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M. BUITRAGO
Domingo, 4 de octubre 2009, 13:27
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A diferencia de Castilla-La Mancha, las autoridades de Extremadura han dejado la puerta abierta a cualquier fórmula de gestión y aprovechamiento de las aguas del Tajo que pasan por su territorio. En la reforma de su Estatuto de Autonomía, el Gobierno y los partidos políticos extremeños no ponen cortapisas a la distribución solidaria del agua y se ciñen al marco constitucional de competencias repartidas entre el Estado y las comunidades autónomas. Las dos condiciones recogidas en el texto se limitan a que no se perjudique la calidad de vida y el desarrollo económico de Extremadura y a que se garanticen sus demandas actuales y futuras. Como se sabe, el Ministerio de Medio Ambiente tiene en la recámara la construcción de un canal desde Valdecañas (Cáceres) hasta La Roda para redotar el acueducto Tajo-Segura, que se resiente de la caída de aportaciones del Sistema Entrepeñas-Buendía.
El nuevo Estatuto de Extremadura, que cuenta con el respaldo del PSOE y PP y que ha pasado el trámite del Parlamento regional, señala que el gobierno de esta comunidad deberá participar, en la forma que determine la legislación del Estado, «en la gestión de las aguas pertenecientes a cuencas intercomunitarias que se encuentren o afecten al territorio de Extremadura». No hace ninguna alusión a futuras transferencias de agua desde el Tajo, en la zona de Valdecañas. Es una redacción abierta que no desciende al detalle ni pone trabas a ningún proyecto futuro que afecten a las cuencas intercomunitarias.
Este hecho ha sido advertido por el presidente del Sindicato de Regantes del Tajo-Segura, José Manuel Claver, quien en la sesión de la Ronda del Agua celebrada el pasado jueves en Murcia confrontó la bondad el Estatuto extremeño con las exigencias del castellano-manchego de eliminar el acueducto Tajo-Segura o establecer una reserva de 6.000 hectómetros cúbicos. En ambos casos, las consecuencias serían nefastas para el acueducto. Extremadura resalta en su Estatuto la «distribución solidaria del agua entre los ciudadanos que la precisen, de acuerdo con el marco constitucional de competencias y las prioridades que marque la ley». El principal condicionante es que dicho reparto no menoscabe la calidad de vida de los extremeños ni el desarrollo económico de dicha región. Otra condición es que se garanticen las demandas actuales y futuras de todos los usos y aprovechamiento dentro de su territorio, «sin perjuicio de las compensaciones a que haya lugar».
Este Estatuto está en línea con el discurso que mantiene el presidente extremeño, el socialista Fernández Vara, sobre la solidaridad y cohesión nacional.
Saura aplaude a Vara
El secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, alabó ayer la posición del presidente extremeño. «Lo que piensa, lo lleva a la práctica cuando se trata de la cohesión de España. Ha realizado un planteamiento muy constitucional que en nada tiene que ver con el Estatuto de Castilla-La Mancha». Para Saura, «los principios de cohesión y solidaridad en el reparto del agua, como recoge el texto extremeño, es algo elemental que deben incluir todas las comunidades autómas. Se pueden defender los interses regionales al mismo tiempo que la unidad de España», dijo.
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