Multan a la DGT por lo que está haciendo con sus radares

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recibido una multa por el uso que está haciendo de los radares que tiene instalados en las carreteras españolas para controlar los excesos de velocidad. Concretamente, Tráfico tendrá que pagar 400 euros de sanción por no garantizar «la aptitud del soporte» donde instala estos controles.

La sentencia, dictada por Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid condena a la DGT al estimar un recurso que ha promovido Automovilistas Europeos Asociados en defensa de uno de sus socios, que ha conseguido anular la multa de tráfico de 300 euros que le habían puesto por un exceso de velocidad además de recuperar los puntos del carné -dos, concretamente- que perdió por la infracción. La nulidad se produce porque «al no constar el correcto estado del soporte del radar utilizado» no puede garantizarse su correcto funcionamiento. La sentencia condena, además, a la DGT al pago de 400 euros en costas.

Los hechos por los que la Dirección General de Tráfico tendrá que pagar las costas del juicio sucedieron en el kilómetro 59,2 de la N-VI, curiosamente en el punto en el que está instalado el radar que más multa de España, con 55.119 denuncias formuladas en el año 2017.

Según la sentencia, en la parte de los fundamentos de derecho en la que se basa, la verificación periódica a la que tienen que ser sometidos los radares no solo los incluye a estos, sino que también tienen que ser revisadas las cabinas donde se alojan o los soportes o donde se sitúan, por lo que al no estar verificada la revisión de estos elementos se procede a anular la sanción que se impuso al conductor que optó por recurrir la multa.

Según los últimos datos facilitados por su director general en una reciente comparecencia ante la comisión de presupuestos del Congreso de los Diputados, la DGT dispone en la actualidad de 2.300 radares, que se incrementarán en 75 más el año que viene. Durante 2019 se formularon 4,6 millones denuncias, con una recaudación próxima a los 500 millones de euros.

El presidente de AEA, Mario Arnaldo, ha subrayado que «este nuevo éxito jurídico vuelve a poner de manifiesto la necesidad de tener un buen asesoramiento especializado por parte de expertos en derecho de la circulación y no de meros tramitadores de multas, frente a actuaciones arbitrarias de la Administración».

«Especialmente cuando el máximo responsable del tráfico en España ha reconocido abiertamente que la DGT es un organismo recaudador», señalaba en relación a cómo y con qué objetivo están situados los radares en España.