El alcalde de Orihuela se sentará en el banquillo por presunto fraude fiscal el próximo día 22
La defensa de Vegara pedirá el aplazamiento de la cita al no encontrarse su abogado disponible por motivos de salud
El juicio contra el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ya tiene fecha. Según ha podido saber LA VERDAD, los acusados han sido citados por el Juzgado de lo Penal número 1 los días 22 y 24 de enero a las 9.30 horas. Según ha podido constatar este periódico, algunos testigos también han sido llamados a personarse en los juzgados de la plaza Santa Lucía el día 22 a la misma hora.
Cabe la posibilidad de que el juicio tenga que ser pospuesto. El motivo es que el abogado de ejerce la defensa de Vegara y de su empresa no podría asistir para esa fecha -el miércoles de la semana que viene- por motivos de salud. Así lo ratifica uno de los acusados a este periódico. «Queríamos pedir el aplazamiento hoy», indica.
El señalamiento del juicio llega después de que, en marzo del año pasado, los letrados de Vegara rechazaran alcanzar un pacto con la Fiscalía. Ya entonces el primer edil ratificó en declaraciones a este periódico que es inocente y que no aceptará otra cosa que no sea la absolución de todos los que cargos que se le imputan.
Junto al alcalde, otros cuatro responsables de las mercantiles Estación ITV y Orikoffee SL están acusados, según refleja el auto de apertura de juicio oral, por la posible comisión de un supuesto delito continuado de falsedad en documento mercantil y dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública, uno relativo al IVA y otro relativo del Impuesto de Sociedades del ejercicio 2005.
El auto de incoación de procedimiento abreviado señala que, tanto Vegara como R. P. Z. y C. C. B., miembros del Consejo de Administración de Estación ITV, aparentaron reducir el beneficio de su actividad para que así se redujeran también las cuotas a ingresar tanto por el Impuesto de Sociedades como por el IVA del mismo ejercicio contable.
Según relata ese mismo auto, para aparentar reducir dicha actividad, los tres se valieron presuntamente de la colaboración de V. C. C. y R. P. Z., que emitieron facturas desde la mercantil Orikoffee SL. Unos documentos que, recoge el auto, «no se corresponden con la realidad», según las averiguaciones efectuadas por la Agencia Tributaria. Estación ITV, manifiesta el documento, pagó parte de las facturas de Orikoffee SL con pagarés y «dos de ellos fueron endosados a la mercantil Autos Ramón SA, cuyo administrador es M. P. Z., vinculado familiarmente con socios de la ITV».
En total, según los informes de la Agencia Tributaria que obran en manos de la Justicia, se estima que se pudieron defraudar presuntamente 760.539,12 euros del Impuesto de Sociedades y 157.396,80 euros en IVA.
100.000 agendas telefónicas
El escrito de acusación de la Fiscalía aporta más detalles. Según el Ministerio Público, el presunto fraude se fraguó supuestamente por medio de un contrato de compraventa entre la mercantil de Vegara, Estación ITV, con la mercantil Orikoffee SL por el cual la primera compraba 100.000 agendas telefónicas de publicidad de la ITV para su posterior entrega a los clientes.
Orikoffee SL, según el mismo escrito, adquirió presuntamente las agendas a través de dos mercantiles intermediarias pactando como precio la cantidad de 17 euros por unidad «siendo totalmente conscientes los acusados de la irrealidad y mendacidad de este precio convenido, así como sabedores de que la mercantil fabricante de las agendas había vendido las mismas a un precio de 1,31 euros por unidad».
Petición de siete años de prisión
En este sentido, la Fiscalía indica que Vegara es considerado como «cooperador necesario» del supuesto delito de falsedad documental y «coautor material» de los dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública. Por estos dos últimos supuestos delitos contra la Agencia Tributaria, el Ministerio Público entiende que procede imponer dos penas que suman siete años de prisión para los cuatro acusados y dos multas que suman 5.192.821 euros. También la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo y a la posibilidad de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social
El caso se destapó mientras Vegara era candidato a la alcaldía de Orihuela, justo el mismo día que se celebraba su presentación oficial en un restaurante de la urbanización Montepinar y cuando estaba en compañía del entonces presidente de la Diputación de Alicante y candidato del PP a presidir la Generalitat, Carlos Mazón, y la secretaria general del partido, Cuca Gamarra. Un acto multitudinario en el que estuvo arropado por prácticamente todos los rostros más conocidos del PP de la Vega Baja.
Primera versión y rectificación
En un primer momento, Vegara negó ante los medios de comunicación que se le hubiera abierto juicio oral y señaló que éste era un tema que, según le habían informado sus abogados, llevaba cerrado mucho tiempo. También insistió en que los hechos investigados eran ya muy pretéritos, situándose como una víctima de la lentitud de la Justicia.
Tan solo horas más tarde, tuvo que desdecirse tras demostrarse que sí se había se había abierto juicio contra él. Aquellas declaraciones tuvieron lugar entre el 22 y el 24 de abril de 2023; el auto de apertura data del 3 de mayo de 2022. La denuncia, según relató el alcalde, fue presentada en 2011, archivada en 2015 y reabierta de nuevo cuando quedaba ya poco tiempo para que los hechos a juzgar prescribieran.
Durante la presentación de la lista del PP a las elecciones municipales, el alcalde abundó algo más y achacó el caso a un mala praxis por parte de un empleado al que, sin embargo, decidieron no denunciar.
La corrupción salta a la campaña
Los problemas judiciales del actual primer edil fueron desde ese momento la comidilla entre el resto de adversarios políticos a lo largo de la campaña. PSOE, Cs y Cambiemos azuzaron una, a juicio de las tres formaciones, vinculación del PP oriolano con la corrupción, aludiendo a que todos los alcaldes populares de Orihuela han estado alguna vez investigados por los tribunales.
La única diferencia en este caso, y así lo ha expresado el propio Vegara en alguna ocasión, es que su presunto delito en nada tiene que ver con la gestión pública, sino con un caso que, defiende, afecta a su empresa, de la que es corresponsable tanto él como el resto de socios.
Un concejal más
Mazón, por su parte, incluso llegó a reducir el caso a «un asunto administrativo». El ahora presidente de la Generalitat optó en plena contienda electoral por cerrar filas con Vegara y finalmente decidió no apartarle de la carrera al despacho del Palacio del Marqués de Arneva.
La determinación de Mazón de mantener a Vegara, lejos de pasarle factura a los populares, hizo que la candidatura del ahora regidor (gracias a un pacto con Vox) cosechara en las urnas un concejal más respecto a los que tenía el PP en la anterior legislatura. Un resultado que, sin embargo, se quedó corto con respecto a las expectativas iniciales. El PP se marcó como objetivo quedarse cerca o incluso recuperar la mayoría absoluta que perdieron en 2011, tras el mandato de la exalcaldesa Mónica Lorente.
Si el juzgado resuelve absolver a todos los encausados después del juicio, la papeleta para Vegara quedaría resuelta y su figura podría salir reforzada. Si por el contrario el juicio desemboca en una condena, se abriría un nuevo escenario. Otros ediles del PP han sido forzados a abandonar la vida pública en el estado procesal actual del alcalde oriolano (la apertura del juicio oral). Tal fue el caso de la concejal torrevejense Carmen Gómez, que tuvo que dimitir en 2022. Pepe Vegara, tras rechazar llegar a un acuerdo con la Fiscalía, esquivó de momento la condena y dejó en manos del juez su destino en lo personal y en lo político.
