Los interinos que hayan ocupado un puesto de forma ininterrumpida durante 10 años ganarán su plaza
La medida podría contribuir a la regularización de al menos 15.000 empleados murcianos
El Gobierno consiguió salvar finalmente los muebles y evitar una dolorosa derrota parlamentaria que a primera hora de la mañana de este miércoles parecía inevitable, pero el largo pleno extraordinario celebrado en el Congreso, el último antes de las vacaciones del verano, puso de manifiesto lo precaria que sigue siendo la mayoría de Pedro Sánchez con o sin nuevos equipos ministeriales.
Una negociación agónica y hasta el último minuto logró que Podemos, primero, y Esquerra Republicana, después, accedieran a apoyar el decreto con el que el Ejecutivo pretende rebajar del 28% al 8% la temporalidad en la Administración Pública, el que más peligraba de los tres que se sometían a debate, entre otras cosas, porque hasta el socio minoritario de la coalición gubernamental lo miraba con recelo. Sin el voto de la formación separatista, junto a Más País y Compromís, y la abstención «crítica» del PNV, los números no habrían salido para los socialistas. De hecho, las cuentas estaban tan ajustadas que la luz verde llegó después de haber tenido que repetir la votación por un empate a 170 y con solo un diputado de margen. El resultado final: 170 síes, 169 noes (de PP, Vox, Ciudadanos, EH-Bildu, el PDeCAT, Junts, la CUP, UPN, Coalición Canaria, el BNG, y Foro Asturias) y 8 abstenciones.
De que lograr el giro de sus socios no fue fácil da cuenta el tono empleado por la portavoz de ERC, Pilar Valuguera, al subir a la tribuna. «Hemos cambiado de posición en cinco horas -admitió- y debemos una explicación a todas las personas que esperaban otro voto de nosotros». En primer lugar, el decreto se tramitará como proyecto de ley para ser modificado. Los partidos ya no se fían del Gobierno, que en otras ocasiones ha hecho esa mista promesa con otros textos para después alargar 'sine díe' el plazo de enmiendas, pero ahora el compromiso es que a mediados de octubre la nueva ley esté lista. «Vamos a ver la lealtad y sinceridad del grupo socialista» dijo Valuguera.
Relevancia en la Región
La nueva normativa contribuirá a regularizar la situación de 15.000 empleados públicos sin plaza fija en la Región.Destacan los 7.000 del Servicio Murciano de Salud (SMS), que ha incrementado sus plantillas con contratos eventuales para afrontar la pandemia. Les siguen los docentes interinos, que oscilan entre 5.000 y 6.000 (de ellos, 1.500 fueron contratados el pasado otoño a raíz de la pandemia), según los sindicatos de enseñanza. Administración y servicios públicos suman otros 1.660. A todos ellos hay que sumar cientos de eventuales en los ayuntamientos.
Entre los cambios que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, accedió a asumir respecto al texto pactado por su antecesor en la Función Pública, Miquel Iceta, y los sindicatos mayoritarios, estarían la posibilidad de que las comunidades no otorguen carácter eliminatorio a las oposiciones que se convoquen para regularizar la situación de los interinos o que se exima de esas oposiciones a los empleados públicos que hayan ocupado plaza de forma ininterrumpida en los últimos diez años.
El reproche generalizado al decreto gubernamental. De hecho, no se refiere tanto a la solución que ofrece para que en el futuro no se vuelvan a generar grandes bolsas de interinos, sino en la salida que se pone sobre la mesa para quienes llevan años empalmando contratos públicos temporales, los trabajadores precarios de la Administración. A derecha y a izquierda, todos los partidos coincidieron en que ahora se les va a hacer pagar por un pecado que no es suyo y criticaron la «hipocresía» o la «cicatería» de que se les pretenda compensar con una indemnización por despido de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 meses, lo mismo que dispone para el ámbito privado la reforma laboral que el Ejecutivo ha prometido derogar.
Ni este debate ni ninguno de los que tuvieron lugar en el intenso pleno de ayer fue, por otro lado, apacible para el Gobierno. Los socialistas sabían de antemano que ningún partido se opondría al decreto que rebaja el IVA de la luz del 21% al 10% justo en una jornada que volvió a registrar récords históricos en el precio del mercado mayorista, pero eso no quiere decir que lo aplaudieran.
Al revés, todas las formaciones advirtieron de que la medida no pasa de ser un mero «parche» que no soluciona el problema de fondo e instaron a la ministra para la Transición Ecológica a actuar con diligencia.
Cortina de humo
El decreto que elimina la obligatoriedad de usar la mascarilla en espacios abiertos cuando no haya aglomeraciones y sea posible mantener las distancias de seguridad también salió adelante de manera holgada, con 180 'síes' frente a 90 'noes' y 78 abstenciones pero eso no impidió que tanto los populares como Vox cargaran contra el Gobierno por, a su juicio, tomar decisiones de salud pública sin atender a más criterio que el de su interés político. Ambos partidos sostuvieron así que el decreto, aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario dos día después de los indultos a los líderes del 'procés' buscaba crear una cortina de humo para distraer a la opinión pública.
