La Fiscalía acorrala a Ortiz con otra petición de casi 5 años de cárcel por un delito fiscal

El empresario Enrique Ortiz ha comenzado a sentir de cerca las consecuencias de las acciones delictivas en las que supuestamente incurrió a lo largo de los últimos años. Al año y medio de cárcel que la Fiscalía ha solicitado para él por tenencia ilícita de armas se suma una acusación aún más grave. Este periódico ha confirmado a través de fuentes de toda solvencia que se enfrenta a una segunda solicitud de condena ya oficializada por el Ministerio Público: cuatro años y nueve meses de cárcel.

Ortiz y otros cinco procesados deberán responder de un supuesto fraude tributario que Hacienda cifra en 6 millones de euros. A la espera del auto de apertura de juicio oral, los seis sospechosos se sentarán en el banquillo de los acusados de un Juzgado de lo Penal bajo los cargos de delito fiscal y falsedad documental.

Entre esta media docena de acusados destacan el presidente de la promotora Hansa Urbana, Rafael Galea, el cuñado de Ortiz Miguel Carratalá -que también está encausado en el asunto del revólver ilegal- y un importante socio suyo, el manchego Aurelio González Villarejo.

El fiscal especializado en delitos económicos y tributarios en la Audiencia Provincial, Antonio López Nieto, sostiene que todos ellos dejaron de pagar esos 6 millones de euros al deducirse de forma indebida el IVA en una operación de compraventa de suelo que tenía como escenario el PAU 4 de Alicante. La Abogacía del Estado, que ejerce la acusación particular en este procedimiento, se ha adherido ya a las conclusiones de la acusación pública, según las fuentes consultadas por este diario.

La antigua responsable del Juzgado de Instrucción 1 de Alicante ya rechazó meses atrás el archivo de las diligencias que había incoado un antecesor suyo en 2010, al tiempo que dictó un auto de procedimiento abreviado contra los seis imputados.

La Audiencia Provincial confirmó esa resolución tras rechazar los recursos de apelación presentados por varias de las defensas. Ese auto dejaba ya a Ortiz, Galea, Villarejo y los otros seis reos a un paso del banquillo de los acusados.

La Fiscalía ha dado el siguiente paso procesal con la presentación de su escrito de conclusiones provisionales, en el que solicita penas de tres años de cárcel por un delito fiscal y de un año y nueve meses por el delito de falsificación de documentos, según las mismas fuentes. Tanto la acusación pública como la Abogacía del Estado han solicitado también provisionalmente que los acusados hagan frente al pago de una responsabilidad civil de 6 millones de euros, una cantidad que coincide con lo supuestamente defraudado a las arcas públicas.

Ortiz se enfrenta así a su segunda petición de condena por parte del Ministerio Público, en este caso por una causa que nada tiene que ver con la 'Operación Brugal'. Según la investigación, él y González Villarejo vendieron suelo en el PAU 4 a Hansa Urbana y ésta se dedujo el IVA de dicha operación de forma indebida.