El fiscal sostiene que el Auditorio se pagó sin estar hecho un 38% de obra

El Acta de Recepción de las obras del Auditorio del Teatro Auditorio Municipal de Puerto Lumbreras, suscrito el 20 de septiembre de 2011, «fue firmado con un desahogo legal que quedará para la historia de los disparates en la contratación administrativa». Ésta es la conclusión a la que llega el Fiscal Superior de la Región, Manuel López Bernal, como «colofón de todos los despropósitos» que supuestamente se cometieron a lo largo y ancho del proyecto de redacción, en la licitación, en la adjudicación, en la ejecución, en la modificación del proyecto y en la recepción de las obras de esas instalaciones. Toda un aparente «dislate jurídico», con el que se habría «sustituido de forma grosera la voluntad del legislador», que López Bernal relata en la querella presentada días atrás ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y que se dirige contra el exalcalde lumbrerense y actual consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez, contra los miembros de la Junta de Gobierno municipal en 2008 y contra otros catorce altos cargos, funcionarios, abogados y arquitectos.

Una querella -bautizada en ámbitos de la Fiscalía como 'caso Verdi'- acerca de cuya presentación el pasado 2 de febrero informó en exclusiva 'La Verdad' y que desde ese día está pendiente de que el TSJ se pronuncie sobre su admisión o no a trámite.

El documento, al que este periódico ha tenido acceso, se divide en cinco apartados diferentes, vinculados a diversas fases de la tramitación, en todas las cuales se habrían cometido, a juicio del fiscal, múltiples irregularidades: redacción del concurso de proyectos, licitación del concurso de obras, adjudicación y ejecución, redacción del proyecto de obras complementarias y recepción.

Así, respecto del concurso de proyectos, el Fiscal Superior considera que estaba amañado, que se trataba de «una gran farsa», «una pantomima», «un vergonzoso fraude legal», toda vez que el anteproyecto lo redactó el arquitecto Martín Lejarraga en junio de 2006, cuando el pliego de bases para el concurso de proyectos del Auditorio no se publicó hasta diciembre de 2007.

La convocatoria se sacó además en plena Navidad -26 de diciembre, no se habría publicado además en el Diario Oficial de la Comunidad Europea, como obligaba la ley por superar los 137.000 euros, y solo se dio un plazo para la presentación de ofertas de 15 días, vulnerando presuntamente el precepto que fija que «no podrá ser inferior a 52 días».

Para justificar «esa flagrante ilegalidad», el Ayuntamiento habría echado mano de una «argumentación torticera», consistente en declarar «de urgencia» el procedimiento.

«Podemos concluir -señala el fiscal-, sin riesgo alguno de equivocación, que el alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez; el arquitecto Martín Lejarraga; el letrado asesor del Ayuntamiento y los miembros del jurado del concurso se pusieron de acuerdo para inventarse un concurso de proyectos que ocultara, de forma grosera, la realidad de la ilegal contratación del señor Lejarraga, sin convocar concurso alguno y riéndose de los otros dos concursantes que, creyendo en la rectitud que se espera de los responsables políticos y funcionarios, hicieron el esfuerzo de presentar unos proyectos que desde el principio estaban descartados».

«No se respetó ni un precepto»

Por lo que se refiere a la convocatoria del concurso y a la adjudicación de las obras, el fiscal comienza su relato advirtiendo de que «tampoco se respetaron ni uno solo de los preceptos legales», demostrando «el absoluto desprecio que los miembros del Ayuntamiento querellados sentían por las disposiciones que rigen la contratación pública». De esta forma, tampoco se habría cumplido la norma que obliga a publicar la convocatoria con al menos 52 días en el Diario de la Comunidad Europea (se hizo con 13 días y solo en el BORM).

La adjudicación se otorgó a ECISA SA, por 5.659.597 euros, quien se impuso a Construcciones Villegas solo por el apartado económico, ya que ambas ofertas fueron puntuadas de manera idéntica. La Mesa de Contratación el Ayuntamiento solo dedicó 15 minutos a analizar la oferta, lo que lleva a López Bernal a ironizar con la «ardua deliberación» que supuso adjudicar una obra de casi 6 millones.

«Pero las irregularidades cometidas palidecerán con las que se cometerían en la fase de ejecución de las obras», avanza el fiscal. Así, sostiene que desde julio de 2008 a septiembre de 2009, se emitieron 17 certificaciones de obra infladas en un 38,04%, lo que llevó al Ayuntamiento a pagar dos millones más de los que se habían ejecutado. De tal forma que el 30 de abril de 2010 se había certificado el 100% del presupuesto y solo estaba construido el 61,96% del Auditorio.

Con el aparente fin de justificar esa situación, en abril de 2009 el arquitecto redactó un modificado del proyecto, aduciendo que había tenido que retranquear la obra. Y aunque ese retranqueo solo había supuesto construir 64 metros cuadrados menos, ese modificado -aprobado por la Junta de Gobierno en septiembre de 2010- habría servido para explicar que no se hubieran acometido obras comprometidas por valor de 2.278.421 euros. «El proyecto modificado de obra no era tal, sino un 'proyecto de 'no obra'», ironiza de nuevo el fiscal.

«Pero aún podían superarse los responsables municipales en su desmedido afán de beneficiar a la empresa constructora, en perjuicio del Consistorio y en definitiva de los ciudadanos de Puerto Lumbreras», afirma, pues además de estar las obras sin acabar en un 38% y pese a ello totalmente pagadas, todavía, «y sin ningún sonrojo», le devolvieron los avales que había presentado, por importe de 2,2 millones.

Más todavía, también se le abonaron a ECISA otros 338.916 euros por el desvío de una línea eléctrica de la que, reseña López Bernal, nadie hasta ese instante había tenido conocimiento.

El «colofón de los despropósitos», como se califica en la querella, habría llegado el 20 de septiembre de 2011, cuando se firmó el Acta de Recepción de la obra, «con un desahogo legal que quedará para la historia de los disparates administrativos».

Entre los querellados se encuentra, además de Pedro Antonio Sánchez, el exdirector general de Promoción Cultural de la Consejería de Cultura, Antonio Martínez López, por no haber controlado supuestamente el destino otorgado a la subvención de seis millones que concedió su departamento.