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Un juez teme un posible «perjuicio masivo» a compradores de casas de Trampolin Hills en Campos del Río
Advierte de que el 'resort' de 2.575 viviendas, casi todas vendidas, podría no llegar a obtener licencia y que el Ayuntamiento tendría que indemnizar a los compradores

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Un juez teme un posible «perjuicio masivo» a compradores de casas de Trampolin Hills en Campos del Río
A DÍA DE HOY. Los terrenos de la urbanización están totalmente explanados y se han construido varios pisos piloto. / NACHO GARCÍA / AGM
Las sombras se extienden sobre el mayor proyecto urbanístico del valle de Ricote, con 2.575 viviendas y un campo de golf, y sobre el futuro de la inversión realizada por cientos de particulares que han venido adquiriendo esos inmuebles desde hace dos años.

Un juez acaba de advertir, en un auto dictado con una contundencia y una claridad poco usuales, de que el resort que promueve Trampolin Hills en Campos del Río sigue estando muy en el aire y que ello podría acabar ocasionando un posible «perjuicio masivo a particulares».

La alerta cursada por el citado magistrado, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Murcia, José Miñarro García, se recoge en el auto dictado el pasado lunes, día 12, al que La Verdad ha tenido acceso.

Con esta resolución, el juez admite a trámite la demanda presentada por el Grupo Municipal del PP en Campos del Río, que denunciaba que el alcalde de la localidad, el socialista Miguel Navarro, había cubierto el trámite de aprobación de unas modificaciones del plan parcial de Trampolin Hills sin permitirles votar en Pleno, y recurriendo a considerarlo como una mera «toma de razón» o información verbal sobre las exigencias que había impuesto la Comunidad Autónoma.

El alcalde habría optado por esa postura para evitar tener que someter nuevamente a votación el proyecto, al ser consciente de que el PSOE no tendría mayoría suficiente para sacarlo adelante por cuanto él mismo, y otro edil socialista, hubieran tenido que abstenerse de votar por haber tenido en otra época intereses personales en el proyecto.

El PP estimó que esa estrategia del alcalde violaba el principio de participación en asuntos públicos, contenido en el artículo 23 en relación con el artículo 6 de la Constitución, e interpuso la demanda que ahora ha sido admitida a trámite.

Más que un asunto formal

En el auto de admisión, el juez Miñarro ha ido, sin embargo, bastante más lejos de lo que el propio PP podía llegar a imaginar. Así, señala que la privación de un derecho al PP va, en este caso, más allá de los aspectos «meramente formales», y pasa a relatar que «hay indicios en el expediente de que la actuación política municipal tiene un importante calado material, derivado de la ingente actuación urbanística proyectada y de las imprevisibles consecuencias que pudieran derivarse para multitud de terceros de no aprobarse definitivamente el instrumento urbanizador proyectado»; esto es, de no superar la urbanización todos los trámites administrativo.

Y a continuación hace la primera advertencia seria: «Al parecer -alerta el juez- han sido vendidas propiedades a particulares sin las debidas autorizaciones administrativas». La venta de viviendas de ese resort ha sido confirmada en repetidas ocasiones por los propios promotores, que han admitido que las 2.575 casas están prácticamente vendidas desde hace meses.

Derechos de los clientes

Por estas razones, el magistrado considera que la oposición tiene derecho a voz y voto en el Pleno y, con ello, «a conocer e intervenir en la tutela de los derechos de terceros compradores, para el caso de que definitivamente la urbanización no llegara a autorizarse, e incluso, en caso extremo, exigir la paralización inmediata de las obras que pudieran estar ejecutándose, hasta que cuente con las autorizaciones pertinentes».

El aviso más contundente al Ayuntamiento lo hace el juez cuando apunta a que, « de producirse, en hipótesis, un perjuicio masivo a particulares, la responsabilidad patrimonial de la Administración [local] sería evidente por tolerar el Ayuntamiento (no sólo el Grupo de Gobierno) la construcción y venta de propiedades a particulares, de forma ostensible y con abundantísima publicidad sin la pertinente autorización administrativa previa».

Lo que el magistrado viene a denunciar es que el Consistorio ha estado haciendo la vista gorda al permitir que se estuviesen vendiendo cientos de viviendas sin los permisos pertinentes. Y que, en esas circunstancias, si llegara a producirse un perjuicio para los compradores, el municipio tendría que responder económicamente por ello.

Por la vía de los hechos

El concluyente auto del juez Miñarro finaliza señalando que la participación del PP en estos asuntos es obligada, «no fuera a ser que la construcción del resort por la vía de hecho llegara a un estado de culminación que hiciera inviable, social y económicamente, su demolición por muchas ilegalidades que pudieran haberse cometido».
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