No utilices la fianza para pagar el último mes de alquiler: este es el motivo

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece la obligación de depositar una fianza en metálico en cantidad equivalente a una mensualidad a la hora de alquilar una vivienda. De este modo, cuando se firma el contrato, se debe abonar dicho importe al propietario o responsable de la transacción.

En ocasiones, el arrendador puede solicitar una suma mayor, pero esta deberá estar reflejada bajo otro término, conocido como 'garantía adicional' y no podrá superar el equivalente a dos meses de alquiler. Esta cuantía se entrega una vez que la relación contractual llega a su fin, siempre y cuando el inquilino haya cumplido con todas las condiciones acordadas y no se hayan producido desperfectos en el inmueble.

Si se da el caso de que existe algún daño, impago u otro tipo de incidencias, el dueño tiene derecho a retener una parte o la totalidad de la fianza como compensación. Sin embargo, algunos arrendatarios deciden utilizarla para cubrir el pago del último mes de alquiler.

Esta práctica, que está bastante extendida, se lleva a cabo por comodidad o bien como medida de precaución, ya que muchos inquilinos temen que el propietario no les devuelva el dinero. Este aspecto también está contemplado por la ley, que indica que, como muy tarde, deberá abonarse 30 días después de la entrega de llaves, una vez que se haya comprobado que el piso está en un estado correcto y que no hay deudas.

No es legal ni recomendable utilizar la fianza como la última mensualidad, tal y como indica Idealista. El motivo principal es que esta suma es en realidad una garantía frente a conflictos, por lo que no exime de pagar una cuota. En este sentido, se estaría produciendo un impago.

Además, como indica este portal inmobiliario, al no contar ya con el importe, el propietario no podría utilizarla para pagar facturas pendientes de suministros o asumir la limpieza del piso, entre otros aspectos. Por lo tanto, todo aquel que incumpla las condiciones pactadas al inicio, puede enfrentarse a consecuencias legales.

El arrendador puede denunciar al inquilino por impago y reclamar este último mes de renta. Además, tendría que pagar los gastos judiciales derivados de dicha demanda y posiblemente los intereses por el retraso en el pago.

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