La planta de Valdelentisco tiene lista de espera para comprar agua desalinizada

La espera fue larga. Cuatro años desde aquel verano de 2004 en que se adjudicaron las primeras obras de construcción de la planta desalinizadora de la rambla de Valdelentisco, entre Cartagena y Mazarrón. Las expectativas creadas en torno a la que está llamada a ser la tercera instalación de este tipo más grande del mundo son tales que, desde que el 28 de julio se anunciara la firma de los dos primeros contratos de suministro para riego, se han sellado siete acuerdos más, según informó a La Verdad el presidente del Consejo de Administración de Aguas de la Cuenca del Segura (Acuasegura), José Salvador Fuentes Zorita.

Actualmente, la planta tiene una capacidad de producción de 27 hm3 anuales, de los que 20 están comprometidos con la Mancomunidad de Canales del Taibilla para garantizar el suministro urbano de varias poblaciones, que depende de la demanda. El sobrante es lo que se está vendiendo para usos agrícolas y residenciales. Para hacer frente a estas peticiones -Acuasegura tiene seis contratos más a punto de firmar-, ya se ha aprobado la compra del material necesario para alcanzar una producción de unos 48 hm3 anuales.

Los precios que se estipulan son diferentes según el uso que se vaya a dar al agua. A grandes rasgos, como explica Fuentes Zorita, la tarifa será de 30 céntimos por metro cúbico para los agricultores, 60 para la Mancomunidad y 90 para los usos residenciales; a todos estos precios hay que añadir 20 céntimos por los costes de impulsión.

Indica el presidente de Acuasegura -que también lo es de la Confederación Hidrográfica y del PSRM- que la subida de las tarifas eléctricas afectará a los precios del agua desalinizada sólo en la medida en que se incremente el Índice de Precios de Consumo (IPC), que marca la revisión anual del coste del proceso. «Y cabe recordar que, donde nosotros cobramos 30, en el convenio que se firmó en San Esteban con el Gobierno del Partido Popular se contemplaba cobrar un 46% más», añadió.

Los compradores de agua deben, según la misma fuente, acreditar que ya tienen derechos de explotación de recursos hídricos, de pozos, sobre todo. En este sentido, Zorita quiso dejar claro que «ninguna urbanización va a recibir agua al mismo precio que un agricultor. Sería algo ilegal y obsceno, pero si hay una zona residencial que tiene derechos de agua que ya habían adquirido antes, de pozos o de depuradoras, es legal que se les proporcione. Claro está que a precio de coste, porque los regantes la reciben a una tarifa bonificada».

Par asegurarse de que nadie usa este agua para lo que no debe, se establecerán dispositivos de vigilancia que Acuasegura no concreta, por razones evidentes. Además, los contratos se revisarán cada cinco años para ver si la explotación del recurso sigue siendo de la misma índole. «Sin embargo, no creo que nadie vaya a enviar a los campos de golf agua que es para la agricultura», añadió.

En conclusión, a pesar de las denuncias por daños en el medio ambiente, de los problemas ocasionados en el suministro eléctrico y otros factores que han doblado el periodo de ejecución previsto por la entonces ministra Narbona -que dijo que se pondría en marcha en 2006-, Zorita valora el «gran éxito» de la comercialización del producto.