio Blanco, así como al exdirector de la Oficina de Gobierno, José Rueda de Rueda.

Todos ellos ya fueron detenidos en octubre de 2015, en el transcurso de la investigación desarrollada por el Grupo de Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, como sospechosos de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsificación documental en relación con el expediente de contratación de la escultura 'Horátholos', obra del artista Alfonso Albacete. Esta obra se encuentra instalada en una rotonda de la avenida Juan de Borbón, en el cruce con la carretera de Churra, y las presuntas ilegalidades que se cometieron en torno a ese proyecto han determinado que ya se encuentren imputados el propio escultor; el exconcejal de Urbanismo, Fernando Berberena, y el cuñado de este, José Fermín Serrano, propietario de la galería de arte La Aurora.

Múltiples irregularidades

En apariencia, la intención de la juez Brígida Gil al imputar a esos siete altos responsables municipales es establecer por qué no fueron detectadas ni atajadas las múltiples irregularidades que, presuntamente, se cometieron en todo el proceso de contratación y colocación de la mencionada escultura. Algunas de esas ilegalidades resultan tan flagrantes como el hecho de que la obra 'Horátholos' se encontrara instalada en la rotonda meses antes de que se iniciara oficialmente el expediente de contratación, lo cual apunta a la supuesta comisión de un delito de falsedad documental. Más todavía, el pago de la escultura se realizó sin que existiera supuestamente una dotación presupuestaria para ello, por lo que la instructora ya avanza en su auto que pedirá una prueba pericial para determinar de qué forma se abonó esa obra de arte a Alfonso Albacete.

Declarada causa compleja

La circunstancia de que estos hechos impliquen «a numerosos funcionarios», como advierte la magistrada en su resolución, y de que sea necesario practicar algunas pruebas complejas para esclarecer los posibles delitos que se pudieron cometer, ha llevado a declarar formalmente la complejidad del caso. Ello permitirá que, tal y como determina la ley, la investigación judicial se pueda prolongar durante un periodo máximo de 18 meses.

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