El TSJ envía la querella del fiscal contra Sánchez a los juzgados de Lorca

Al final se ha confirmado lo que se venía barajando en los últimos días. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región ha decidido remitir a los juzgados de Lorca la querella de la Fiscalía contra el consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez, y otras veinte personas, por las obras del Auditorio de Puerto Lumbreras, municipio del que Sánchez era alcalde cuando se realizaron los trabajos de construcción de la citada infraestructura municipal.

Tras la querella interpuesta por la Fiscalía, el TSJ reconoce su competencia para investigar al consejero de Educación, en tanto que se trata de una persona aforada. Sin embargo, entiende que debe ser un juzgado de primera instancia de Lorca, partido judicial al que pertenece Puerto Lumbreras, el que previamente analice la querella y determine si existen sospechas de algún tipo de delito y, por tanto, la admita a trámite, "al resultar inviable, por el momento, la individualización inequívoca y relevante de dichos hechos contra la única persona aforada que justificaría la atribución de competencia de esta Sala".

La Sala se escuda así para tomar esta decisión en la doctrina del Tribunal Supremo, según la cual "es necesaria la intervención del juez natural, que debe agotar la instrucción en la medida de lo posible", es decir hasta que logre "establecer la conexión material imprescindible" del aforado con los hechos presuntamente delictivos y deba, por tanto, cesar su investigación para remitirla al órgano competente.

Así, si del curso de la instrucción se derivaran indicios de criminalidad contra Sánchez, sería entonces cuando el juez se vería obligado a enviar una exposición motivada al TSJ, para que este decidiera si lo imputaba, siempre que el ahora consejero siguiera estando aforado.

También se indica que esta fue la vía que se siguió, entre otros, en los casos de Limusa, sobre malversación de caudales públicos en este empresa municipal de limpieza de Lorca, y en el de la excalcaldesa de Pliego y diputada regional Isabel Toledo. En esos casos fueron, respectivamente, los Juzgados de Instrucción de Lorca y Mula lo que tramitaron las diligencias y cuando en el desarrollo de las mismas aparecieron indicios contra aforados los jueces elevaron la causa al TSJ.

En el caso de su admisión a trámite por el juzgado de Lorca al que fuese repartida, el magistrado llevaría a cabo las diligencias que considerara oportunas para la investigación de los hechos denunciados, en los que se apunta la comisión del delito de prevaricación, entre otros, por la tramitación del concurso de obras y por la recepción del auditorio antes de estar acabado.

No obstante, el auto del TSJ no está exento de polémica, ya que cuenta con un voto particular del magistrado Manuel Abadía, ponente también en el 'caso Novo Carthago', que expone que el caso sí debería ser instruido por ese tribunal ya que es allí donde la presentó la Fiscalía. El juez dice no alcanzar a imaginar "ningún supuesto en que estén más explícitamente detallados, individualizados y concretos la relación de hechos donde constan los indicios de criminalidad frente al aforado". Así, Abadía asegura que la querella interpuesta directamente por el fiscal sí debió admitirse a trámite en el TSJ.

En la querella presentada por el Ministerio Público aparecen como querellados, además del exalcalde, otras personas, entre las que figuran, funcionarios municipales y autonómicos y arquitectos.

El envío de la querella a un juzgado de primera instancia puede retrasar el desarrollo de este caso, según fuentes jurídicas consultadas. Por tanto, el temor a que Pedro Antonio Sánchez se vea imputado a corto plazo pierde fuerza, al tiempo que el político gana enteros para convertirse en el candidato del PP a la presidencia de la Comunidad en las elecciones del próximo 24 de mayo.