La Policía Local de Orihuela busca a los responsables de más de 20 anuncios publicitarios sin autorización en la costa

«La Policía Local de Orihuela Costa ha detectado un uso fraudulento de las vallas publicitarias propiedad del Ayuntamiento de Orihuela. Se están usando sin autorización y parece ser que se está cobrando por ello. Si usted es una empresa anunciada y figura en alguna de las fotos siguientes, póngase en contacto con la Policía Local, que le indicará lo que debe hacer». Así de directo es el mensaje que el cuerpo municipal ha dirigido a decenas de empresas que se publicitan en más de 20 puntos diferentes del litoral oriolano de forma presuntamente fraudulenta.

Durante este puente de la Constitución, la Polícia Local lanzaba este mensaje en una serie de siete publicaciones en Facebook con multitud de ubicaciones e imágenes adjuntas en las que se observan anuncios de empresas, todas ellas muy conocidas de la costa oriolanas y de sectores tan variados como la construcción, los hoteles, los centros comerciales o las inmobiliarias dedicadas por entero a la venta y alquiler de segundas residencias de verano.

El tema no es en absoluto nuevo, sin embargo, no ha sido hasta ahora que el Ayuntamiento se ha mostrado tan contundente, llamando públicamente a los empresarios a que retiren esos rótulos publicitarios que, en los últimos años, han proliferado ante las quejas de los vecinos por una supuesta falta de control de los servicios de disciplina urbanística municipales.

El aviso a navegantes de la Policía Local, de hecho, llega después de que la Agencia Valenciana Antifraude diera un tirón de orejas al Consistorio en este sentido y de que los propios vecinos hayan elevado como propuesta para los presupuestos participativos la retirada masiva de estos reclamos publicitarios que ya se habían convertido en otro elemento genuino del paisaje de Orihuela Costa. Una propuesta que ha sido rechazada para su votación tras la fase de estudio técnico. Los funcionarios municipales han valorado que esa actuación supera el presupuesto consignado para cada uno de los 11 distritos del municipio (60.000 euros)

El pasado abril, se hacían públicas las conclusiones de una investigación abierta por Antifraude al respecto. En la resolución final de la entidad autonómica se recoge que el origen de las indagaciones se inicia tras una denuncia anónima volcada en su buzón en enero de 2022. El denunciante instaba a los investigadores a que reclamaran al Consistorio oriolano la ordenanza reguladora de este tipo de actividades lucrativas, los expedientes de licencia para la instalación de dichos soportes, expedientes sancionadores abiertos y la normativa urbanística por la que se rigen las principales urbanizaciones que lindan con la N-332: La Zenia, Cabo Roig, La Regia y Playa Flamenca.

Al informe se adjuntaba un anexo fotográfico que daba buena prueba de la multitud de tipos de soportes para cartelería publicitaria, donde se pueden observar de tipo tótem, tipo valla o sobre fachadas. También la variedad de emplazamientos en la que se encuentran, pues se observan tanto en dominio público como en parcelas privadas.

Antifraude trasladó el requerimiento al Ayuntamiento. La documentación solicitada fue cumplimentada en su totalidad a excepción de la ordenanza reguladora, la cual encontró la propia Agencia publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Pero eso no es, sin embargo, lo más significativo. Según recoge la AVAF en su informe de conclusiones, «con los datos obtenidos de la propia entidad local, sólo constan tres expedientes de solicitud de licencia (declaraciones responsables de obra) para la instalación de elementos publicitarios, por lo que no es habitual que se soliciten autorizaciones para la instalación de los elementos publicitarios».

Asimismo, recogían los investigadores en su informe final, «existen muchas más instalaciones de elementos publicitarios establecidas en el territorio que expedientes de restauración de la legalidad urbanística infringida por la colocación de dichos soportes publicitarios». También, incidían, «no se han abierto expedientes de restauración de la legalidad urbanística infringida en todas las ubicaciones existentes».

Tras esas conclusiones preliminares, el Ayuntamiento presentó varias alegaciones, las cuales fueron todas desestimadas por la Agencia. Consideraba que «no desvirtúan las conclusiones del informe provisional». Incluso, afirman, una de los alegaciones presentadas viene a refrendar las investigaciones al asegurar el Ayuntamiento, según recoge el informe de la AVAF, que, entre la primera reclamación de documentación y el periodo de alegaciones, el propio Consistorio oriolano había localizado nueve expedientes más de colocación de vallas, «lo que incide todavía más en la extensión de la problemática».

En una de las alegaciones, asimismo, el Ayuntamiento explica que los expedientes adjuntados a la Agencia fueron instruidos por la brigada de Disciplina Urbanística y no por quejas vecinales. Una unidad, reconoce el Consistorio, mermada en efectivos. «Se compone por solo tres inspectores para un término municipal de 395 kilómetros cuadrados. Debemos poner en conocimiento que, en el periodo 2019-2023, el departamento ha incoado 1.259 expedientes de disciplina urbanística y ello sin computar los expedientes de restauración en cuanto a obras de reforma y conservación de inmuebles».

A pesar de ello, en total y solo en la N-332, la Agencia constata la existencia de «más de 50 ubicaciones de elementos de vallado en distintas ubicaciones y más de 90 elementos publicitarios distintos sólo en dicha carretera a su paso por Orihuela» frente a los apenas 27 expedientes relacionados trasladados por el Ayuntamiento a la AVAF.

En este sentido, la Agencia recriminaba que solo consta incoación de expedientes de restauración de la legalidad urbanística en 17 de los expedientes remitidos. Es por esto que ve «una presunta inactividad municipal» que hace que este problema, indican también en sus conclusiones, se observe en otros puntos del término municipal.

Como nota final, la Agencia, que no tiene carácter judicial y que solo puede emitir recomendaciones, instó al Ayuntamiento de Orihuela a que, «en uso de su facultad de la organización departamental de la entidad local y de la inspección del territorio, debe iniciar un procedimiento de impulso y supervisión de la restauración de la legalidad urbanística infringida de la totalidad de los elementos publicitarios existentes en su término municipal, priorizando el entorno de la carretera N-332 por la mayor densidad existente».

Este lunes, el Ayuntamiento emitía una nota de prensa tras recibir varias preguntas de los medios de comunicación por la publicación en redes de la Policía Local. En la misma, si bien no se alude a esta investigación antes mencionada, la Concejalía de Seguridad Ciudadana, que ostenta Mónica Pastor (PP), ha defendido que algunas de estas estructuras provienen de una concesión revertida al Ayuntamiento en 2018, momento en el cual pasaron a ser de titularidad municipal. Señalan en este sentido, y al igual que la Policía, que muchas de estas vallas «están siendo utilizadas de manera irregular por empresas privadas. Por ello el Consistorio ha iniciado la gestión de su retirada y la denuncia de los responsables».

El Ayuntamiento detalla que el uso de estos soportes sin autorización en terrenos municipales contraviene el artículo 29, apartado 1, de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, que sanciona la instalación no autorizada de carteles y vallas con multas de 400 euros. «Desde hoy, se están cubriendo todas las vallas no autorizadas ubicadas en propiedades municipales», asegura el mismo comunicado.

En los casos donde estas estructuras se encuentran en terrenos de propiedad privada, abundan, «se han iniciado procedimientos de disciplina urbanística, incluyendo la imposición de multas coercitivas y la restitución obligatoria de la situación original».

Asimismo, el Ayuntamiento manifiesta que también está avanzando en la elaboración de un pliego para la futura concesión del servicio de explotación de vallas, marquesinas, pantallas publicitarias, mupis y señalética en todo el municipio. «Este proyecto busca no solo regularizar la situación, sino también mejorar y mantener la señalización urbana, con el fin de ofrecer un entorno más ordenado y atractivo para residentes y visitantes».

Para la Concejalía de Seguridad Ciudadana la proliferación de estos reclamos publicitarios «generan un impacto visual negativo que afecta la estética del municipio» y su situación irregular «fomenta la competencia desleal, perjudicando a las empresas que operan dentro del marco legal». Asimismo, valoran que «estas estructuras pueden representar un peligro para conductores y peatones».

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