Una paga a la crianza de 100 euros al mes por hijo sacaría de la pobreza a 270.000 niños

La implantación en España por el Gobierno de una prestación universal a la crianza, con el pago de cien euros al mes por cada hijo menor de edad, permitiría sacar de la pobreza a 270.000 niños y adolescentes.

El cálculo lo realiza Unicef España, con la colaboración de analistas del Centro de Políticas Económicas de Esade, en el informe con el que determina qué políticas públicas serían más efectivas a la hora de reducir la escandalosa tasa de pobreza infantil que tiene España, situación en la que están atrapados unos 2,7 millones de niños y adolescentes y que es la más alta de los países de la Unión Europea. La reducción de la pobreza infantil en España es una cuestión prioritaria no solo por su enorme dimensión sino porque mientras la carencia material en el resto de las edades ha bajado en los últimos cinco años entre los menores aún no ha tocado techo.

Tras estudiar todas las opciones, Unicef concluye que la implantación de la prestación universal por crianza, al menos debería arrancar de 100 euros al mes, sería con claridad la política que mayor impacto tendría en la reducción de la pobreza infantil y también el mecanismo más viable, el que lograría llegar con más facilidad a todos quienes lo necesitan.

Los números de los analistas calculan que con la prestación por crianza de 100 euros al mes se podría rebajar la tasa de menores en la indigencia o en riesgo de caer en ella en un 11,2%, reduciéndola 3,6 puntos. De esta forma, solo con la puesta en marcha de la medida, la pobreza pasaría de afectar al 29,2% de niños y adolescentes al 25,6%. La mejora con la medida sería general. La pobreza infantil bajaría, por ejemplo, 6 puntos en Melilla, 4,2 en Murcia, 5,1 en Extremadura, 4 en Andalucía y entre 2 y 3 en Cantabria y Madrid.

La fórmula de aplicación que propone Unicef es una deducción fiscal por el valor anual de la ayuda en la declaración del IRPF a los padres o tutores y un abono en efectivo a las familias que por la escasez de ingresos ni siquiera realicen la declaración. El coste de la puesta en marcha de la prestación sería de 3.500 millones de euros (siempre que al tiempo se retiren las deducciones actuales del IRPF por hijo a cargo) y los autores creen que, además, los 100 euros podrían incrementarse en años siguientes aunque solo sea para las rentas más bajas. Además, consideran que se debería mantener la ayuda adicional por hijo a cargo que ya obtienen quienes reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

La puesta en marcha de la prestación universal por crianza, una actuación que ya funciona con éxito en 17 países de la UE, es una medida hacia la que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere «avanzar», pero por el momento no hay ni compromiso de fecha de puesta en marcha alguno, ni cuantía a pagar, ni fijación de los colectivos que la recibirían. Los ministros de Sumar, como Sira Rego, la titular de Juventud e Infancia, presionan para que la medida se incluya ya en los Presupuestos del Estado de 2026, unas cuentas públicas que por otra parte parece que no tienen mayoría parlamentaria para asegurar su aprobación.

Rego apuesta por una prestación de 200 euros al mes por hijo. Según los cálculos de Unicef, si esa fuese la cantidad final de la ayuda, tendría una efecto en la reducción de la pobreza infantil de casi el doble que la medida de los 100 euros, con una rebaja de la tasa en 7,1 puntos, lo que supondría rescatar a más de medio millón de niños y adolescentes de la carencia o la indigencia. Pero los costes para el erario público se dispararían, pues podrían superar los 12.000 millones anuales.

El informe de Unicef analiza otras tres alternativas más para luchar contra la pobreza infantil. El aumento del IMV en un 20% o un 40%, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 20% o el aumento del 20% de la intensidad laboral. Sin embargo, su recomendación opta por la paga crianza de 100 euros porque, una vez realizados los cálculos y simulaciones, entiende que las otras medidas reducen menos la tasa de pobreza y, además, son menos eficaces a la hora de llegar a todas las autonomías y a las familias que más lo necesitan.

«Las prestaciones universales progresivas son más eficaces en reducir la pobreza infantil, garantizan el acceso de quienes más las necesitan, vivan donde vivan, y reducen la estigmatización, además de prevenir la pobreza y reconocer el esfuerzo de las familias; sin embargo, requieren de un fuerte compromiso político y presupuestario. Ahora es el momento de adquirir ese compromiso, se lo debemos a los niños y adolescentes de nuestro país», reclama Gustavo Suárez-Pertierra, presidente de Unicef España.

«Es el momento de actuar -insiste-. No hacerlo no solo tiene consecuencias directas en la vida de miles de niños y adolescentes; también tiene un enorme coste para el país y acrecienta la vergüenza de estar a la cola de la UE. Sabemos qué medidas funcionan, por lo que esta situación no debería prolongarse más».

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