La Fiscalía Anticorrupción investiga la gestión del contrato de viales en la costa de Orihuela
Un antiguo funcionario del Ayuntamiento denuncia a autoridades y técnicos por favorecer presuntamente a la empresa concesionaria
El contrato de los viales de Orihuela Costa podría entrar en una nueva dimensión judicial. Mientras un juzgado de Orihuela investiga al exconcejal de Infraestructuras, Ángel Noguera, por su gestión al frente de este contrato, ahora la Fiscalía Anticorrupción trabaja sobre otra querella presentada en este caso por un antiguo técnico municipal con mando en el mismo servicio entre 2022 y 2024.
El escrito, al que ha tenido acceso LA VERDAD, va dirigido contra «autoridades y funcionarios del Ayuntamiento de Orihuela» y fue registrado el pasado 23 de octubre en la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. Los hechos que expone el funcionario, actualmente destinado en Elche, son, a su juicio, constitutivos de posibles delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa y fraude en la contratación.
La Fiscalía deberá decidir si da traslado del asunto a un juzgado o archiva la denuncia. Desde el Ayuntamiento, el concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, señaló a este diario que «la Fiscalía ha solicitado el expediente y nosotros hemos cumplido escrupulosamente con los informes de los técnicos y funcionarios».
Respecto del primer delito mencionado, el de falsedad, el funcionario se remite al acta de comprobación de los medios materiales redactada después de la firma del contrato. La empresa que resulta adjudicataria ofertó una nave en la calle Diamante con almacén, oficinas, vestuarios y aseos. Sin embargo, en ese documento, rubricado por la empresa adjudicataria y el primer técnico supervisor del contrato, se habla de un solar ubicado en otro punto distinto.
Decreto de cese
Por ese motivo, el denunciante entiende que desde el Consistorio «se comete a juicio de quien suscribe un posible delito de falsedad en documento público, ya que da conformidad, a las instalaciones fijas, cuando las mismas no eran las ofertadas (en la licitación). Desde esta fecha se falsea la ejecución del contrato con evidente beneficio del contratista con la anuencia de los responsables municipales».
En 2021, el técnico encargado de supervisar el contrato cambió y, en otro informe, éste desmintió a su antecesor con un escrito en el que señala que «las instalaciones fijas dispuestas por la mercantil no coinciden con las que propuso en su oferta». Un «abierto incumplimiento», califica, porque «un solar no es equivalente a nave ni local ni establecimiento».
Asimismo, el autor de la denuncia habla de supuesta prevaricación al autorizar el equipo de gobierno que se produjera la primera prórroga del contrato en febrero del año pasado. Indica que el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, «me convocó a una reunión instándome para que le diera mi opinión como responsable jurídico de la concejalía de Infraestructuras sobre la procedencia de la prórroga del contrato. Le comuniqué que la empresa estaba incumpliendo respecto a las instalaciones fijas y que, si emitía informe, sería desfavorable y contundente. Motivo por el que se tramitó la prórroga sin que constase informe».
Según el relato de la denuncia, el 28 de febrero, el concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, solicita informe sobre la procedencia de abrir expediente sancionador, el cual fue favorable a la imposición de penalidades. En abril, vuelve a cambiar el técnico adscrito al expediente y, en atención a sus informes contrarios al abono de las certificaciones de la mercantil, el 7 de junio se incoa el procedimiento para sancionar a la empresa.
Decreto de cese
En agosto, señala el denunciante, «como consecuencia de que los informes técnicos y jurídicos no eran del gusto de la Alcaldía y la Secretaría General, se procedió a cesar al que suscribe por imposición del secretario. Extremo que me reconocieron personalmente tanto el concejal de Infraestructuras como el de Patrimonio».
Por todo ello, también observa un presunto delito de fraude «por el más que previsible concierto entre el contratista y el Ayuntamiento de Orihuela. Concierto que le reporta indudables beneficios económicos y el correlativo perjuicio municipal».
