La letrada municipal en 'Umbra' amenaza al fiscal con denunciarle «por acoso y coacción»

La letrada que representa al Ayuntamiento de Murcia en el 'caso Umbra', Amalia Saorín, ha remitido un duro escrito al Juzgado de Instrucción número 8 para responder al Ministerio Fiscal, que días atrás la acusó de estarse limitando a defender los intereses de los altos cargos y funcionarios imputados, como el alcalde Miguel Ángel Cámara, en lugar de desarrollar la labor profesional que se espera de quien ejerce una acusación popular. Esto es, en vez de estarse dedicando a defender los intereses públicos y a perseguir las desviaciones de poder en que hayan podido incurrir empleados públicos, en perjuicio del Consistorio. Una razón por la que la Fiscalía reclama que esta parte sea expulsada del caso.

La abogada rechaza «tajantemente» las afirmaciones del Fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, y asegura que no está obligada «a sostener la acusación si considera que no existe base para ello, debiendo tener en cuenta tanto las circunstancias favorables como desfavorables». En este sentido recuerda que tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones privadas «deben defender la legalidad y no ejercer una acusación de manera gratuita», de ahí que «la Ley de Enjuiciamiento Criminal permita la solicitud de sobreseimiento por parte de las acusaciones».

Hasta en cinco ocasiones insiste en que «cada parte defiende sus intereses como mejor cree conveniente», al margen de que ello pueda ser «de mayor o menor agrado para el Ministerio Público». Lo cierto es que en ningún momento aporta dato alguno que permita rebatir la acusación del fiscal de que con sus iniciativas está favoreciendo la defensa de los imputados, e incluso en un momento dado esta letrada llega a reconocer que «no es incompatible defender la legalidad de los actos administrativos con el hecho de que algún imputado se haya podido ver beneficiado de nuestra actuación».

Apoyo a las defensas

Como ejemplo de que se está limitando a defender la legalidad expone el hecho de haber apoyado los recursos presentados por dos de los imputados, Jesús Samper y Ana María Vidal -esta última ya exculpada-, a quienes la Audiencia acabó dando la razón. Pero, en contraposición, no ofrece dato alguno de que haya apoyado iniciativas legales del fiscal que han acabado siendo avaladas por los tribunales.

Respecto de la acusación que le hace la Fiscalía de «pasividad» a lo largo de la instrucción, tampoco aporta ejemplos de iniciativas propias que hayan permitido avanzar en la investigación, pues se limita a señalar que «hemos colaborado siempre con el juez, remitiendo cuanta información nos ha solicitado».

Pese a todo ello, la letrada no duda en amenazar al fiscal con que, de seguir «interfiriendo en nuestra labor, acudiremos a las instancias oportunas para poner de manifiesto el acoso y la coacción a la que estamos siendo sometidos».